Este domingo termina una de las semanas más difíciles que ha tenido Uribe en mucho tiempo. Empezó con una encuesta en la que el referendo se ve apretado en intención de voto. Siguió con una lluvia de críticas a su gobierno: protestas generalizadas por los decretos de la emergencia social, rechazo a sus redes de informantes, hondos cuestionamientos a su política de seguridad hechos por Human Rights Watch, recorte en el Plan Colombia y, como si fuera poco, la noticia de que en la Corte Constitucional se puede hundir el referendo.
Al parecer, el teflón ya no funciona como antes. Sorprendentemente, en ocho años de gobierno y de polarización política, Álvaro Uribe había sido inmune a los errores y las críticas, y su popularidad ha permanecido casi intacta. Pero los últimos días han sido para el Presidente una carrera cuesta arriba que refleja un incipiente cambio en el estado de ánimo político del país. Y síntomas visibles de agotamiento en el gobierno.
Para empezar, el tema de la inseguridad urbana se salió de madre y tiene en tela de juicio el éxito de la política de seguridad democrática. La seguridad, que ha sido el caballo de batalla de Uribe para la reelección, tiene su talón de Aquiles en la lucha contra el crimen organizado. Sin pensarlo muy bien ni consultarlo con otras autoridades, el Presidente se inventó la fórmula de una red de 1.000 estudiantes informantes para Medellín hace dos semanas. La controversia no ha parado desde entonces y el rechazo a la idea es prácticamente unánime. El Presidente ha aclarado varias veces que no involucrará a los menores de edad, pero aún muchos consideran esta iniciativa un despropósito, fruto más de la improvisación y el desespero, que de una estrategia para enfrentar un asunto tan preocupante como el incremento de los homicidios.
A eso se sumó el informe de Human Rights Watch (HRW) presentado el miércoles en Bogotá por su director, José Miguel Vivanco, en el que asegura no sólo que los grupos paramilitares siguen vivos y rozagantes, sino que son tolerados por la fuerza pública en muchas regiones. El gobierno, en cabeza del ministro de Defensa, Gabriel Silva, descalificó a Vivanco y lo calificó de “sesgado” o de que el informe proviene de una “posición ideológica”. Pero tanto el Ministro como Uribe saben que la voz de Vivanco es muy escuchada en Washington y que es un referente para la toma de decisiones políticas especialmente entre los demócratas, que hoy están en el poder. Vivanco considera que “el gobierno ha tomado algunas medidas para enfrentarlos, pero no ha hecho un esfuerzo sostenido y significativo por proteger a los civiles, investigar las redes criminales de estos grupos e identificar a sus cómplices y bienes” y dice que encontró abundante evidencia de que sectores de la fuerza pública son permisivos con estos grupos.
Para nadie ha pasado inadvertido que la ácida crítica de HRW llega justo cuando el presidente Barack Obama anuncia un recorte de 55 millones de dólares. La reducción de la ayuda ha sido progresiva y estaba previsto que este año sería difícil dados la crisis de la economía gringa; las prioridades militares de Estados Unidos, que están en Irak y Afganistán, y el exitoso recaudo del impuesto al patrimonio. No obstante, no deja de ser una derrota diplomática tremenda, pues el gobierno ha hecho esfuerzos muy grandes para que se mantenga el mismo ritmo de financiación y confiaba en que el acuerdo de las bases militares, por el que Uribe se jugó todas sus cartas en la región, podría ser un punto a favor. Pero, por el contrario, el mensaje recibido es que la era Bush terminó y que en la Casa Blanca hay virajes respecto a Colombia.
Y en el Congreso el clima tampoco es el mejor. Un grupo de influyentes congresistas demócratas que lideran Patrick Leahy y Jim Mc Govern cree que las Fuerzas Armadas colombianas no deberían recibir ayuda mientras no se aclare si los falsos positivos fueron casos aislados o no y qué responsabilidad tuvo el gobierno en las ‘chuzadas’ ilegales del DAS.
Justo hace unos pocos días, la Fiscalía llamó a juicio a siete funcionarios de ese organismo de inteligencia, incluido el ex subdirector José Miguel Narváez, lo que ratifica que sí se estaba espiando a los magistrados de las Cortes, a algunos periodistas y defensores de derechos humanos, y a casi toda la oposición.
Como si fuera poco, Jorge Noguera, ex director del DAS acusado de vínculos con paramilitares, aseguró durante el juicio en su contra que Narváez fue nombrado como su segundo al mando por orden del Presidente y que Uribe recibía en sus propias manos el reporte de seguimientos a sindicalistas. Uribe tuvo que salir a decir que “al DAS se le pidió hacer inteligencia sobre el terrorismo”. Pero la investigación penal sobre el espionaje indebido apenas comienza y puede haber muchas revelaciones en el futuro.
