El magistrado Jorge Iván Palacio radicó su ponencia sobre si la emergencia social y las decisiones que se tomaron durante ésta obedecen a los lineamientos de la Constitución de 1991.
A partir de este momento, el Alto Tribunal tiene 20 días para estudiar la ponencia y tomar una decisión definitiva. Si la Corte decide que éstas se adaptan a lo que dice la Carta, el gobierno saldría muy bien librado después de haber recibido lluvias de críticas por las decisiones tomadas.
Pero si es en contra, como lo afirman algunas fuentes, el fallo de la Corte sería en el mismo sentido del concepto emitido por el Procurador Alejandro Ordóñez el pasado 2 de marzo, en el que pidió declarar inexequible el Decreto 4975 de 2009, mediante el cual se declaró la emergencia.
“La declaratoria del estado de emergencia social efectuada mediante el Decreto 4975 de 2009 es inexequible debido a que los hechos en que se basa la misma no tienen el carácter de sobrevinientes, sino que obedecen a fallas estructurales”, dijo la Procuraduría en su concepto.
Y aclaró que “no tuvieron el carácter de sobrevinientes, porque no se trató de fenómenos fácticos que se hubieran dado de manera repentina e imprevista para el momento de tal declaratoria”. Eso quiere decir que las razones que esgrimió el Gobierno para tomar aquella decisión no obedecieron a situaciones que se dieron de repente, sino a fallas que venían presentándose de tiempo atrás.
El Ejecutivo argumentó que “el crecimiento abrupto y acelerado de la demanda de servicios y medicamentos no incluidos en los Planes Obligatorios de Salud comprometen de manera significativa los recursos destinados al aseguramiento generando un grave deterioro de la liquidez de numerosas Entidades Promotoras de Salud e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y de la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud”.
Como consecuencia, según el Gobierno, la viabilidad del sistema estaba amenazada y fue por eso que declaró la emergencia social. Pero la Procuraduría encontró que esa no es una razón que justifique la declaración de un estado de emergencia. Ahora, será la Corte Constitucional la que determine si así fue.