Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2003/03/17 00:00

Fallo de la Procuraduría exonera a acusados en TermoRio.

Viernes 21, 8:00 horas. El Procurador Edgardo Maya absolvió de cualquier culpa a los ex funcionarios del gobierno Samper que tomaron la decisión de no llevar a cabo el contrato firmado con TermoRio, por el que la empresa había demandado a la Nación.

Fallo de la Procuraduría exonera a acusados en TermoRio.

Hace dos año, un tribunal de Arbitramento obligó a la Nación a pagar más de 62 millones de dólares a la firma privada TermoRio. En ese entonces, quienes estuvieron implicados en la toma de la decisión, fueron acusados de haber actuado negligentemente y de una manera no transparente.

Con base en ello, según el Ministerio público, tanto Cecilia López, jefe de Planeación Nacional en ese entonces, como Antonio Urdinola, ministro de Hacienda, y Orlando Cabrales, ministro de Minas, actuaron de manera transparente y "no se les puede endilgar ningún reproche" por las decisiones que tomaron.

Sin embargo, no todos los implicados en el caso salieron bien librados en este fallo ante el cual solo procede una revisión del mismo procurador.

Enrique Ramírez Yánez, superintendente de Servicios Públicos del gobierno Pastrana y Antonio Holguín Calongue, gerente de Electranta, empresa que también se vio afectada por la negativa a firmar el contrato, fueron sancionados.

El primero, fue sancionado con el pago de una multa equivalente a 90 días de salario mensual devengado para la época de los hechos (cerca de 21 millones de pesos).

Mientras tanto Holguín Calongue, quien se encuentra prófugo de la justicia, fue sancionado con la destitución de su cargo y una inhabilidad de cinco años para ejercer funciones públicas.

También fue procesado por la justicia penal por omitir deliberadamente la adopción de medidas para solucionar los inconvenientes con TermoRio y buscar así el resultado final: la sación impuesta a la Nación por un tribunal de Arbitramiento, que ascendía a más de 62 millones de pesos.

Otros afectados por la decisión de la Procuraduría fueron algunos miembros de la junta directiva de Electranta Carlos Comte Lamboglia, Rodolfo Smith, Gabriel Martínez Aparicio y Róbinson Pérez.

Fueron destituidos e inhabilitados por cinco años para ocupar cargos públicos porque, según la Procuraduría, omitieron de manera deliberada la adopción de medidas para subsanar los problemas que surgieron del contrato con TermoRio, con lo que habrían provocado un incremento patrimonial injustificado de esa firma privada.

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