Los días todavía traerían más tragos amargos. Uribe mismo tuvo que darle reversa al más controvertido capítulo de la emergencia social: la sanción a los médicos que supuestamente excedieran los tratamientos aceptados por el POS para los pacientes. Además se abrió a construir un consenso en la reglamentación de los decretos, que han sido blanco de críticas de economistas, médicos, ciudadanos del común y la prensa.
El ministro Diego Palacio se ha visto contradictorio y poco convincente en la defensa de las medidas que tomó para, supuestamente, salvar el sistema de salud. Dijo que había errores de redacción e insinuó que había prácticas desleales en los operadores del sistema. Aun así, esta ha resultado la más impopular política del gobierno porque la gente siente que le están recortando derechos adquiridos.
El tema quedó servido en bandeja para la campaña electoral que ya está en marcha. Sin demoras, algunos de los principales candidatos al Congreso de la oposición, los liberales Juan Manuel Galán y Simón Gaviria, presentaron un proyecto de ley para cerrarle el paso a la emergencia social. También hay programadas varias manifestaciones en las principales ciudades y el viernes pasado el ministro Palacio fue abucheado masivamente en una universidad de Pereira. La polémica ya está en la plaza pública y en las calles y eso puede lesionar el “Estado de opinión” que tanto invoca Uribe.
A propósito del Estado de opinión, por cuenta de éste el Presidente recibió duros cuestionamientos. En un auditorio atestado de jóvenes, el de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Uribe se le midió a una intensa discusión con un grupo de académicos entre los que estaban algunos de los más incisivos críticos del gobierno, como José Fernando Isaza, rector de ese centro académico, y las analistas Claudia López y Natalia Springer. El Presidente respondió con altura y sosiego al debate, a pesar de que recibió mucho palo. De hecho, su asistencia al evento muestra que sigue siendo un gallo de pelea al que le gusta confrontarse en las arenas más difíciles. Respondió a críticas puntuales como la que le hizo López por haber admitido a los para-políticos en su coalición, y a los reparos que le hizo Springer por el respaldo que le ha dado al ministro Fabio Valencia Cossio, a pesar de que su hermano está siendo juzgado por vínculos con la mafia.
Pero la más aguda argumentación provino de Isaza, quien despedazó el concepto de “Estado de opinión” que ha invocado Uribe como razón suprema para la reelección. “El Estado de opinión ha permitido, por ejemplo, que Fidel Castro estuviera 50 años en el poder. Saddam Hussein fue también elegido bajo el Estado de opinión. Y el Estado de opinión, cuando se pregunta: ‘¿a quién preferís, a Jesús o a Barrabás?’, prefirió a Barrabás”, dijo Isaza. Uribe respondió que él jamás ha puesto el Estado de opinión por encima del Estado de derecho. Algo que contradice sus discursos más recientes.
Además, tanto el Estado de opinión como el Estado de derecho le hicieron malas jugadas esta semana. La última encuesta de preferencias electorales publicada por Datexco deja en evidencia que los votos para el referendo no son tantos como se pensaba, por lo menos en las grandes ciudades, que es lo que mide esta firma, y donde está el gran caudal de votos. Apenas el 47 por ciento de los encuestados votaría el referendo y, de estos, el 82 por ciento a favor de la reelección.
Pero estos datos al final de la semana ya parecían inocuos ante la carga de profundidad que recibió el referendo el miércoles, cuando el magistrado Humberto Sierra Porto radicó su ponencia en la Corte Constitucional. Pocas horas después ya se sabía que su concepto era hundir el proyecto por vicios de procedimiento.
El desgaste político evidenciado en estos días no debería sorprender. Por el contrario, es la consecuencia lógica y prevista de lo que el propio Presidente ha llamado su “encrucijada del alma”. El país lleva un largo tiempo a la espera de que se resuelva el tema de la reelección y una parte importante del tiempo de Uribe se está destinando a actos más propios de una campaña electoral que de gobierno.
Eso ha pasado, por ejemplo, con el tema de seguridad. Como es una consigna de campaña tan fuertemente asociada al nombre de Uribe, esto no le permite plantear la necesidad de virajes o reconocer los vacíos, seguramente por temor a que sus adversarios políticos lo usen como un arma de campaña.
No han sido días buenos para el Presidente y su gobierno. En la mayoría de los episodios ocurridos durante la última semana se empiezan a ver los coletazos de la segunda reelección, y cómo, cada vez más, se empiezan a sacudir los cimientos de la democracia, los índices de popularidad, la percepción internacional y su capacidad de gestión. El efecto teflón está desapareciendo y Uribe está empezando a sentir que no es invulnerable ante el pueblo.
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