Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 2008/10/25 00:00

Elevan cargos contra 5 funcionarios en la Procuraduría

Elevan cargos contra 5 funcionarios en la Procuraduría

El Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón elevó pliego de cargos contra cinco funcionarios de esta entidad por incurrir presuntamente entre otros, en el delito de concierto para delinquir al solicitar y obtener dádivas, dinero, contratos y favores de alcaldes, gobernadores y congresistas a cambio de favorecerlos con las actuaciones preventivas y disciplinarias a su cargo.
 
La decisión fue asumida por el Ministerio Público contra Ana Gilma Mahecha, Profesional Universitario grado 17; Adriana del Carmen Botero Asesora Grado 24; Luisa Fernanda Sierra Aldana Asesora Grado 19; María Patricia Ríos, sustanciadora grado 11 y Gustavo Quintero Quintero asesor Grado 19, con funciones en la Procuraduría Delegada para la Descentralización y entidades territoriales, la Procuraduría Auxiliar para asuntos disciplinarios y Grupo Especial de Regalías.
 
A juicio del ministerio público, los funcionarios pudieron incurrir en asesoría ilegal a los ex gobernadores del departamento de Casanare como William Pérez Espinel, Miguel Angel Pérez Suárez, Helí Cala López y Oscar Raúl Iván Flórez Chávez, así como a Flor Angela Alfonso Montaña, en su condición de gerente de la Empresa de Aguas de Yopal y Lilian Fernanda Salcedo Restrepo, alcaldesa de Yopal, entre otros.
 
Afirmó que las labores propias de los funcionarios objeto de esta decisión, les permitían tener contacto permanente con peticiones de información, vigilancia sobre el giro y ejecución de recursos de las entidades territoriales e intervención en las administraciones locales, en especial en los departamentos de Casanare y Guajira.
 
El ministerio público anotó que los investigados al parecer participaron en un concierto para delinquir progresivo y continuo mediante el cual gestionaron a favor de terceros y obtuvieron de ellos beneficios de distinta índole, para si y para otros, lesionando con ellos los intereses de la administración pública.
 
La Procuraduría consideró que la señora Ana Gilma Mahecha al parecer intercedió de manera indebida para favorecer a terceros, prestó asesorías de manera ilegal; violó la actuación procesal, incurrió en falsedad en documento privado; prevaricato por acción, concusión, posible utilización del empleo para presionar a particulares a respaldar una causa o campaña política, posible incremento patrimonial injustificado y concierto para delinquir.
 
Los cargos contra Adriana del Carmen Botero Giraldo fueron elevados por presunto prevaricato por omisión, por falsedad en documento privado, posible asesoramiento ilegal y concierto para delinquir; contra la señora Luisa Sierra el ministerio público consideró que pudo haber incurrido en asesoramiento ilegal incremento patrimonial injustificado y posible concierto para delinquir.
 
La determinación del ministerio público cobijo además a Patricia Ríos Cardona y Gustavo Quintero Quintero por posible asesoramiento ilegal y concierto para delinquir.
 
En concepto de la Procuraduría las conductas descritas constituyen faltas disciplinarias gravísimas y a título de dolo en virtud de las normas contenidas en la Ley 734 de 2002.

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