La Comisión exploratoria del proceso de paz le sigue apostando al diálogo.

La comisión exploratoria fue creada en diciembre pasado y tiene como objetivo crear los mecanismos para entablar contacto con los grupos paramilitares. Está integrada por Juan B. Pérez, Ricardo Avellaneda, Carlos Franco, Eduardo Espinosa, Jorge Castaño y Gilberto Alzate, y en esta oportunidad, su sugerencia estuvo encaminada a mantener los diálogos de paz con el grupo, a cambio de ciertas condiciones y tomando algunas medidas que faciliten la negociación.

Algunas de esas recomendaciones fueron exigirle a los paramilitares abandonar las actividades ilícitas tales como narcotráfico, robo de combustible, extorsión y secuestro, a la vez que propuso una veeduría y acompañamiento internacional, con el fin de hacer "evidente la seriedad del proceso y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes", dice el documento entregado ayer al Uribe Vélez y al Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo.

También le propone mantener, perfeccionar y verificar el cese total de hostilidades como condición irrefutable para continuar con el proceso, sólo de esta manera se podría retomar la negociación. Igualmente, recomendó el diseño y aplicación de una política de Estado para el tratamiento de grupos de autodefensa, con el fin de evitar la perpetuación y resurgimiento de este fenómeno luego de la desmovilización de esta generación.

Otra de la sugerencias estuvo encaminada hacia la aplicación de la política de seguridad integral en las zonas de influencia de las autodefensas, enmarcada dentro de la política de Seguridad Democrática contenida en el Plan de Desarrollo, lo mismo que definir y concretar alternativas jurídicas que hagan posible el avance de un acuerdo de paz.

Así mismo, la comisión solicitó a la Iglesia Católica continuar como facilitador y testigo del proceso de paz, lo mismo que solicitó adecuar el Programa de Reincorporación del Gobierno Nacional de acuerdo al perfil de los miembros de las autodefensas y gestionar los recursos necesarios.

Por último, la comisión propuso al Gobierno que diseñe y aplique una "'política de Estado' para el tratamiento de grupos de autodefensa, con el fin de evitar la perpetuación y resurgimiento de este fenómeno luego de la desmovilización de esta generación".

A través de dichas medidas, el grupo conciliador busca desmovilizar y reincorporar a la vida civil a los integrantes de las autodefensas, que según sus líderes suman más de 10.000 hombres en armas. También se propone la liberación de las personas secuestradas por ese grupo, el fin del reclutamiento de los menores de edad y el retorno a sus parcelas de los campesinos desplazados por la guerra.