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| 7/7/2003 12:00:00 AM

E.U certificó a Colombia en derechos humanos gracias al retiro del general Gabriel Díaz.

Miércoles 9, 8:00 horas. Así lo dio a conocer el portavoz del departamento de Estado estadounidense. Al hecho se le suma el retiro de más de una docena de oficiales del Ejército y a las numerosas acciones contra el paramilitarismo.

Por esa razón, Colombia recibirá 31.6 millones de dólares en los próximos días. La suma equivale al 12.5 por ciento de la ayuda del Plan Colombia destinada para que llegue durante este año fiscal.

"Luego de una minuciosa revisión el secretario de Estado, Colin Powell, determinó que Colombia está cumpliendo con los criterios establecidos en DD.HH y con el rompimiento de vínculos con el paramilitarismo", anunció el portavoz del departamento de Estado Phillip Reeker al dar a conocer la noticia.

Reeker señaló que entre las cinco condiciones puestas por el departamento de Estado para aprobar la ayuda, se encuentra la lucha contra el paramilitarismo. Una prueba de que ésta ha sido cumplida por el gobierno colombiano, es el retiro del general Gabriel Díaz, quien supuestamente estuvo involucrado en la pérdida de un cargamento de dos toneladas de cocaína en la Costa Atlántica el año pasado. Las pruebas que lo implicaron fueron presentadas por Estados Unidos. "Recientemente Gabriel Díaz fue retirado de las Fuerzas Armadas por sus lazos con los paramilitares y narcotraficantes", explicó Reeker.

Sin embargo, hasta la fecha el gobierno colombiano solo ha dicho que le pidió la baja a Díaz en uso de su "facultad discrecional", pero sin dar mayores explicaciones.

Otras de las razones que menciona Estados Unidos para otorgar la certificación es la captura y muerte de más de 1.000 paramilitares en lo corrido del año.

Las ONG se oponen

En cuanto se hizo oficial la certificación, algunas organizaciones no gubernamentales se opusieron, pues señalan que en Colombia la violación de los derechos humanos sigue manifestándose en su máxima expresión y que aún no se ha podido desvincular al Ejército del paramilitarismo.

Las organizaciones, en cabeza de Human Rights Watch (HRW), presentaron un minucioso reporte en el que señalan que en Colombia no ha mejorado el respeto a los derechos humanos y por ende, no ha cumplido ninguna de las condiciones impuestas por Estados Unidos para darle el visto bueno a Colombia.

"Esta es la quinta vez que en tres años el departamento de Estado certifica a Colombia a pesar de la contundente evidencia de incumplimientos frente a las seis condiciones", señala una carta firmada por HRW. Según la organización, el nexo entre paramilitares y Ejército sigue siendo evidente.

El reporte presentado también cuestiona el que el gobierno colombiano no investigue ni castigue a militares vinculados a violaciones de derechos humanos. En parte atribuye esta situación al Fiscal Luis Camilo Osorio, de quien señala que obstaculiza y bloquea cruciales investigaciones.

Según las organizaciones, los fiscales han documentado lazos extensivos entre la cuarta brigada y los paras durante los años en que Ospina la presidía (1997-99) y la supuesta participación de estos militares en la masacre del Aro en Octubre de 1997. Ospina, afirman, nunca fue investigado pese a que por lo menos tres comandantes de batallones bajo su mando fueron investigados y condenados por sus nexos con los paras. Resaltan a su vez el caso del general Carlos Ávila Beltrán, actual agregado militar de Colombia en Corea del Sur.

De acuerdo con estas, en 1997 Ávila era comandante del batallón Joaquín Paris en San José del Guaviare cuando sucedió la masacre de Mapiripán. "Pese a que la Procuraduría concluyó que había fallado en proteger a más de 30 personas (que murieron ese día) y a que un juez recomendó que se iniciara una investigación formal, Ávila siguió siendo promovido" hasta llegar a su cargo actual dice el reporte

Para justificar su acusación, el reporte presentado presenta algunos casos en los que los nexos y la incompetencia se hacen evidentes.

Las Ong alegan que los militares tampoco están cooperando con la justicia civil como lo requiere otras de las condiciones para desembolsar la ayuda. Y hacen hincapié en el caso de Santo Domingo, Arauca, en el que murieron 18 personas en 1998. "Antes que realizar una investigación imparcial, los militares se dedicaron a encubrir, responsabilizando a la guerrilla por el incidente", dicen.

Así mismo insisten en que tampoco hay evidencia que demuestre que el Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas está suspendiendo del servicio activo a oficiales que se sospeche estén involucrados en violaciones de los DD.HH. como lo pide la ley del Congreso. Por el contrario, afirman, "los militares sostienen abiertamente que no suspenderán a nadie basándose en sospechas o evidencia". Argumento que les parece contradictorio pues frente errores de procedimiento o violaciones a las regulaciones internas de la institución si suspenden mientras se investigan los hechos.

Mencionan como ejemplo de esto la suspensión inmediata de los militares involucrados en el robo de millones de dólares de una guaca que pertenencia a las Farc o el retiró del servicio, mientras se aclaraban los hechos, de los soldados que dispararon por error contra un grupo de niños en Pueblo Rico, Antioquia, en agosto del 2.000.

Con estos argumentos, las ONG cuestionan la certificación dada y se proponen evitar una segunda que se daría antes de que culmine el año fiscal estadounidense (30 de septiembre), la cual le daría vía libre al 87.5 por ciento restante de la ayuda total de 250 millones de dólares para este período.
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