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| 6/12/2005 12:00:00 AM

El gobierno de los sofistas

Jueves 16. "El actual periodo presidencial se ha caracterizado por los innumerables sofismas creados por el gobierno mismo y sus altos funcionarios", escribe Alfonso López Barón, lector de SEMANA.COM.

El actual periodo presidencial se ha caracterizado por los innumerables sofismas creados por el gobierno mismo y sus altos funcionarios.

Hoy los Colombianos, sin tener más esperanzas, se encuentran aferrados a una falacia institucional muy bien promocionada por los medios de comunicación. Desde las encuestas de favorabilidad hasta las dudosas estadísticas de pobreza e inversión social del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

El principal exponente de esta escuela sofista criolla es el ex ministro Fernando Londoño. Entre sus muchas falacias expuestas se encuentra la de la calidad de trabajador de Invercolsa cuando no lo era. Y, últimamente, cuando expresó que la imposición de penas justas y la reparación de las víctimas por los daños morales y materiales causados por los narcoterroristas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), era una venganza social. Sin contar sus paupérrimos argumentos para obstaculizar la función de la única corporación que goza de credibilidad en este país y que tiene muchos enemigos, incluso dentro de las mismas altas Cortes, la esa sí Honorable Corte Constitucional.

Ante el fracaso dirigió su arsenal jurídico-falaz contra la acción de tutela que por fortuna para el pueblo colombiano no han podido modificar.

El Ministro de Hacienda ha expresado que el programa de 'Bogotá sin hambre' liderado por Lucho Garzón en la capital de la República, es un plan asistencial. Pero, según él mismo, las exenciones tributarias (Ley 788 de 2002 aprobó 17 exenciones tributarias, Ley 863 de 2003.) a quienes no la necesitan, generan empleo. Sin tener en cuenta que con esas exenciones tributarias se pueden construir escuelas o alimentar niños para mejorar su desarrollo psicomotriz.

Así las cosas, la Presidencia de la República ha salido a expresar que en Colombia no hay conflicto interno sino amenaza terrorista. Así desconoce la historia insurreccional de esta patria, desde la revolución comunera hasta la actual guerra narcotizada y pretende esconder los más de treinta mil hombres que conforman los grupos ilegales, los dos millones de desplazados por la violencia narco guerrillera y narco paramilitar.

Los últimos golpes de los extremistas de izquierda a las fuerzas armadas así lo desmienten y nuevamente entra la contradicción gubernamental: reelegir a Uribe para ganar un conflicto inexistente.

El gobierno y su actual consejero de Paz han pretendido convertir el genocidio, las masacres y el narcotráfico en delitos conexos al delito político de sedición. Olvidan que este requiere causas altruistas e ir en contra del sistema político vigente para tipificar el delito de sedición. Como si expropiar cuatro millones de hectáreas de las mejores tierras cultivables del país, asesinar a indefensos campesinos con motosierra, desplazar a millones de Colombianos a las urbes a mendigar y prostituirse fuera una causa altruista. Lo único que logran es justificar el proyecto político, económico y militar de las fuerzas ilegales más brutales que haya existido en la historia de Colombia: las AUC.

De la misma forma han expresado que para adelantar un proceso de Paz se requiere el cese del fuego. Mientras tanto, la amenaza de las facciones narco paramilitares se propagan como epidemia en el sur de la capital del País.

El hecho más vergonzoso lo acabamos de presenciar los Colombianos, cuando el ministro del Interior y Justicia, Sabas Pretel de la Vega, manifestó de la forma más cínica y descarada que la toma de Toribio por parte de las Farc fue una violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Lo que hubo en realidad fue un choque armado entre representantes del poder coercitivo y legítimo del Estado (Policía Nacional y Fuerzas Militares de Colombia) y las fuerzas insurgentes.

Pero cuando decapitaron tres niños, les abrieron las entrañas junto con cuatro adultos más que se encontraban desarmados en San José de Apartadó, que también era una comunidad de Paz, el propio Presidente de los Colombianos jamás expresó que se estuviera violando el Derecho Internacional Humanitario, sino que manifestó que éstas víctimas de la amenaza narco paramilitar eran informantes de las guerrillas. ¿Justificó o condenó?, ¿a quiénes?, ¿a las víctimas o a los victimarios?

Esa contradicción estúpida de la negación del conflicto interno y las airadas declaraciones esgrimiendo el Derecho Internacional Humanitario, es otra dicotomía de este Gobierno leguleyo.

El gobierno debería ser coherente en el discurso sofista que emplea. Expresan que no hay conflicto pero en la primera toma que hay a alguna población reclaman el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario y piden reelegir al mesías para salvar esta patria del conflicto interno inexistente.
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