Home

Noticias

Artículo

opinión

¿Asistimos a una disolución institucional del Estado?

Martes 28. El paramilitarismo se está aprovechando de las debilidades del Estado para convertirse en un monstruo gigante y acéfalo, opina el analista Fernando Estrada.

Fernando Estrada Gallego*
24 de septiembre de 2004

Cuando Salvatore Mancuso y los comandantes paramilitares hablaron al país desde el Congreso de la República estaban dando cuenta de logros políticos insuperables. Aunque pocos lograron verlo.

Lo más grave del fenómeno de paramilitarización es la deconstrucción del propio Estado. O mejor, una vuelta hacia condiciones de naturaleza y la amenaza de su utilización para deslegitimar las instituciones. Los defensores formales del Estado deben revisar sus premisas. Porque en Colombia asistimos a una reconversión hobbesiana fundamental. Y la clave sobre lo que viene no está en los discursos, sino en los hechos.

Hay al menos dos formas en las que el esquema paramilitar ha proyectado su poder político: 1) la imposición de su poder intimidatorio a nivel local, y 2) la protección armada de intereses privados excluyentes. En la tradición política, tener monopolio sobre el uso de la fuerza en un área geográfica es fundamental para la existencia de un Estado. Sin embargo, un Estado puede existir sin monopolizar efectivamente el uso de la fuerza, como ha sucedido en Colombia con el fenómeno paramilitar. De modo que exigir el monopolio no es suficiente, como tampoco pretender ser el único con derecho legitimo a emplear las armas. Resulta por esto compleja la negociación en Santa Fe de Ralito. Además tenemos otras razones.

Lo que hemos visto con su posicionamiento es que el monopolio puede ser violado de diferentes maneras: 1) Cuando han podido hacer uso de la fuerza aunque no hayan estado autorizados por el Estado a hacerlo y 2) aunque sin usar por sí mismo la fuerza como grupo (ganaderos, empresarios, terratenientes) pueden establecer otra autoridad (y pretender que es la única legitima) para decidir que sea lo legitimo. En ambos casos hemos tenido dos condiciones de permisibilidad, moral y jurídica. Moral, por cuanto fácilmente en las zonas de influencia se encuentra complacencia entre los habitantes. Jurídica, por cuanto los organismos representativos de la veeduría y el control del Estado tienen que someterse a los dictados de comandantes armados hasta los tuétanos.

Recordemos que el Estado debe su existencia a que, entre otras cosas, castiga a cualquiera a quien descubra que ha hecho uso de la fuerza sin autorización expresa. Argumento que no tiene respaldo en la realidad colombiana. Pues los fenómenos violentos tienden a proseguir en una espiral ascendente que en muchos casos cuenta con un apoyo encubierto de las propias autoridades. Tal es el caso en Guaitarilla y Cajamarca. Los grupos en armas surgen y se expanden desde una guerra de matices completamente anómalos. Es la razón por la cual la formación y expansión del paramilitarismo ha sobrevenido sin preaviso. Han surgido con el correr del tiempo adaptándose a los diversos contextos y al desarrollo progresivo de una economía rentable del narcotráfico y la extorsión.

Con todo, es evidente que esta naturaleza camaleónica del paramilitarismo constituye a la vez su autodestrucción y peligro. Un monstruo gigante y acéfalo. Que ahora cobra cuentas dentro de su ley. No son Estado, pero asumen este papel en zonas bajo su influencia. Que no pueden reclamar moralmente ninguna legitimidad, pero echan discursos sobre su necesaria existencia. Representan el más duro reto del Estado, que les fue dando espacio. Son estos factores de preocupación frente a la tarea de lograr un único monopolio de la fuerza. ¿Cómo conseguir que dentro de un único proceso de negociación estén dispuestos a desmontar su maquinaria militar frentes paramilitares tan disímiles?

Las revelaciones de la revista SEMANA que trae detalles de fondo sobre los diálogos entre el comisionado de paz y los comandantes son alarmantes. Pero también un buen indicador de los cambios que requiere este proceso. El Estado se encuentra mermado en la mesa de negociaciones. No existe norte y no hay avances. El gobierno ha venido improvisando. Y los señores paramilitares están aprovechando esta debilidad para fortalecer su poderío.

Lo que tiene que hacer el Estado urgentemente es recomponer su débil posición. Más que nombrarle un reemplazo a Luis Carlos Restrepo, la mesa en Santa Fe de Ralito debe ser orientada por una agenda clara que comprometa decisiones enfáticas en términos de desmovilización, cese al fuego, y reincorporación. Y por fuera de la mesa se tiene que actuar con mucha fuerza contra quienes todavía siguen financiando la guerra. Aquellos que pagan y seguirán pagando protección. O quienes han apoyado desde las sombras el suicidio colectivo de la nación. Se tiene que actuar antes que la paramilitarización disuelva lo que nos queda de Estado.

* Analista Político. Su último libro: Metáforas de una Guerra Perpetua, publicado por el Fondo Universitario de la Editorial Eafit de Medellín, 2004.