Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2005/03/06 00:00

El nuevo Plan Colombia

Lunes 7. El segundo mandato de Bush plantea algunos cambios en la política nacional contra las drogas y el terrorismo. Análisis de Robinson Salazar.

El nuevo Plan Colombia

Con la administración Bush la guerra en Colombia entro en la fase de degradación, las confrontaciones han abierto otros frentes de combate, la trilogía de la cual nos habla Clausewitz (táctica-estrategia y determinación del centro de gravedad) se ha desvanecido, el recurso moral entro el circulo de la corrupción y atrajo a su seno a todos los segmentos sociales de la nación. Gobierno, fuerzas militares estatal, fuerzas insurgentes, paramilitares, policías privadas, ejercito irregular de denunciantes anónimos, complicidad del delito en todos los rincones sociales y comercialización con la muerte ha llevado al país a un desfiladero que no se otea un horizonte de paz en los próximos 20 años.

El hecho de conectar el Plan Colombia con el Plan Puebla Panamá y la ampliación o regionalización del conflicto hasta llevarlo a las fronteras de Perú, Ecuador, Brasil y Venezuela, es la égida de una búsqueda de mantener seguras las reservas de petróleo que en América Latina y El Caribe existen, las cuales cifran alrededor del 13% de las reservas mundiales, siendo México y Venezuela los dos países con mayores recursos.

La tendencia incremental de las fricciones y desencuentros entre el gobierno de Álvaro Uribe de Colombia y Hugo Chávez de Venezuela no es más que la expresión de los intereses norteamericanos en asegurar el suministro de petróleo venezolano, sirviendo el gobierno colombiano de herramienta hostil para desarreglar las relaciones entre los dos países y abrir una brecha para agilizar la ingerencia directa en Venezuela.

Desde septiembre del año 2003, el gobierno colombiano anunció el desplazamiento de un batallón de 400 efectivos de elite hacia las fronteras con Venezuela, mismas que se encuentran infectadas de micro células de paramilitares a lo largo de la Sierra del Perijá, actuando desde Maracaibo hasta San Antonio del Táchira, secuestrando, extorsionando, asaltando y provocando roces interfronterizos a lo largo de los 2,219 Kms de línea de demarcación. Esta movilización militar cuenta con 46 tanques AMX30 que Colombia adquirió a España; también dotó de nuevos recursos humanos y logísticos la línea que va de Castillete, Guajira hasta Río oro, en la zona de la Gabarra en el Norte de Santander para que hagan inspección, sin tener un punto fijo de vigilancia, sin embargo, sirven de soporte a las células paramilitares del Perijá.

Como auxilio para la labor de los militares, se han establecido siete radares localizados en Turbo, Antioquia, San José del Guaviare en Guaviare, Marandúa en Guainía, la Guajira, Tres Equinas en Caquetá, el Chocó y en la zona fronteriza de Venezuela. Estos radares emiten las señales a través de coordenadas a los aviones A37, OV10, Kfir y Mirage las 24 horas del día a fin de ejercer un control sobre los movimientos en las regiones de conflicto. Indudablemente que el circulo se cierra con los 17 radares de Aeronáutica Civil para vigilar el espacio aéreo, esto sin mencionar los cinco adicionales que Aeronáutica Civil está instalando en Leticia, Amazonas, El Picacho de Bucaramanga, Cerro Belalcázar en Pereira, El Tablazo de Bogotá y Carepa en el Urabá de Antioquia.

Como se observa, el conflicto no es focal, sino guerra nacional, aunque no se confronte bélicamente en las regiones urbanas, los remanentes de la guerra si llegan al entorno urbano, donde se ejecutan los secuestros, denuncia contra lideres comunitarios o sindicalistas, ejecuciones contra críticos del gobierno y silencio absoluto de lo que ocurre cotidianamente.

Para agudizar la confrontación, a mediados de 2004, el presidente Bush, bajo la lógica confrontacional exigió al Congreso incrementar el número de militares norteamericanos, de 400 a 800, sin embargo le fue autorizado 500 en total, cien más de los que venían actuando, a la par brindó un apoyo económico mayor a un nuevo segmento de la guerra, el Plan Patriota, cuyo resultado es generar una metamorfosis en el Plan Colombia inyectándole $110 millones en el año 2004 y se enviarán entre 14 mil y 15 mil soldados al sur de Colombia.

