El ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, anunció que de los 1,5 billones de pesos que fueron aprobados en el presupuesto para atender a los desplazados en 2010, no se recortará ni un peso, a pesar de que se busca hacer un ajuste del presupuesto de unos 6 billones de pesos.
En vez de hacer recortes, este rubro recibirá 10 mil millones de pesos más para invertirlos en el retorno de personas que hayan tenido que salir de sus viviendas en los municipios más afectados por el conflicto.
Estos dineros adicionales son para desarrollar el programa ‘Retornar es vivir’, diseñado por Acción Social para que puedan regresar a sus casas personas que tuvieron que huir de unos 200 municipios de la Sierra Nevada de Santa Marta, Montes de María, el Oriente Antioqueño, Santander, Chocó y Cundinamarca.
El anuncio lo hizo Zuluaga durante una audiencia en la Corte Constitucional. La reunión se dio como parte de un cronograma diseñado por el tribunal para que el gobierno y todas las autoridades implicadas en la atención del desplazamiento presenten sus avances y propuestas para la atención de estas personas. Así lo ordenó esta Corte en el Auto 07 de 2009.
En cumplimiento de las órdenes impartidas en ese documento, se vienen haciendo reuniones desde el pasado diciembre y durante este año ya se tiene un cronograma programado hasta junio.
Para la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), la audiencia de este 21 de enero es de especial importancia porque en ella se discutió la situación de Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Bogotá.
Según cifras de esta ONG, aquellas zonas han recibido cerca de un millón de desplazados entre 1999 y 2008. Es decir, casi 33 de cada 100 desplazados colombianos han ido a parar a estos sitios.
Las personas que tuvieron que dejar sus viviendas obligadas por el conflicto viven en condiciones muy difíciles. Eso lo ha reconocido la Corte Constitucional y por eso puso a todas las autoridades implicadas a marchar por solucionar la situación.
De acuerdo con la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, de cada cien desplazados, 82 viven en la indigencia, 95 abandonaron bienes propios cuando huyeron, 96 trabajan en la informalidad y sólo 5 viven cómodamente después de haberlo dejado todo.