La semana pasada, en una votación al mejor estilo 'Yidis y Teodolindo', el referendo para la reelección del presidente Álvaro Uribe se salvó de nuevo en el Congreso de la República (ver recuadro). Sin embargo, no parece que serán los votos de los congresistas los que definan la suerte de esta iniciativa popular de tanta trascendencia para el país.
Lo que podría llevar el referendo a la sepultura es un detalle que pasó casi inadvertido por la opinión. Los congresistas del Partido Liberal le encontraron un bache a su trámite que podría dar al traste con las aspiraciones de sus promotores.
La historia es sencilla. Según la ley, el Registrador Nacional debe certificar si la recolección de firmas ha cumplido con todos los requisitos legales y constitucionales. Y como el referendo está en el primero de sus cuatro debates en el Congreso, varios miembros de la comisión primera de la Cámara no quieren seguir adelante con la discusión hasta tanto no se cumpla un último requisito que falta, y es que se explique la procedencia de los recursos que financiaron la recolección de firmas. Y en particular, que se haya respetado que cada persona o empresa haya aportado máximo 3,4 millones de pesos, como lo exige la norma.
Y ahí es donde viene el lío, porque el informe de las cuentas que ha entregado hasta ahora Luis Guillermo Giraldo, cabeza visible de los promotores del referendo, no es claro. Según sus datos, la recolección de firmas costó 2.046 millones de pesos, divididos de la siguiente manera: 143 millones por donaciones de 99 personas y los restantes 1.903 millones de pesos de "otros créditos".
Entonces lo que le ha dicho el representante liberal Guillermo Rivera a Giraldo en los debates es: "Ustedes están incumpliendo la norma. ¿Ese crédito de 1.903 millones de pesos quién lo adquirió? Tendrían que haberlo hecho 586 personas distintas, para no superar el tope de 3,4 millones de pesos dispuesto por la norma".
Luis Guillermo Giraldo -a quien se le ha visto muy solitario en los debates- le respondió que la ley habla de "contribuciones" y que "un crédito no es una contribución". Rivera le replica: "Eso es una leguleyada. Contradice el espíritu de la norma el que una sola organización asuma los créditos".
Pero la inquietud que han liderado liberales como Rivera y Carlos Piedrahíta, y Germán Navas, del Polo Democrático, no se ha quedado ahí. La Registraduría ha decidido que no dará el certificado necesario para seguir con el debate mientras no se aclaren las cuentas y le pidió al Consejo Nacional Electoral que resuelva el entuerto.
Por reparto, el caso le fue asignado desde el 3 de septiembre al magistrado Héctor Osorio Isaza, hermano de Luis Camilo, el hoy embajador en México. Osorio se demoró más de dos meses para presentar su ponencia, en ella decía que el Consejo Electoral no era competente para conocer estos hechos y fue derrotada en la plenaria, el pasado miércoles, siete votos contra uno. Ahora el caso esta en manos de Joaquín José Vives, reconocido liberal.
En vista de que aún no tienen resuelto ese punto, el registrador Carlos Ariel Sánchez mandó una carta el jueves pasado a la comisión primera de la Cámara en la que le solicita aplazar la citación que le hicieron para el martes de esta semana hasta que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie.
La pregunta es si la aplanadora uribista, que tiene los votos asegurados para aprobar raspando el referendo en la comisión primera, decide apretar el acelerador y pasar por encima de este obstáculo. Algunos dicen que así lo hará.
Sin embargo, el representante Piedrahíta es enfático en decir: "Si la aplanadora va a funcionar a sabiendas de que el Consejo Nacional Electoral no se ha pronunciado, es posible que incurran en prevaricato por acción porque una autoridad le está diciendo que falta un requisito". El congresista liberal va más allá y pregunta: "Por qué en el reporte que entregó Luis Guillermo Giraldo no figura la donación en especie del transporte de las firmas del referendo que hizo Transval, compañía de la cual es socia Provitec, y esta a su vez es propiedad de William Suárez, que es la mano derecha de David Murcia en DMG".
¿Qué puede pasar esta semana? Parece que sólo hay dos caminos: uno, que esperen el visto bueno del CNE. El menos malo de los escenarios para los intereses del referendo, si dan el aval para seguir adelante, es que se demora más su aprobación en el Congreso y se aprieta el calendario para convocarlo. El peor de los escenarios, sería que encuentren irregularidades que no permitan a la Registraduría certificarlo, y el referendo se enterraría.
El segundo camino es que funcione la aplanadora uribista y lo apruebe esta semana en la comisión. En ese caso, no sólo se enfrentarían a la demanda ya mencionada, sino al posterior control de la Corte Constitucional.
El pulso por el referendo no termina. Y este capítulo parece ser más difícil de superar que otros ya discutidos como el de si se puede cambiar o no la pregunta mal redactada o si van a salir a las calles a votar los 7,1 millones de colombianos que, como mínimo, se necesitan para ratificar el referendo.
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