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Corte Constitucional deja sin vigencia cobro de valorización nacional

Jueves 27, 9:00 horas. Por no tener suficiente sustento constitucional, la Corte tumbó el cobro, a través del cual el Estado aspiraba a recaudar este año más de 70.000 millones de pesos. La suspensión de los servicios públicos en hospitales y cárceles también fue reprimida.

23 de febrero de 2003

Las dos razones que sustentaban el cobro (costo de obra y beneficio que le da al propietario del inmueble), no tienen, según el magistrado Eduardo Montealegre, presidente de la Corte, base legal en el decreto de 1966. Lo que originaba que el Ejecutivo calculara el impuesto sin ese tipo de bases, originando en muchos casos excesos en el cálculo del impuesto que se le cobra a la gente.

"Esto no quiere decir que los actuales cobros de valorización municipales y departamentales queden sin vigencia. Los que se están cobrando siguen vigentes. Las asambleas y los concejos deben tener en cuenta estos parámetros para fijarlos hacia el futuro", dijo Montealegre.

El actual impuesto de valorización que se cobra a los bogotanos no está cobijado en la sentencia de la Corte Constitucional. Sin embargo afecta el cado del anillo vial que amplió la autopista Norte, entre otras obras construidas por la nación. Ésta beneficia a municipios como Chía, Gachancipá, Tocancipá y Sopó.

La directora de Invías, Gloria Cecilia Ospina admitió que la decisión del tribunal tendrá consecuencias económicas, porque la institución contaba con los recaudos por valorización de los proyectos previstos para los próximos cinco años.

Así mismo la Corte exigió a las empresas de servicios públicos que para suspender la prestación del servicio por no pago tiene que advertirle al usuario la sanción y si éste tiene algún reclamo y no ha pagado, la empresa tiene primero que resolver su inquietud y si persiste en el no pago, el servicio se le puede cortar.

Tampoco se podrá suspender el servicio en hospitales y cárceles que no hayan pagado, porque evidentemente un gran número de gente que se encuentra en condiciones especiales se vería afectado.

Otra de las decisiones tiene que ver con los parámetros que deben tener en cuenta las comisiones de regulación de los servicios públicos a la hora de fijar o incrementar las tarifas por la prestación del mismo.