Álvaro Uribe mantiene un respaldo en las encuestas sin precedentes en Colombia. Desde cuando asumió la Presidencia en agosto de 2002, su favorabilidad nunca ha bajado del 65 por ciento; y en contravía de sus predecesores y la lógica del desgaste, con el tiempo su apoyo se ha incrementado. La última medición de Invamer-Gallup de septiembre 2008 destaca que ocho de 10 colombianos aprueban su gestión.
Durante estos seis años, la popularidad del Presidente ha sido simultáneamente un medio y un fin. Un medio, porque ha sido utilizado para poner a todo el mundo en cintura –tanto aliados como opositores–. Y un fin, porque es la única medición que ha importado en la Casa de Nariño.
El gobierno no sólo no vacila en resaltar esas cifras, sino que es la columna vertebral de su defensa ante cualquier crítica. Es una aplicación en pleno siglo XXI, de la consigna de que la “voz del pueblo es la voz de Dios”. O, como le dijo a SEMANA el ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, “es una proeza que una persona como el presidente Uribe después de seis años tenga la popularidad más alta en América Latina, eso quiere decir que está haciendo las cosas bien hechas”.Y no le falta razón.
Sin embargo, en las últimas semanas la efectividad de esa estrategia –de girar y girar contra la imagen de Uribe– parece estar llegando a su límite. Como en la ley de rendimientos decrecientes, cada punto de favorabilidad del Presidente ya no produce la misma reacción: ni entre la coalición uribista, ni entre sus opositores.
Los hechos hablan por sí solos: el primer mandatario no pudo persuadir a los uribistas de la comisión primera del Senado de que votaran a favor de la reforma de la justicia. No era cualquier proyecto: según el Ministro, de ser aprobada partiría la historia judicial en Colombia en dos. E incluso los críticos de Uribe la calificaban como una pieza fundamental de la estrategia del gobierno por ayudar a los legisladores uribistas investigados por la para-política.
Era tanta la prioridad de esa reforma, que en estos tres meses Uribe se la jugó toda con los ya tradicionales desayunos en Palacio. Pero no le jalaron, a pesar de que el Presidente le metió todas las energías. Alegando impedimentos de todo tipo, los congresistas uribistas rehusaron seguirle el paso al Jefe Supremo. Esta rebelión obligó a Uribe a emitir un comunicado el lunes 13 de octubre para informarle a la opinión pública del retiro del proyecto por falta de consenso de su bancada. No fue el único golpe; el jueves decenas de representantes uribistas, en alianza con liberales y miembros del Polo Democrático Alternativo en la Cámara, se negaron a votar por el presupuesto del próximo año porque este no incluía las gabelas que ellos querían. De nada sirvieron las súplicas del ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, que presenció estupefacto la retirada en masa del recinto de los congresistas. Que el gobierno presidido por el mandatario más popular del continente sea incapaz de lograr un quórum mínimo con sus mayorías parlamentarias no es precisamente una señal de fortaleza.
Como tampoco lo fue el manejo del paro judicial. Si algo distinguió a la primera administración de Uribe, era su habilidad en desmontar posibles conflictos laborales o sociales en un abrir y cerrar de ojos. Gracias a esa capacidad negociadora, sumada a la firmeza del mandatario, el gobierno hizo reformas impensables como la transformación de decenas de entidades del Estado, incluida una que se consideraba intocable: Ecopetrol. Y lo hizo ante la mirada atónita de su poderoso sindicato, la USO, ante el cual temblaban gobiernos anteriores
En cambio el gobierno Uribe versión 2008 no sólo dejó que se extendiera la huelga por más de 45 días, sino que tuvo que acudir a medidas excepcionales como declarar la conmoción interior. Y aunque finalmente Asonal Judicial levantó el paro, el costo para el erario no es insignificante: 150.000 millones de pesos y un compromiso de revisar el asunto en mayo de 2009. Y se vienen más paros: la Registraduría, la Dian, la Superintendencia de Notariado y Registro, los sindicatos de trabajadores, entre otros (ver artículo Los inconformes).
Y si en el sector oficial llueven las reclamaciones, en el suroccidente del país la agitación laboral y social no escampa. La huelga de los cañeros de azúcar que arrancó en agosto sigue sin resolverse y ahora amenaza mezclarse con las protestas de los indígenas. En el gobierno, lejos de mostrar la seguridad de otras épocas, vienen a la memoria las imágenes que vivieron los presidentes anteriores como, por ejemplo, las marchas cocaleras de 1996.
