Domingo, 22 de enero de 2017

| 2005/01/30 00:00

Anamnesis del sistema penal

Viernes 4. Mario González, lector de SEMANA.COM, cree que el sistema penal acusatorio estrenado en enero es un paciente que espera ser sometido a un chequeo exhaustivo, pues presenta algunas pequeñas sintomatologías que en conjunto ameritan atención.

Anamnesis del sistema penal

No obstante el título, no estoy aseverando que el nuevo sistema de juzgamiento penal puesto en marcha en Colombia a partir del primero de enero del año en curso haya nacido enfermo. Asimilémoslo más bien como un 'paciente' que espera ser sometido a un chequeo (pero un chequeo exhaustivo). Por cuanto además de lo delicado de su sola condición de 'neonato', presenta sí algunas pequeñas sintomatologías que en conjunto ameritan atención.

Ahora bien, ese 'recién nacido', léase el sistema acusatorio, a pesar de lo dicho por algunas críticas insulares, no es 'prematuro', como sí lo sería de mi parte -o la de cualquiera- entrar a descalificarlo en estos momentos.

Pero sí es prematuro alabarlo de la manera que lo hace el Fiscal General de la Nación, doctor Luis Camilo Osorio. Aunque a la vista está que son más las bondades de la reforma que sus falencias. Por eso es indudable que el doctor Osorio, en aras de dejar claro su sello personal como reformador, se esfuerza por salir en pantalla 'estrenando' y defendiendo a ultranza ese nuevo sistema, al punto que apenas completándose el primer mes de la implementación del mismo, y aún con el reciente eclipse representado en las fiestas de fin y comienzos de año, ya entran a engrosar nuestro anecdotario forense cosas tales como cuando la progenitora del Fiscal literalmente lo sacó de cierta audiencia (que bajo la nueva modalidad se llevaba a cabo en el eje cafetero) llamándolo a su celular preocupada por tanta aparición suya en televisión.

Debo hacer énfasis en que no son ponderaciones como las de el señor Fiscal -per se- las que desdicen (o dicen..?) de la reforma penal, sino el exceso de optimismo y con eso la falta de objetividad que infunden en la opinión pública, incluso antes de que ese 'probeta', que es el acusatorio, se pueda verdaderamente entrar a establecer si es viable o no. Vale aclarar que probar las mieles del éxito ahora no es oportuno, pues los únicos elementos de juicios son unos datos cuantitativos, como el número de audiencias hasta ahora realizadas y meras aceptaciones de cargos.

Por lo anterior, no se pueden desconocer ni quedar 'en el tintero' aspectos que verdaderamente están llamados a determinar el éxito o el fracaso del sistema acusatorio a saber:

La revista Semana en su edición 1.123, de noviembre de 2003, bajo el título "Páselas por inocente" hacía largo recuento de aquellos sonados casos judiciales que si bien en su momento habían dado lugar a detenciones o exilios, verbigracia el de Pablo Ardila o Álvaro Leiva, terminaron en preclusiones de investigación o en sentencias absolutorias, eso para llegar el citado artículo a concluir: "Estos son ejemplos de que la justicia en Colombia tiene varias contradicciones. El Congreso ya aprobó una reforma que les quita a los fiscales el poder de detener a la gente y se lo da a los jueces. Este no es un remedio definitivo pero es un paso en el camino correcto (...)".

La reforma atrás referida no es otra que la producida en el marco del Acto Legislativo 03 del 19 de diciembre de 2002, en virtud del cual se ha promulgado la Ley 906 de 2004 o nuevo código de procedimiento penal, pero a pesar del espíritu inspirador de nuestros legisladores que entre otras cosas no quiere desconocer los penosos antecedentes.

No obstante, ya en lo que tiene que ver con la puesta en marcha del sistema aprobado, la doctora Esperanza Delgado Motoa, representante de los trabajadores de la Rama Judicial ante la Comisión Interinstitucional del mismo órgano, en el segundo parte de su gestión, fechado 27 de octubre de 2004 y publicado por Asonal judicial, puso sobre el tapete lo siguiente: "Según el informe rendido por el doctor Julio Cesar Ortiz, -entonces- en calidad de presidente de la Sala Administrativa del C.S.J. -Consejo Superior de la judicatura-, para el dos de enero de 2005, en Bogotá iniciarán 50 Juzgados Penales Municipales el nuevo Sistema Acusatorio: 35 son Jueces Penales Municipales actualmente que ejercerán también la función de jueces de garantía y 15 serán fiscales convertidos en jueces de garantías, pero con presupuesto de la Fiscalía (habrá imparcialidad en sus decisiones?) (...)".

Ante el silogismo que se vislumbra donde se entiende como la tesis lo expuesto en el citado artículo de Semana ("Páselas por inocente") y la antítesis el informe de la doctora Delgado Motoa, la síntesis no me permite -así quisiera- poder albergar el optimismo a priori del señor Fiscal General, y si bien he escuchado extraoficialmente que por lo menos presupuestal y funcionalmente esos jueces de garantía provenientes -y dependientes- de la Fiscalía muy pronto se independizarán de ésta y pasarán a la subordinación del Consejo Superior de la Judicatura como los demás jueces.

Tampoco son alentadores todos los cometarios que se oyen extraoficialmente, es decir a abogados y servidores judiciales, que dejan entrever cierto temor en cuanto a que funcionarios de policía judicial (uno de los soportes del nuevo sistema) estén cayendo en la tentación de hacer "su agosto" negociando con personas capturadas en flagrancia para no judicializarlas.

La suposición está basada en que no son tantos los casos que se están poniendo en conocimiento de los operadores judiciales en proporción con la criminalidad que se sabe opera a diario en ciudades como Bogotá y que mostraba tendencia al aumento desde el año de 2001, como lo reveló el periódico Portafolio del jueves 24 de abril de 2003 con el título "El comportamiento delictivo del país", donde por tan sólo citar algunos de sus apartes, decía: "Basta ver como entre el 2000 y el 2002 el hurto simple ha venido subiendo entre un 50 por ciento y 60 por ciento cada año y en sí mismo representa el 7 por ciento de la carga delictiva total. De igual manera los delitos asociados con la obtención de un beneficio económico evidente como son la extorsión, el secuestro y la estafa aumentaron en un solo año en 35 por ciento, 20 por ciento, y 30 por ciento, respectivamente".

Ponerle atención a los precitados particulares, que por cierto en ningún noticiero los he oído mencionar, permitirán prender puros y convidarlos para celebrar por el 'recién nacido'.

* Abogado

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