Garantías electorales

Nos llegó el mes de noviembre y entramos a las postrimerías de un año que se caracterizó por esperas angustiantes. La primera, relacionada con la legitimación de la aspiración reeleccionista de Uribe. La segunda, con la aprobación de la ley de garantías a la oposición. La tercera, con el visto bueno de la Corte Constitucional a la reelección. Y por último, la que se cerrará el 11 de noviembre con el fallo de exequibilidad o inexequibilidad a la ley de garantías. Especialmente esta última trae consigo un concierto de expectativas que bien pudieran desbordar las que se cerraron con el visto bueno a la pretensión reeleccionista. No es para menos. Según el pensar de algunos analistas, la normatividad sobre reelección está encadenada a las garantías electorales de la oposición, lo cual tiene su lógica. Y a pesar de que Uribe ha ofrecido poner todo su empeño en que la oposición cuente con todas las garantías para su actividad proselitista, ello no es suficiente. Máxime si tenemos en cuenta que al propio Presidente le quedará tan difícil mostrar su cara de mandatario sin que se le note la de candidato; como imposible se nos hace a algunos no relacionar un vientre ondeante con la cara de cierta cantante de moda. Esa es la relación que forzosamente se nos viene a la cabeza cada vez que vemos al candidato, Perdón, al Presidente: desplegando su mejor sonrisa ante las cámaras y entregando subsidios con gesto generoso, como si los recursos entregados hubieran salido de sus propias faltriqueras y no del arca común de todos los colombianos. La verdad es que por más que resulte exequible la ley de marras, ella no será suficiente, como tampoco lo son las promesas de Uribe. Muchas expectativas que la oposición tenía quedaron por fuera de la ley y muchas de las promesas no pasarán de eso, de promesas. Tal vez si el Presidente se concentrara más en gobernar y pospusiera su afición histriónica para después, le haría un gran favor a nuestro remedo de democracia. Los anuncios gubernamentales podría dejarlos en manos de sus ministros y con ello facilitaría que las decisiones del electorado se basaran realmente en el respaldo o rechazo a su gestión y no en el subliminal mensaje que proyecta su beatífico rostro. Tal vez la primera demostración de que el Presidente quiere rodear a la oposición de garantías podría venir de una orden perentoria a sus segundos en el Gobierno, para que abandonen las tareas proselitistas en que algunos se hayan comprometidos. A manera de ejemplo sirve el caso de Alfredo Sarmiento, director del Departamento Administrativo de la Economía Solidaria (Dansocial), quien anda yendo a donde lo llamen a pronunciar supuestas conferencias académicas sobre el tema de comunitarismo (?), de las cuales lo único que queda claro es la conveniencia de instaurar un Estado Comunitario, respecto del cual -según Sarmiento- el único pronunciamiento que se conoce a nivel presidencial es el de Uribe, y para cuya aplicación se requiere de un "largo aliento". ¿No es esto proselitismo reeleccionista? ¿Estos tipos de actividad no les están prohibidos por la Constitución a los funcionarios públicos que ejercen jurisdicción y mando? ¿No fue ratificada tal prohibición por la reforma que permitió la reelección? ¿Qué dice al respecto la ley de garantías? ¿Y la Procuraduría?