Es hasta entendible la perplejidad del alto gobierno ante tanta rebeldía política y social. Frente a estos episodios, las encuestas resuelven la popularidad del Presidente, mas no necesariamente la gobernabilidad de su administración.
Mucho se ha escrito y especulado sobre por qué Uribe es tan querido por la gran mayoría de los colombianos. Según Jorge Londoño, de Invamer-Gallup, el Presidente tiene dos activos: su credibilidad y su decisión de torear todos los problemas. Es visto como un verdadero capitán de barco. Pero eso en sí no es suficiente. También ha jugado un papel fundamental la percepción de bienestar que ha dejado su sexenio en el poder. Ante la pregunta de si las cosas estaban mejor en Colombia antes de que él asumiera la Presidencia en 2002, sólo los más radicales y enceguecidos por el odio dirían que sí.
En la política como en la vida, un poco de suerte también sirve y Uribe ha tenido muy buena espalda en la economía. Asumió cuando ya había pasado lo peor de la crisis de 1999 y después de que la administración de Andrés Pastrana adoptó las necesarias, pero impopulares medidas para afrontar la debacle. Y aunque es innegable que tanto la seguridad democrática como las medidas para atraer la inversión del gobierno fueron clave para lograr un crecimiento sin precedentes, el entorno externo también fue muy favorable. En estos seis años hubo un boom económico mundial y los precios de exportación de los principales productos colombianos –petróleo, carbón y café– subieron como nunca.
Esa combinación de factores ha sustentado ese 80 por ciento en las encuestas que aún mantiene Uribe. Pero, como ha quedado claro en estos días, esos aplausos mediáticos pueden ya no ser suficientes en un futuro que luce incierto y mucho menos manejable, tanto en casa como afuera.
Por un lado, la rebeldía en las huestes uribistas va en aumento. El viernes Cambio Radical, un pilar de la coalición gubernamental, anunció su apoyo al referendo que permitiría la reelección, pero sólo para 2014; una señal de que el ex senador Germán Vargas Lleras parece decidido a jugársela por la Presidencia en 2010. Por los lados del partido de La U, es un secreto a voces la aspiración de su fundador, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. En Palacio, temen que varios congresistas de La U terminen por no marcharle al referendo y prefieran, en cambio, la reforma constitucional que le permitiría al Presidente lanzarse otra vez, pero sólo en 2014. En síntesis, el otrora acorazado uribista está haciendo agua.
A los vaivenes internos se sumó esta semana otra incógnita para Uribe: el apoyo casi irrestricto de Estados Unidos. Por primera vez, Colombia fue tema de un debate presidencial en Estados Unidos. Ante las cámaras de la televisión, el candidato republicano John McCain acusó a su rival de oponerse al tratado de libre comercio con Colombia, quien es “el mejor aliado que tenemos en la región”. El demócrata Barack Obama se defendió con el argumento según el cual “en Colombia los líderes sindicales están en la mira de los asesinos”. Y aunque la crítica es injusta –ningún gobierno como el de Uribe ha hecho tanto por protegerlos–, es preocupante que la primera idea que se le viene a la cabeza a Obama, lo que los expertos llaman en inglés top of mind, no es “acuerdo con un país aliado”, sino “muerte a sindicalistas”. Es claro que con Obama como Presidente, las relaciones con Colombia serán a otro precio.
Pero tal vez la mayor amenaza para la tranquilidad del Presidente en estos 22 meses que le quedan provenga en parte de un elemento fuera de su control: la desaceleración de la economía mundial. El gobierno ya se vio obligado a reducir sus metas de crecimiento para 2009 de 5 a 3,5 por ciento. La construcción y la industria, que venían impulsando el PIB (a un ritmo del 10 por ciento), se están frenando y se prevé un aumento en el desempleo. Los recaudos de impuestos serán inferiores a los proyectados al igual que los ingresos por exportaciones, dada la recesión en Estados Unidos y la crisis que se avecina en Venezuela por la caída vertiginosa de los precio del petróleo.
Durante seis años, Uribe tuvo una prolongada y excepcional luna de miel. Mucha de ella gracias a su gestión: la seguridad democrática ha sido muy exitosa en sus objetivos primordiales de debilitar a las Farc, recuperar el control de los cascos urbanos del país y darles confianza a los colombianos. Se logró atraer inversión extranjera en cantidades jamás vistas. El país es otro distinto que el que recibió el Presidente y ese reconocimiento se refleja en su alta favorabilidad en las encuestas. La pregunta es si ese respaldo al gobierno se mantendrá en un escenario de mayor desempleo e incertidumbre económica. O si en cambio, como les ha ocurrido a todos los gobernantes, a Uribe también le caerá el sol a sus espaldas.
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