Plan Patriota tiene una definición dual, patriota en tanto profundiza el nacionalismo y coloca a Colombia como país asediado por las naciones fronterizas que dan alojamiento a las guerrillas; regional, en cuento confronta a gobiernos que no apoyan la política exterminadora de Uribe.

El objetivo es llevar la guerra más allá de las fronteras de Colombia bajo el lema de llevar la persecución de los insurgentes en territorio interfronterizo, incluso, en estrecha colaboración con agentes y corporaciones militares de las naciones que colindan con Colombia, producto de ello son las aprehensiones de dos dirigentes de las FARC, Juvenal Ricardo Palmera, Comandante "Simón Trinidad" en enero de 2004 en Ecuador y Rodrigo Granda, "Comandante" en diciembre de 2004 en Venezuela, ambos cumplían labor de divulgación y solidaridad internacional, una, lo que ha derivado en un conflicto entre los gobiernos de Chávez y Uribe.

Aquí se abre una ventana analítica para disolver el engrudo de la política internacional y nacional de la administración Uribe.

La política interna no se desvincula de la externa, sino que conforman anillos concéntricos, donde los nexos o enlaces entre los círculos son las dimensiones que le da al concepto de seguridad, cuyo objetivo es complejizarlo de tal manera que incorpore el mayor numero de variables que afecten la subjetividad colectiva de la ciudadanía con el objeto de colocarlas en el terreno de la predisposición en contra de las fuerzas insurgentes.

Las piezas discursivas buscan esa interconexión, conectan lo global con lo local, lo mismo es el terrorismo que acusa Bush en Irak que las FARC en Colombia, no hay límite, distinción ni particularidad alguna, la intención es hacer de esa amalgama una nueva amenaza en contra de la seguridad humana, resaltando los temas domésticos como el secuestro, el robo, el asesinato, el miedo colectivo y la inseguridad de los espacios públicos.

Esa seguridad humana vulnerada por el narcotráfico y los terroristas, no sólo atentan contra las colectividades humanas, sino que ponen en riesgo la seguridad económica, donde el empleo, la política publica, los ingresos al fisco, las inversiones que generan empleo sufren deterioro y no se ponen al servicio de las comunidades, lo que genera desempleo, miseria, hambre y pobreza. La seguridad económica es otro lado del fenómeno que debe cuidar el Estado pero solo no puede, dado que el narcotráfico y el terrorismo actúan en ámbitos internacionales y combatir su accionar requiere la cooperación de los países aliados, de ahí la seguridad internacional es un pilar para derrotar al enemigo.

El concepto de seguridad tiene tres dimensiones, donde las acciones para combatirlos tienen fronteras porosas entre cada dimensión. Ahora bien, mostrarlo complejo pero relacionado con ámbitos domésticos le ha permitido al gobierno de Uribe la construcción de un imaginario del miedo que se ubica como manto o domo que cubre la subjetividad colectiva de los colombianos, donde todo aquello que atente contra la seguridad (en sus tres dimensiones) pone en riesgo su salud, seguridad individual, el trabajo, los ingresos, la familia, sus desplazamientos y sus pertenencias.

Ese discurso ha permeado a muchos sectores sociales de Colombia y lo estructuraron justo cuando los conflictos, por la desintegración de la Unión Soviética, se desideologizaron y se tuvo que reinventar un enemigo para seguir apropiándose de los recursos estratégicos, de ahí surgieron las nuevas amenazas, de las cuales, dos son las que se priorizan en Colombia: Narcotráfico y Terrorismo; en esta vertiente política surge la seguridad democrática, como un afluente del pensamiento neo-conservador norteamericano que se fecunda en Colombia.

La Seguridad Democrática es un instrumento discursiva para acusar a todo aquel que piensa o actúa distinto al gobierno; es parte del conjunto de la caja de herramientas que contiene, además de la seguridad democrática, la ley de armas, la creación de redes de informantes y los soldados campesinos, todo ello significa que el paramilitarismo se queda y se acepta como un fenómeno de paranormalización, donde el objetivo es hacer extensional el concepto de terrorismo con el propósito de que sea tan abarcativo que cualquier conducta crítica u opositora cae dentro de ese apartado, significando un atentado contra los derechos humanos.

Lo extensional en la definición del terrorismo le permite ver lo que no se observa; esto es, como el terrorista es un enemigo invisible, desconocido, que actúa de manera súbita y casi de manera individualizada, dificulta combatirlo. Para no perder la batalla contra un enemigo inventado, lo magnifican y cualquier persona puede ser potencialmente un terrorista, de ahí que mediante la seguridad democrática han asesinado miles de colombianos que se dedican a la academia, a la política y a la defensa de los derechos humanos en comunidades desprotegidas.

