No de otra forma se pueden calificar los hechos criminales en los que, siguiendo un mismo patrón, han resultado asesinados decenas de jóvenes en varios sitios del país, y que han sido luego presentados por miembros del Ejército Nacional como dados de baja en combates con grupos irregulares.

Los hechos recientes que comenzaron en el sur de Bogotá y terminaron en Norte de Santander tienen un pésimo olor. Son muy parecidos a los ocurridos en Montería, Cimitarra, Sincelejo y Toluviejo, para mencionar sólo algunos sitios. El patrón es muy similar. Me referiré al caso de Toluviejo, Sucre, que se asemeja al de Soacha aunque, como siempre sucede con lo que ocurre en la provincia, tuvo mucho menos impacto y despliegue mediático que el ocurrido cerca de la capital del país. En Toluviejo desaparecieron 11 jóvenes entre los meses de julio y agosto de 2007. Un par de hombres se los habían llevado ofreciéndoles trabajo en una finca distante de su poblado. Todos eran pobres, algunos desempleados. Y todos fueron fusilados menos de 48 horas después de haber salido de Toluviejo: unos en Chinú, otros en Sincé y otros en El Roble. Todos fueron enterrados como N. N., a pesar de que uno de ellos aún portaba en su bolsillo la fotocopia de su cédula. Unos vestían las mismas ropas con las que salieron de sus casas, otros vestían uniformes camuflados que no presentaban orificios de bala. Miembros del Ejército los presentaron como dados de baja en combate, aunque no hay pruebas atómicas que indiquen que los jóvenes hubieran disparado armas de fuego. Uno de los reclutadores fue capturado, el otro está libre. Dicen que a estos alguien les pagaba 100.000 pesos por cada joven entregado para luego ser asesinado. Las amenazas han llovido sobre sus familiares para que retiren sus denuncias. El mismo modelo de Soacha.

¿Qué hay detrás de este macabro patrón de falsos positivos? A mi manera de ver serían acuerdos ocasionales entre miembros corruptos y criminales del Ejército Nacional y bandas armadas al servicio del narcotráfico. Alianzas gananciosas para ambas partes, a costa de las vidas de decenas de jóvenes de extracción popular. Los mafiosos reclutan a los jóvenes y esos militares logran unos 'positivos' para mostrar a sus superiores, hacer méritos y conseguir prebendas, además de, tal vez, algún dinero de los mafiosos; y estos a su vez obtienen condiciones de seguridad y garantías para seguir realizando sus operaciones de narcotráfico en la región donde ocurren los falsos positivos, mientras los militares corruptos miran para otro lado. Pura corrupción mafiosa. Es la amenaza en crecimiento, luego del debilitamiento de las guerrillas y la desmovilización de los paramilitares.

Lo más paradójico y lamentable es que todo esto ocurre en el momento de mejor desempeño del Ejército Nacional en particular, y de la Fuerza Pública en general, con respecto al tema de los derechos humanos, algo reconocido por muchos organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros. Como se ha insistido desde hace varios años, la política gubernamental para debilitar a los grupos irregulares es preferir la desmovilización de sus integrantes a su captura, y esta última a darlos de baja en combate. El respeto a los derechos humanos se ha vuelto parte integrante y consustancial de la actual doctrina operacional de nuestras Fuerzas Militares. Por esta razón en los últimos seis años la Procuraduría General de la Nación ha pasado de recibir una queja por cada ocho operaciones de la Fuerza Pública, a registrar una queja por cada 34 operaciones, o sea, cuatro veces mejor que antes; y de recibir una queja por cada 128 miembros de la Fuerza Pública, a una queja por cada 930 miembros, esto es, siete veces mejor que en el pasado. Una mejora sustancial reconocida por todos.

No obstante, como lo demuestran los hechos atroces que se presentan como falsos positivos, dentro de la Fuerza Pública siguen existiendo y actuando miembros corruptos y criminales. Por eso el caso de Soacha y los otros que se han conocido deberían ser los eventos focalizadores de los esfuerzos del Estado para investigar y castigar de la manera más severa a quienes resulten responsables, para que su castigo sea ejemplificante y disuasivo, con el fin de que no se vuelvan a cometer esos infames crímenes en el futuro. La misma Fuerza Pública debe ser la primera y más decidida interesada en que esto no vuelva a ocurrir. Nunca más.
 

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