El vencimiento de la reserva hecha por Colombia frente a la Corte Penal Internacional (CPI) el 1 de noviembre ha avivado el debate sobre su posible intervención en el país. Por ejemplo, para el columnista Alfredo Rangel, la entrada en vigencia de la CPI es irrelevante. Razona el columnista que “la CPI sólo puede operar cuando un Estado no quiere o no puede llevar a cabo juicios por los crímenes que son de su competencia. Los hechos demuestran que no es el caso colombiano.”
Rangel enumera hechos y cifras que, según él, demuestran que el Estado colombiano quiere y puede impartir justicia. La lista enumerada por Rangel es diversa y muy extensa para discutir acá, por lo que debatiré sólo uno de los aspectos que menciona.
Una afirmación central en la argumentación del columnista, es que “nadie puede acusar al Estado colombiano de indolencia, incapacidad o intención de ocultamiento de la verdad judicial de los crímenes cometidos en el curso del conflicto armado.”
Disiento. Si bien el Estado colombiano sí cuenta con una capacidad investigativa y de provisión de justicia significativa (aunque a todas luces insuficiente), se ha acumulado importante evidencia documental y circunstancial que indica que existen esfuerzos sistemáticos de ocultamiento de la verdad y obstrucción de la justicia en el caso de varios crímenes de Estado.
Presento dos situaciones que evidencian la existencia de tales estrategias: la experiencia de la Comunidad de Paz de San José de Apartado y las dinámicas de victimización contra familiares de las víctimas y testigos de los asesinatos fuera de combate de civiles perpetradas por combatientes estatales.
En el primer caso, una comunidad que no supera el millar de habitantes ha sufrido el asesinato de más de 180 de sus integrantes desde su conformación en 1997, según lo relata el padre Javier Giraldo en una carta de objeción de conciencia dirigida a la Fiscalía General de la Nación (16 de marzo de 2009).
A pesar del nivel extraordinariamente alto de violencia ejercido contra esta comunidad, y de la denuncia rigurosa y persistente de la comunidad de paz sobre los hechos que los afectan, la justicia ha sido inoperante. Tal ha sido su ineficacia que la comunidad, luego de años de denunciar, optó por hacerlo ante la humanidad y no frente a la justicia colombiana. Lo hacen de manera rutinaria a través de correos electrónicos y comunicados.
Aún más, en las pocas ocasiones que la presión internacional y nacional ha logrado que avancen las investigaciones, se ha hecho patente el esfuerzo de amedrentamiento y ocultamiento por parte de los victimarios. El inicio del juicio a 15 militares por la participación en la masacre de 2005 en agosto de este año, estuvo acompañado del amedrentamiento a las víctimas que asistieron a la audiencia por parte de combatientes estatales (Verdad Abierta.com, 25 de agosto de 2009, “Con intimidaciones, arrancó juicio por masacre de San José de Apartado).
En el segundo caso, el de los falsos positivos, ha ocurrido una dinámica similar. Las fuerzas estatales han rehuido persistentemente su responsabilidad, indicando que son acciones individuales criminales, que no tienen vínculos entre sí, y cómo tal una cuestión de “manzanas podridas”. Sin embargo, los implicados son apoyados por un poder coercitivo que hostiga a testigos y familiares para lograr la impunidad de por lo menos 2.000 asesinatos cometidos por agentes estatales (El Tiempo, 8 de octubre de 2000, “1.273 Expedientes. Un Año De Los ‘Falsos Positivos’”).
El relator especial de las Naciones Unidas para las ejecuciones arbitrarias, Phillip Alston, señaló como un problema adicional a los asesinatos más o menos sistemáticos ocurridos con el involucramiento de un número importante de unidades militares y combatientes estatales, era el “hostigamiento sistemático de los militares hacia los supervivientes”.
En este, como en el caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, se identifican estructuras al interior del Estado que continúan ejerciendo violencia con el fin de evitar que se conozca la verdad y se provea justicia por crímenes en los que combatientes estatales están involucrados.
Los casos mencionados no prueban la existencia de una política de Estado de ocultamiento, pero muestran que sí se han dado casos donde se han formulado e implementado estrategias para esconder y la impunidad por parte de aparatos clandestinos criminales al interior del Estado.
La existencia de estos casos indica la necesidad de indagar una línea lógica de investigación que no ha sido abordado por el la justicia estatal: la posibilidad de la existencia de una política de Estado de ocultamiento e impunidad para los crímenes cometidos por sus agentes. Si esa línea de investigación no se sigue no se cumplirán con los estándares internacionales para la investigación de violaciones graves de derechos humanos, y podrá ejercer su jurisdicción la Corte Penal Internacional.
Los argumentos de Rangel son una invitación a desconocer la participación del Estado en graves violaciones de derechos humanos que no han sido objetivo de investigaciones exhaustivas e independientes. Negar la existencia de aparatos clandestinos dentro del Estado que despliegan estrategias para mantener sus ignominias en la impunidad es darle la espalda a uno de los principales (si no el principal) reto de seguridad actual y negarse a iniciar una indagación necesaria e ineludible para un proceso de reconciliación y superación del conflicto.
La existencia de estrategias de impunidad es poco menos que un cortejo a la CPI, al buscar mantener sin castigo crímenes de lesa humanidad perpetrados por agentes estatales.
* Andrés Vargas es politólogo e investigador del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) y del Observatorio colombiano para el desarrollo integral, la convivencia ciudadana y el fortalecimiento institucional en regiones fuertemente afectadas por el conflicto armado (Odecofi)