Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2004/12/12 00:00

Aprender del caso argentino

Si el país se fija en el política energética argentina podrá mantener el control de sus recursos, opina Roberto Kozulj, profesor de la Fundación Bariloche y experto en el tema.

Aprender del caso argentino

El sector energético de la Argentina, al igual que el de muchos otros de América Latina y el mundo, fue desarrollado desde los años 40, sobre un esquema de empresas estatales, de carácter monopólico. El objetivo central era abastecer la oferta necesaria de productos energéticos acordes a los requerimientos de los procesos de urbanización y modernización que se estaban desarrollando vertiginosamente tras la posguerra.

En el caso particular de la Argentina, en el ámbito de los hidrocarburos, la empresa estatal YPF tuvo como misión lograr el autoabastecimiento y desarrollar la industria en todos sus eslabones. El sector privado participó de diversos modos: 1- a través de contratos de explotación y mas tarde de exploración; 2- a través de la refinación y 3- por medio de su participación en las actividades de comercialización de derivados. Sin embargo la participación mayoritaria siempre correspondió a YPF quien compraba la producción a sus contratistas y vendía el crudo a los refinadores privados que poseían aproximadamente el 30% del mercado.

Las actividades de transporte y distribución de gas natural pasaron al ámbito de Gas del Estado, creada en 1946 con el propósito de desarrollar la industria del gas. Tal separación de actividades y la transferencia de la renta petrolera a través de bajos precios para el gas producido por YPF, impulsaron un fuerte crecimiento de la demanda. La Argentina logró así ser uno de los países con mayor penetración del gas en el mundo.

A pesar de que Argentina no presentaba un esquema de precios y tarifas relacionados con los precios internacionales, sino guiados por los costos y las metas de abastecimiento, las empresas lograron un elevado grado de autofinanciamiento hasta medidos de la década del setenta.

Las actividades de planificación se desarrollaron dentro de las empresas, con algún grado de coordinación, aunque éste fue débil. A pesar de la existencia de Planes Energéticos, tanto los programas de inversión como la política de precios y tarifas no siempre respondieron a dichos planes, aunque tampoco se alejaron demasiado de sus metas.

Podría ser afirmado sobre la base de evidencia empírica, que lejos de ser pernicioso para el país, el esquema de provisión de servicios y productos energéticos sobre la base del esquema de empresas públicas y monopólicas fue altamente beneficioso. La arquitectura financiera e impositiva permitió crear fondos para el desarrollo de obras eléctricas, viales y otras de infraestructura y permitieron un desarrollo regional y tecnológico muy importante.

A mediados de los años setenta este esquema comenzó a entrar en crisis. Los factores explicativos de tal situación son múltiples. Por un lado la aplicación de políticas anticíclicas keynesianas comenzó a provocar el fenómeno conocido como stangflation, es decir estancamiento productivo con inflación. El contexto inflacionario provocó a su vez un desfinanciamiento del Estado que condujo a utilizar los precios y tarifas de los productos energéticos como "recaudadores de impuestos confiables, predictibles y seguros". Por otra parte con el fin de no alentar espirales inflacionarias, los ajustes de precios y tarifas eran rezagados respecto a la evolución de los restantes precios que marcaban costos para la industria energética. Pero además el ensayo de teorias monetaristas condujo hacia fines de los setenta a utilizar a las empresas públicas como instrumentos de especulación financiera, razón por la cual se las obligaba desde el poder político de facto a endeudarse en el exterior con el fin de capitalizarlas por la diferencial de tasas de interés externas e internas.

Cuando este esquema (insostenible en esencia dado que fue acompañado por una sobrevaluación monetaria formidable) desembocó en devaluación, las empresas públicas se hallaron endeudadas, descapitalizadas, sin políticas de precios que les permitiesen recuperarse y con compromisos con los contratistas que exigían la virtual dolarización de sus contratos.

Fue así que durante la década de los ochenta las empresas comenzaron a endeudarse de modo estructural, sin que el poder político lograra corregir tal situación. A pesar de ello la expansión de la oferta continuó en base a endeudamiento externo e interno.

La situación fue apta para que se promoviera la idea de que era necesario privatizar a las empresas públicas, desregular los mercados y crear unidades de negocio que permitieran la competencia.

