En medio de la tormenta desatada por la crisis financiera mundial y la desaceleración de la economía colombiana, la Alcaldía de Bogotá sorprendió a todos al radicar el jueves pasado en el Concejo, un acuerdo para ajustar los impuestos de vehículos, predial, plusvalía y delineación urbana.
Aunque el proyecto, según la administración Moreno, no busca crear nuevos tributos ni aumentarlos, sino una racionalización y un fortalecimiento de los ya existentes, los partidos de oposición no desaprovecharon la oportunidad para irse lanza en ristre contra la propuesta. Los críticos más moderados hablaron del mal momento para presentar la iniciativa, y los más radicales advirtieron que el Alcalde había mentido en su promesa de no crear más impuestos.
Aunque cualquier proyecto relacionado con impuestos genera rechazo, más aun en un año en el que los capitalinos tuvieron que meterse la mano al bolsillo para pagar la primera fase de valorización, lo cierto es que el acuerdo sí busca proteger a los bogotanos.
La mayor preocupación que tiene el alcalde Samuel Moreno es la actualización catastral que en este momento se está elaborando. Si bien esta tuvo que ser suspendida el año pasado por el entonces alcalde, Luis Eduardo Garzón, frente a la improvisación y falta de rigurosidad con la que se estaba desarrollando, el contrato fue ajustado y comenzó de nuevo hace varias semanas.
El cuadro es preocupante: más del 80 por ciento de los inmuebles de la ciudad no han sido actualizados desde 2004, mientras que un millón de predios han sido actualizados tres ó cuatro veces en los últimos cuatro años, lo que ha generado una gran desigualdad. Como muchos predios han sido ampliados, reemplazados, o la misma dinámica del mercado disparó los precios en algunas zonas, el acuerdo plantea que ese aumento del valor del inmueble, y por ende del impuesto, se haga de manera escalonada, en varios años, lo que permitiría atenuar el impacto sobre la capacidad de pago de los contribuyentes.
Lo que busca la Alcaldía es que en los estratos bajos donde los predios puedan tener un ajuste brusco, se establezca que el aumento por año no sea superior al 10 por ciento, lo que haría que un crecimiento del cien por ciento de un avalúo catastral se pague en 10 años. Por su parte, en los estratos altos y en el sector comercial, el aumento podría variar entre el 15 y el 50 por ciento.
Si esto no se hace, advierte el secretario de Hacienda, Juan Ricardo Ortega, la ciudad está en la obligación el próximo año de cobrar el predial con base en los nuevos avalúos, lo que sería una carga muy fuerte para muchos capitalinos. Por ejemplo, "una persona que pagó 2.500.000 de predial podría en 2009 pagar el doble si su predio se valorizó", dijo la directora de Catastro, María Camila Uribe.
A su vez, Ortega dijo que aunque suene extraño, "la ciudad va a recibir menos impuestos, pero va a proteger a los bogotanos y la confianza y la credibilidad que tienen con la ciudad. Al protegerlos a ellos, estamos protegiendo el futuro de la ciudad con reglas de juego tributarias más estables en el mediano y el largo plazo".
En ese sentido, la administración busca establecer un mecanismo más claro y transparente para el cobro de los impuestos de delineación urbana y plusvalía.
El otro cambio importante que busca el acuerdo es la eliminación, por dos años, de la mitad del impuesto que desde 1992 pagan los carros nuevos que son matriculados o que son trasladados de otro municipio. Esto, a juicio de la administración, ha creado un canibalismo entre la ciudad y los municipios vecinos que sólo ha terminado por beneficiar a las empresas que registran carros.
Además, la administración quiere postergar hasta 2010 el segundo cobro de valorización, que se debe hacer el próximo año, y hacer este cobro una vez las obras estén construidas, y no con mapas y dibujos.
Lo cierto es que la reforma ya fue presentada y ahora el Alcalde y su equipo deberán convencer, sin ceder prebendas ni dádivas a los concejales, de la bondad del proyecto: de lo contrario, el próximo año muchos bogotanos podrán tener un verdadero año negro tributario.
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