Lo anterior es la explicación de lo que acontece en Colombia, donde el terror es la forma totalitaria de la guerra y de la política. Vuela por los aires la convención bélica y el código político traspasa los límites morales y una vez cruzado el umbral no parece ya posible establecer limitación alguna.

Otra orientación práctica del Plan Patriota es la de cooptar el territorio del sur de Colombia, el 20% del territorio nacional, cuya localización es una zona estratégica por dos razones: 1).- Como escenario para definir la guerra en Colombia, entre asesores militares y contratistas -mercenarios- norteamericanos, aliados al ejército regular y paramilitares colombianos, que en conjunto intentan derrotar a las FARC-UP y al ELN., por temor a que se extiendan sus frentes de guerra, hacia la selva amazónica y la cuenca del Pacifico en donde les será imposible vencerlos como pretenden. 2).- Es una zona estratégica por su riqueza en recursos naturales, biodiversidad, agua dulce, oxígeno, minerales preciosos y estratégicos, especialmente petróleo.

En la zona en mencionada existen intereses particulares de George W. Bush, propietario de la empresa petrolera Harken Energy, que desde tiempo atrás realizaba labores de exploración y de explotación del petróleo con una inversión de más de 300 millones de dólares; igualmente operaciones petroleras y de vigilancia en el oleoducto de la transnacional norteamericana Occidental Petroleum.

Otra importancia de la región sur es La Base de Manta en Ecuador, la Estación de Radar en San Lorenzo, y una base militar en el Oriente que sirve para entrenamiento de soldados del cono sur, y está planeada la construcción de una nueva base militar en la isla de Baltra, ubicada en el Archipiélago de Galápagos para la utilización de la marina y aviación norteamericana. Esta guirnalda de bases se sumarían a las que se encuentran en Perú en el Alto Huallaga e Equitos, en Brasil disponen de la base de Alcántara, con las cuales cercan y monitorean a las FARC-UP y al ELN. Tres Esquinas, en Colombia; Manta, en Ecuador; Urabá y su base Reina Beatriz; Curazao con la base Hato Rey; El Salvador: Comalapa; en Costa Rica: se encuentran negociando la instalación de una base que se llamará Liberia; Honduras: Palmerola y Soto Cano.

El escenario bélico y la ubicación estratégicas de las bases militares, son un significado e ilustración de cómo las empresas transnacionales son acompañadas por gestiones de gobiernos y Estados proclives a la guerra, negando con sus comportamiento que en ningún momento el Estado abandono la economía, ni se retiró del mercado, antes por el contrario, le abre caminos, la garantiza su seguridad, violenta los derechos humanos y sociales, arremete violentamente sembrando el terror para que la ciudadanía y los trabajadores no reclamen sus derechos y sirve en la mesa a los grandes intereses empresariales.

En conclusión, la guerra en Colombia tiene varios sentidos, la multidimensionalidad del conflicto hace que pensemos que la paz o pacificación esté lejos, los acercamientos que se dieron con gobierno anteriores no se dibuja en el mapa mental del gobernante Uribe ni en Bush, puesto que sería reconocer a las FARC como fuerza política. Las reuniones de Tlaxcala, México y la del Cagúan se perciben como signos de debilidad del Estado ante los insurgentes, de ahí que no se convoque a una nueva mesa de negociación, sino que se aspira a la rendición del adversario, lo cual es inverosímil pensarlo.

La guerra es frontal, amplia, extensiva y va más allá de las líneas fronterizas, dado que muchos de los recursos estratégicos no se concentran sólo en Colombia, sino que los comparte con países vecinos, de ahí que la región esta en peligro de convulsionarse y serán muchos los roces y los desencuentros entre los gobernantes andinos, las violaciones de las fronteras y las formas contestatarias que se opondrán a la explotación indiscriminada de las riquezas naturales.

El artículo es un avance del libro 'La nueva guerra en Colombia', de Robinson Salazar, que saldrá publicado en próximos días.

* Sociólogo, doctorado en Ciencias Políticas y en Antropología Social en Universidades mexicanas, Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, México, Director de la Red de investigadores latinoamericanos por la Democracia y la paz, autor de tres libros y coordinador de 8, ha escrito mas de 90 artículos publicados en revistas científicas.

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