Ex presidentes, a favor del acuerdo humanitario

Los firmantes de la misiva son los ex presidentes Alfonso López Michelsen, Julio César Turbay y Ernesto Smaper. A ellos se les unieron dos gobernadores, el director del diario VOZ, ONG de Derechos Humanos, miembros de la Comisión Facilitadora, de la de Conciliación Nacional y de la del Congreso. Todos ellos les pidieron a ambas partes "grandeza y voluntad", para "acabar con el sufrimiento" de cientos de secuestrados.

Por su parte, monseñor Luis Augusto Castro y el padre Darío Echeverri, se reunieron con la comisión del Congreso creada para el tema del acuerdo humanitario. "Vamos lento, pero seguro", dijeron a los medios, y se mostraron optimistas con respecto a su misión de lograr que las partes se aproximen a la suscripción de un acuerdo de este tipo.

Entre tanto, la fundación Seguridad y Democracia hizo pública ayer una propuesta de acuerdo humanitario para adelantar en el tema. Según esta iniciativa, las partes deben nombrar sus voceros oficiales con capacidad de decisión en el término de 15 días, para realizar un primer encuentro exploratorio en un país extranjero, como Brasil o Venezuela.

La iglesia Católica y las Naciones Unidas mediarían en el acercamiento, del que debería salir una agenda y un cronograma de negociación no superior a tres meses, luego de lo cual se entraría a la fase de negociación.

La iniciativa fue apoyada ayer por el embajador colombiano en Estados Unidos, Luis Alberto Moreno, quien señaló en declaraciones a una emisora colombiana que, "este acercamiento con la ONU es muy positivo, el gobierno del presidente Uribe siempre ha tenido la puerta abierta para que se den esos diálogos, previo unas condiciones que se cumplan, entre otras esa facilitación por parte de las Naciones Unidas y un cese de hostilidades".

La carta también se refiere a las gestiones tanto de la iglesia, como de las ONGs. "Respaldamos las gestiones de buena voluntad que la ONU y la Iglesia Católica están llevando a cabo en este proceso y pedimos de la manera más contundente les sean dadas todas y cada una de las garantías necesarias para poder lograr su fin", señala.

La guerrilla, por su parte, ha sostenido que liberaría a todos los militares y policías que mantiene en cautiverio, a los secuestrados que se encuentren en situación crítica de salud, a los niños y ancianos, a los extranjeros y a las personalidades que han sido secuestradas para presionar al Estado la realización del intercambio humanitario. La identificación de las personas objeto de este acuerdo humanitario estaría a cargo del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Así mismo, el Estado se compromete a suspender operaciones militares en el área rural de un municipio del país a convenir, durante un tiempo determinado, que podría ser de un mes antes y un mes después de la realización del intercambio humanitario.

Finalmente, los guerrilleros liberados por el Estado saldrían del país y serían ubicados en cuatro países, Brasil, Venezuela, Ecuador y Francia, dependiendo de la disposición de sus respectivos gobiernos a garantizar su manutención inicial y de la decisión de la guerrilla.