Lunes, 16 de enero de 2017

| 2004/02/29 00:00

Gobierno defenderá reforma a la justicia en las altas cortes

Lunes 1, 8:15 horas. El Ministro del Interior se reunirá hoy con los nueve magistrados de la Corte Constitucional para estudiar los puntos de la reforma que fueron rechazados por el ente judicial.

Gobierno defenderá reforma a la justicia en las altas cortes

El ministro de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, anunció que esta semana estará dedicado a defender la reforma en las altas cortes. El turno hoy será para la Corte Constitucional, donde revisará en conjunto con los nueve magistrados las modificaciones que tanto Ejecutivo como Judicial le quieren introducir a las facultades del tribunal encargado de proteger la integridad de la Carta Política del 91.

Pretelt además mostrará sus argumentos en contra del rechazo que expresaron los magistrados el pasado jueves en contra de la reforma propuesta por el Ejecutivo.

Según los juristas, la iniciativa está lejos de fortalecer a esa rama del poder público. Al contrario, sostuvieron, la debilita e impide la protección de los derechos constitucionales y obstaculiza el funcionamiento del sistema de separación de poderes.

Según ellos, el proyecto le quita a la Corte la posibilidad de analizar a fondo y eventualmente rechazar los decretos que declaran los estados de excepción como la Conmoción Interior. Además limita las facultades que tiene el tribunal para pronunciarse en decisiones de tutela para proteger derechos fundamentales.

Al cuestionamiento de la Corte se le suma el del Consejo de Estado, que en días pasados reiteró su oposición a la eliminación de la Sala Administrativa. Para la Judicatura el proyecto no oculta las intenciones de la rama ejecutiva de consumir la independencia judicial, de mutilar el alcance de la tutela y de presentar como innovadores instrumentos y disposiciones que ya existen y que han tenido desarrollo.

Por ello y ante la negativa rotunda de algunos organismos de aprobar la reforma, el ministro del Interior se vio obligado a iniciar la gira por las cortes y defender cada uno de los cambios.

Entre los cambios más polémicos que introduce la reforma están: reforma a la tutela, que propone eliminar la posibilidad de interponer tutelas contra sentencias y decisiones judiciales, y además establece un mecanismo para corregir eventuales violaciones a los derechos de los procesados. Con esta medida el Gobierno busca acabar a futuro con los choques de trenes entre las altas cortes y evitar la alteración del presupuesto por vía de tutelas y sin ningún criterio sobre las prioridades fiscales.

Así mismo establece cambios en lo que a Estados Excepción se refiere. El Ejecutivo busca eliminar las facultades de la Corte Constitucional para rechazar un eventual decreto del Ejecutivo de Estado de Conmoción Interior, por ejemplo. Si hoy la Corte lo considera inconstitucional, puede evitar que se legalice el decreto, como sucede hoy. Si la reforma prospera, el ente judicial se limitaría a estudiar problemas de fondo y forma del decreto, pero nunca podría rechazarlo.

El Gobierno sostiene que las razones para declarar una conmoción son eminentemente políticas y es el Gobierno quien debe evaluarlas y quien asume la responsabilidad política. A la Corte lo que le compete es examinar los decretos que se dictan en desarrollo de esa declaratoria para verificar que las medidas no vulneren la Carta. Pero ese es uno de los puntos ante los que se supone que la Corte no cederá, pues sostiene que en ese caso el organismo se convertiría en un simple notario y entonces se retrocedería en los logros alcanzados por la Constitución del 91.

Otra de las reformas que persigue el Gobierno es la reducción de la estructura administrativa para hacer más eficiente la administración de Justicia.

En un país, con 2.300 jueces, no es posible que se requieran casi 2.000 funcionarios dependientes directa o indirectamente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, sostiene el Ejecutivo.

El propio Consejo de la Judicatura ha planteado la reducción. De las 23 seccionales que hay en el país, se propone pasar a seis regionales: dos en la Costa, una en el Viejo Caldas, una en Nariño, otra en Tolima, la otra en Bogotá y una más en los santanderes.

Por último, el Gobierno busca que la Fiscalía pase a depender directamente de éste. De ello depende la implantación desde el 2005 del sistema acusatorio en el régimen penal. Si hay un sistema acusatorio pleno (con juez, fiscal y acusado) como los hay en el mundo, el fiscal debe depender del Ejecutivo. Eso sí, el equilibrio está dado por el hecho de que hacia el futuro el fiscal no podrá tomar ninguna medida que afecte derechos y libertades ciudadanas.

Pero la Corte sostiene que si las funciones de la Fiscalía se reducen a ello, quedaría cumpliendo las mismas funciones de DAS, por lo que también significaría un retroceso.

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