Impunidad: la principal preocupación.

"Estamos contra la impunidad y esperamos que el acuerdo no perjudique los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación en cuanto a las propiedades y las tierras confiscadas y la posibilidad de retornar a los lugares de origen de los desplazados internos", declaró ayer el portavoz del comisario europeo de Relaciones Exteriores, Chris Patten.

La CE ha manifestado en numerosas ocasiones que la mayor preocupación frente a un proceso de paz con cualquier grupo armado es la impunidad en la que quedarían muchos delitos atroces cometidos por guerrillas y paramilitares.

Sin embargo, el Gobierno asegura que no habrá impunidad con los paramilitares, pues en ningún momento se detendrán los procesos que enfrentan. "No va a haber impunidad. Las personas que están procesadas por delitos atroces deben ser condenadas y solamente se les va a ofrecer una alternativa en cuanto a la pena: en vez de que sea cumplida en una cárcel, que haya penas alternativas y puedan hacer acciones de reparación social", señaló el Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, en entrevista con un diario nacional.

El martes pasado, el gobierno anunció un acuerdo con el grupo paramilitar que establece la desmovilización del grupo de manera escalonada hasta alcanzar su totalidad a finales del 2005.

"El acuerdo de desmovilización total de las Auc implica un proceso cuyo cronograma vamos a definir en los próximos 90 días. Las primeras desmovilizaciones se iniciarían este año. Avanzaríamos con la mayor rapidez posible y esperamos terminarla antes del 31 de diciembre del 2005. Es decir, terminado este gobierno, no habrá grupos de autodefensa", explicó Restrepo.

Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos ha afirmado en numerosas ocasiones que avala cualquier proceso de paz, con tal de que no se vean afectados los pedidos de extradición que pesan sobre los líderes del grupo, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso. Frente a ello, Restrepo reiteró que no se les dará ninguna garantía al respecto. El único beneficio que se ha planteado es un proyecto "estructurado desde los principios de verdad, justicia y reparación", que le presentará en pocos días el Presidente al Congreso. "En el proyecto se ha planteado que haya una especie de comité de alto nivel, nombrado por el Presidente, que se encargue de mantener viva la memoria sobre estos procesos y que, eventualmente, puedan ser públicos para que cualquier ciudadano pueda aportar nuevas pruebas a la justicia. No va a haber impunidad", insistió.