Las reformas iniciadas en los noventa fueron las más radicales de las emprendidas a nivel regional. La totalidad de la industria de los hidrocarburos, transporte y distribución de gas, generación eléctrica, transporte y distribución de electricidad en manos de empresas públicas pasaron a manos privadas.

Al ser considerados como simples commodities, el petróleo y el gas perdieron su carácter de bien estratégico. El objetivo de las empresas fue por consiguiente maximizar el valor presente neto de sus inversiones y monetizar reservas adquiridas a bajo costo. Se dispuso así como medio de incentivar la industria la desregulación de precios, la libre disponibilidad del crudo y la libre disponibilidad de las divisas obtenidas de la actividad.

Pero el esquema de privatizaciones y desregualación en Argentina fue de la mano con el denominado Plan de Convertibilidad que constituía una garantía legal para el mantenimiento de la paridad cambiaria en un nivel de paridad real (relación entre índices de inflación internos y en los Estados Unidos y tasas de devaluación) que implicaba una fuerte sobrevaluación del peso.

Esto tuvo un efecto increíble sobre la rentabilidad de las empresas en tanto los precios se alinearon con los niveles internacionales, los activos fueron adquiridos a muy bajo costo y los precios para el consumidor disminuyeron en términos de moneda local constante lo que permitió ampliar mercados.

Por otra parte el objetivo de monetizar reservas y maximizar el valor presente neto condujo a la exportación de crudo y de gas natural a través de una intensificación de la producción en áreas con reservas probadas y a un uso intensivo de gas para generación eléctrica.

A pesar de la elevada rentabilidad obtenida, las empresas realizaron sólo aquellas inversiones que les permitieran lograr sus objetivos al mínimo costo de inversión y sin incurrir en riesgo minero.

Por ejemplo, la actividad exploratoria disminuyó en mas de un 30% en términos de pozos perforados, la inversión perforatoria se concentró en las áreas de mayor productividad con el objeto de acelerar la extracción de crudo y gas, y la expansión de la capacidad de transporte de gas se realizó mediante la instalación de plantas compresoras y no de nuevos gasoductos para el mercado interno.

Por consiguiente, tanto la relación reservas producción en petróleo y gas como la producción petrolera comenzaron a declinar, como la capacidad de transporte de gas para el mercado interno se halló con un cuello de botella.

En el año 2004 se produjo una crisis energética que implicó el corte de suministro de gas a industrias y restricciones a la exportación de gas, que afectaron las relaciones con Chile y la propia estrategia energética de este país que había basado su expansión sobre la base de gas importado. La razón la ausencia de las inversiones necesarias bajo el argumento de falta de rentabilidad, a pesar de que ésta fue en promedio entre dos y dos veces y media superior a la registrada durante la convertibilidad a causa del alza de los precios del crudo.

El esquema de la convertibilidad por ser insostenible en el largo plazo colapsó en el año 2001, tras el vaciamiento de las reservas y la negativa del FMI a suministrar más préstamos a la Argentina.

Entre 1992 y 1999 el país se endeudó en más de 80000 millones de dólares, que sirvieron para pagar intereses de préstamos especulativos tomados por las empresas, para remitir utilidades al exterior, para pagar importaciones masivas que destruyeron la industria local y el empleo, generando una situación inédita de pobreza en un país que hasta ese entonces presentaba los índices más bajos de pobreza en la región.

En conclusión, las reformas de los noventa fueron aún más costosas que los desequilibrios de los ochenta y dejan una lección: en un mundo globalizado, garantizar la rentabilidad al sector privado no asegura en modo alguno la reinversión localizada en el mismo territorio de dichas utilidades. Por lo tanto, pone en crisis la seguridad de abastecimiento a precios convenientes para los consumidores. Tampoco se introdujo competencia, los precios internos fueron a lo largo de toda una década superiores a los de paridad de importación. Los mecanismos de mercado no funcionaron y la pretensión de abandonar el rol planificador y empresario del Estado mostró ser un muy serio error cuyas consecuencias las están pagando los ciudadanos, los mismos que debían haber sido los beneficiarios de las reformas.

¿Paradoja o Planificación privada de esquemas espúreos de rentabilidad?

* Especialista en Economía del petróleo, gas natural y experiencias regulatorias de la Fundación Bariloche, quien intervino durante el Primer Seminario Internacional sobre Abastecimiento de Hidrocarburos, evento organizado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, clausurado este viernes 10 de diciembre en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada.

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