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| 7/7/2003 12:00:00 AM

Continúa polémica por hueco fiscal.

Martes 8, 9:05 horas. Los políticos y analistas económicos, ya no son los únicos en cuestionar el anuncio del gobierno sobre el faltante de 2.5 billones de pesos para el 2004. El Contralor General, Antonio Hernández, señaló que las cifras que se están manejando no corresponden con lo que había manifestando el gobierno.

Además, dijo que espero tener el presupuesto del próximo año para examinarlo y pronunciarse.

Si bien el Ministerio de Hacienda no se ha pronunciado sobre la afirmación del subdirector de Planeación, Alejandro Gaviria, la posibilidad sobre la falta de presupuesto ha puesto en alerta a la Contraloría. Hernández señaló que la reforma tributaria aprobada en diciembre pasado debió haber cumplido con las expectativas que tenía el Gobierno cuando presentó su proyecto: el Ministro de Hacienda esperaba recaudos adicionales por algo más de 2 billones de pesos para este año y el Congreso le dio el visto bueno a ajustes por una cifra igual. La meta de recaudos para este año es de 32,5 billones de pesos, de los cuales habían ingresado hasta la tercera semana de junio cerca de 15,85 billones de pesos, es decir, la meta se está cumpliendo.

Hasta el momento, el gobierno no ha dado una explicación sobre el déficit señalado por Gaviria ni ha establecido las medidas para cubrirlo.

El malestar se manifiesta

Otros sectores de la sociedad han señalado que el anuncio es una estrategia para que sea aprobado el referendo, y otros señalan que el hueco fiscal es fruto del mal manejo.

Planeación señaló el hueco fiscal podría cubrirse aplicando algunas de las reformas propuestas en el Referendo. Por sí solo, el anuncio causó sorpresa y disgusto entre congresistas, industriales, analistas económicos y en la sociedad en general.

Algunos señalan que el Gobierno no hizo bien las cuentas y que está generando alarma para que el Referendo sea aprobado, pues algunas de las medidas tomadas por Uribe cuando se posesionó prometieron estabilidad económica. Las fuentes consultadas señalaron que hay que tener en cuenta que el Congreso aprobó el año pasado una reforma tributaria para recaudar cerca de 2,5 billones de pesos por año. Además se cobró un impuesto al patrimonio que representó ingresos por otros 2,4 billones de pesos. Y, por último, no se puede olvidar que hay en marcha una reestructuración que tocó a las grandes empresas como Telecom, Ecopetrol, el Seguro Social y que implicará el recorte de por lo menos 47.000 cargos públicos.

Por ello señalan que el anuncio es conveniente, pues se avecina un Referendo que congela salarios públicos y elimina contralorías y personerías.

Aún así el Gobierno dice que los recursos no serán suficientes y que hay faltantes en el Seguro Social y en Defensa.

Sobre la hipótesis de que el Gobierno no hizo bien las cuentas surgen algunas dudas. El director de Prospectiva Económica, Javier Fernández, dijo que no hay sorpresas, pues desde un principio se sabía que el impuesto al patrimonio era transitorio y no podría financiar los gastos permanentes en Defensa.

Por otro lado, la directora encargada de Fedesarrollo, María Angélica Arbeláez, señaló que, "en los estimativos del Gobierno se generaba un ahorro suficiente hasta el 2010. Lo que nos sorprende ahora es que, incluso con el Referendo, se necesitarán recursos adicionales por la vía de bonos o anticipo del IVA. Eso no estaba dentro de las cuentas de nadie".

Por su parte, el presidente del Partido Conservador, Carlos Holguín, rechazó la posibilidad de más impuestos y recordó que así se lo advirtieron al Gobierno en la última reforma tributaria.

No obstante, se supo que el Gobierno está contemplando algunas medidas para hacerle frente a la situación fiscal. Entre ellas se encuentran: Anticipar para el 2004 el cobro del IVA del 2 por ciento previsto para el 2005 y que cobija a todo lo que hoy está exento como los alimentos (frutas, verduras, cereales), los arriendos y el transporte público. Hacer una emisión de bonos que se traduce en menor liquidez para las empresas porque es un préstamo del sector privado al Ejecutivo. Una reestructuración transitoria del sistema de pensiones. Y congelar por dos años los salarios y pensiones de los empleados públicos que ganan más de dos mínimos y por cuatro años para los que devengan más de 25 mínimos.
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