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Compañía privada tuvo comisión en compra de avión presidencial, denunció senador

Viernes 16, 8:20 horas. El viceministro de Defensa contradice esa versión y asegura que la transacción fue realizada únicamente entre el gobierno de Estados Unidos y el colombiano.

11 de diciembre de 1980

El enfrentamiento del senador Javier Cáceres y el viceministro de Defensa, Andrés Soto, se registró ayer en la emisora RCN.

El senador dijo que tiene documentos que demuestran que la compra del FAC 001 no se hizo de Gobierno a Gobierno con Estados Unidos, pues intervinieron dos firmas privadas.

Cáceres aseguró que inicialmente el avión fue negociado con la compañía Hollmar por 29 millones de dólares, pero después se pagaron 30.652.000 dólares.

Sobre la acusación, Soto señaló que el Ministerio de Hacienda autorizó una partida por 40 millones de dólares, de los cuales se giraron 29 millones por el casco del avión, y 1.652.000 por la adecuación del aparato. "Este valor incluye la inspección de la aeronave, dotación, manuales y otros puntos", agregó.

Así mismo, afirmó que hay pruebas para aclarar que la operación se hizo directamente con Washington.

El senador dijo además que funcionarios del Gobierno de Estados Unidos y de su Embajada en Bogotá, están involucrados en "trapisondas" dentro del proceso de compra del avión presidencial.

"Me gusta más la palabra calanchín para hablar de los funcionarios del Departamento de Defensa de Estados Unidos, porque se prestaron para hacer esta trapisonda. Simplemente, el funcionario encargado recibió la oferta de compra y le dio el aval al negocio", indicó. "El funcionario recibió la propuesta y se limitó a trasladarla. En este caso lo que hubo fue una simple intermediación del Departamento de Defensa", agregó.

Soto respondió a esas acusaciones diciendo que si la compra del avión se hubiera hecho con empresarios particulares le habría costado más al Estado colombiano. "Lo cierto es que la oferta con un valor más bajo y con la mayor garantía la presentó el Gobierno de Estados Unidos", dijo.

Cáceres citó a un debate en el Senado el próximo 27 de julio, donde se expondrán las pruebas de cada una de las partes.