Colombia no recibirá cinco millones de dólares provenientes de Estados Unidos.

De esta manera quedan en la cuerda floja, tanto los cinco millones de dólares que iba a desembolsar el gobierno estadounidense durante este año fiscal, como los 130 millones que la administración Bush pidió al Congreso de su país para próximas vigencias.

La razón de la suspensión fue la no firma de un acuerdo por parte del gobierno colombiano que garantiza inmunidad a todos los estadounidenses que se encuentren en suelo colombiano ante la Corte Penal Internacional (CPI).

La determinación fue tomada recientemente, ante el vencimiento el pasado lunes, para que el gobierno colombiano suscribiera el tratado bilateral. El plazo lo había dado el Congreso estadounidense para que los países que reciben asistencia militar de E.U. y hubiesen ratificado el CPI, firmaran dicho acuerdo. Por ello, el presidente George W. Bush dejó por fuera a Colombia de un grupo de 22 países a los que "perdonó" temporalmente el no haber firmado un acuerdo bilateral que de inmunidad a los estadounidenses frente a la Corte Penal Internacional (CPI).

Junto a Colombia, también quedó suspendida la ayuda de otros 35 países que reciben asistencia de Estados Unidos, entre ellos Bulgaria, Estonia, Latvia, Lituania, Eslovaquia y Eslovenia, todos candidatos a ingresar a la OTAN en mayo del año entrante. En América Latina, la medida también afectó a Brasil.

Por su parte, el gobierno colombiano mantiene su posición de no firmar un acuerdo bilateral con Estados Unidos para eximir a todos los ciudadanos de ese país de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI), porque considera que ese beneficio solo debe ser otorgado a los estadounidenses que permanezcan en Colombia bajo programas de cooperación y sostiene, además, que esa inmunidad solo es válida para los cooperantes, es decir para los civiles y militares que están participando en programas en el país, como el Plan Colombia. Y por ello no avala la petición del gobierno estadounidense, que contempla que la inmunidad cobije a todos sus ciudadanos, es decir que cualquier turista de ese nación podría adquirir ese beneficio y evitar ser llevado ante la CPI en caso de que sea culpable de un crimen de lesa humanidad en Colombia.

En ese marco, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez ha recurrido a otras figuras para cumplir con la exigencia, a cambio de cooperación económica. Entre esas propuestas, figura la de insistir en la vigencia del convenio bilateral suscrito en 1962, cuando se puso en marcha la Alianza para el Progreso y al que se le agregó una "nota diplomática" recientemente, que le da inmunidad a los combatientes estadounidenses, más no a todos los ciudadanos.

La discusión bilateral continuará hasta que se llegue a un acuerdo, pues, según lo expresado por algunos funcionarios del gobierno, la ayuda económica proveniente es Estados Unidos en el marco del Plan Colombia, es indispensable a la hora de pensar en una solución del conflicto. Sin embargo el firmar el acuerdo es un paso bastante trascendental para Colombia y no sería fácil de aprobar, pues depende de la aprobación de todo el Congreso y ese no es un paso fácil de dar dentro de las leyes colombianas.