Impunidad 18 años después del holocausto

Casi cien muertos fue el saldo dejado por la toma y retoma a sangre y fuego del Palacio de Justicia de Bogotá, sucedido el 6 de noviembre de 1985. Entre ellos se encontraron once magistrados de la Corte Suprema, abogados, empleados y visitantes de la sede. Todos sus cuerpos, excepto los de 9 empleados descansan en paz.

Se trata del administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, del jefe de cocina, dos mozos, tres empleadas de la cocina, una abogada y una proveedora de pastelería. Según varias investigaciones y testigos, las nueve personas sobrevivieron al incendio y los tiroteos y fueron evacuadas por agentes y equipos de rescate al Museo 20 de julio, contiguo, donde las interrogaron. Por eso sus familiares piden justicia y que se reabra la investigación sobre el caso.

Solo el cadáver de una empleada fue hallado en el 2000 en una fosa común de Bogotá y sometido a pruebas de ADN.

Enrique Rodríguez Hernández, padre del administrador de la cafetería, Carlos Augusto Rodríguez, que entonces tenía 27 años, denunció que "a los desaparecidos aparentemente se los llevaron en un camión a un cuartel de Bogotá y después fuera de la ciudad, donde los torturaron, asesinaron y sepultaron".

Además declaró ante organismos humanitarios en Ginebra y Nueva York, que otro testigo afirmó que a los desaparecidos los transportaron en un viejo avión a una base aérea y allí se perdió el rastro.

Así mismo, Héctor Jaime Beltrán, padre de otro desaparecido, criticó el hecho de que el coronel Alfonso Plazas, uno de los que dirigió esa sangrienta operación militar, sea ahora el director nacional de Estupefacientes. Tanto Rodríguez como Beltrán aseguraron haber recibido amenazas de muerte en estos 18 años y reclamaron agilizar las investigaciones para que las familias puedan conocer lo sucedido con sus familiares.

Basándose en las denuncias, el Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" se constituyó en parte civil del proceso, que hasta ahora se había centrado en el asalto guerrillero, pero no en la recuperación del control del edificio por parte del Ejército, que entró al lugar con tanquetas y disparando indiscriminadamente.

El trágico día, un comando del Movimiento 19 de Abril (M-19), disuelto en 1990, asaltó la sede de la Corte Suprema de Justicia, que tras más de 24 horas de combates entre los rebeldes y tropas de asalto, quedó en ruinas consumido por el fuego.

Aunque el entonces presidente Belisario Betancur (1982-86) se declaró responsable del resultado, los familiares reclaman una reparación y castigo para los culpables. Además, afirman que la investigación se debilitó luego de que el M-19 firmó un acuerdo de paz con el Gobierno y se reinsertaron sus integrantes, algunos de los cuales hoy son parlamentarios o funcionarios públicos.