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| 3/7/2004 12:00:00 AM

"Informe de la ONU se contradice": Gobierno

Jueves 11, 8:20 horas. El Ejecutivo respondió al informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU presentado ayer. Dice que subvalora los resultados obtenidos en materia de seguridad democrática.

Carlos Franco, director del Programa de Derechos Humanos de la Presidencia, criticó ayer el documento presentado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que indica que gracias al Estatuto Antiterrorista del Gobierno se siguen violando los Derechos Humanos y que por ello no se han cumplido las 27 recoimendaciones en la materia hechas hace casi un año.

Además señaló que el informe tampoco reconoce los métodos terroristas de las organizaciones ilegales relacionadas con la explotación de más de 100 mil hectáreas de coca para la producción de más de 700 toneladas de coca, el secuestro de más de 1500 civiles por año, la destrucción de 100 puentes, los campos sembrados de minas antipersonales y el uso indiscriminado de explosivos contra la población civil; así como la destrucción de 483 torres de energía, 62 de comunicaciones y el asesinato de 13 alcaldes y 70 concejales durante 2002.

"La magnitud de esta amenaza, sus recursos, su desprecio por todas las normas humanitarias, su declarada afrenta a la democracia y a la sociedad, sus métodos terroristas y pérfidos generan circunstancias que dificultan el desempeño del Estado para lograr su propósito de garantizar y proteger los derechos humanos y exigen medidas proporcionales a esta amenaza", asegura un documento presentado por el Gobierno.

Además defiende a la política de Seguridad Democrática del Gobierno y sus alcances. Franco aseguró que esta estrategia ha permitido garantizar "la seguridad de todas y todos los colombianos y su bienestar de manera integral", lo cual va de la mano con "la realidad de los resultados y la percepción de quienes habitan el territorio colombiano".

Además indicó que el documento de la ONU subvalora logros de 2003 como la reducción en los homicidios de 68 a 52 por cada 100 mil habitantes (la más baja en los últimos 16 años); la reducción en un 47 por ciento en el asesinato de sindicalistas; en 52 por ciento del desplazamiento forzado; en 33 por ciento las masacres y el secuestro en un 26 por ciento.

Según el funcionario, la organización internacional no tuvo en cuenta "la reconquista del derecho a circular y pensar libremente en vastas partes del territorio en el corto período de un año", las cuales, a juicio del Gobierno "debieran considerarse como elementos de análisis significativos en la valoración que hace el Informe de la situación en Colombia".

También señaló que el Gobierno reconoce que las cifras en Seguridad Democrática no son del todo satisfactorias, sí representan un avance en el respeto de los derechos humanos y protección de vidas amenazadas por los grupos armados ilegales.

Por último indicó que "el fortalecimiento de la autoridad democrática en todo el territorio es la mejor garantía para la plena vigencia de los derechos humanos" y expresa que el Estado, en estrecha colaboración con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y los países amigos, está comprometido en la aplicación de las recomendaciones del anterior informe.

El pronunciamiento del Ejecutivo se dió horas después de que la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos diera a conocer un nuevo informe en el que cuestiona el Estatuto antiterrorista del Gobierno y acusa a los paramilitares de seguir violando el DIH.

Michael Frühling, delegado de la organización en Colombia, le dijo ayer a los medios de comunicación que lamenta, entre otras cosas, que el Gobierno no hubiera atendido la recomendación de retirar la propuesta de dar funciones de policía judicial a las Fuerzas Militares. Dicha medida está incluida en el Estatuto Antiterrorista promocionado por el Gobierno.

El informe señala que el estatuto aprobado en meses pasados por el Congreso colombiano va en contravía de las recomendaciones que la organización internacional le hizo al país.

Sin embargo, Frühling resaltó que algunas de las recomendaciones han sido cumplidas y otras están en camino de serlo. "En relación con el seguimiento de las recomendaciones dadas en el informe el año anterior, en este nuevo informe se destaca que en los últimos meses de 2003 el gobierno colombiano comenzó a implementar varias de ellas, aunque el grado de implementación no fue uniforme", aseguró.

Por otra parte, el documento acusa a los grupos armados ilegales Farc, Eln y Autodefensas de agudizar el conflicto armado por medio de masacres, secuestros y violación de derechos humanos.

Así mismo cuestiona el proceso de paz entre el Gobierno y los paramilitares. "El informe pone de presente que se suscitaron varios interrogantes sobre el tratamiento jurídico que el Gobierno ha propuesto ofrecer a los desmovilizados", concluyó el delegado.
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