Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 2006/02/12 00:00

La estrategia de las Farc para desmoralizar las Fuerzas Militares

"(...) cualquier atrocidad de las organizaciones criminales puede darse en cualquier momento, a pesar de todas las medidas que para evitarlas", dice el coronel en retiro Homero Herrera sobre los recientes hechos ocurridos en el departamento del Guaviare.

La estrategia de las Farc para desmoralizar las Fuerzas Militares

Los recientes hechos sucedidos en el departamento del Guaviare, en un sitio bastante cercano a su capital, San José del Guaviare, en el que unos cuantos terroristas de las Farc ejecutaron un retén ilegal y secuestraron a veinticuatro ciudadanos, liberando luego a dieciséis de ellos, provocaron un acceso de ira en el Primer Mandatario y la consiguiente vaciada pública a los miembros del Ejército Nacional con responsabilidad en dicha región y merecen un análisis un poco más profundo de los que se han publicado. La recriminación presidencial, se basa en las aparentes declaraciones de algunos comandantes militares, en las que se abrogaban el éxito del rescate de varios de los secuestrados por presión de las tropas que movilizaron una vez tuvieron conocimiento del hecho. Casi al unísono, el Ministro de Defensa, Camilo Ospina en una entrevista periodística, manifestó que por el hecho, iban a rodar cabezas. Ante todo, el Gobierno Nacional, así como los mandos de las Fuerzas Militares, deben entender que esta acción fue una mera provocación de la organización terrorista, a fin de provocar la airada reacción del presidente Uribe, Ministro de Defensa y Altos Mandos Militares, cuyo objetivo final es lograr la baja fulminante de los oficiales quienes ostentan el mando de las unidades de combate en las áreas en donde se desarrolla el Plan Patriota. Conociendo las rápidas reacciones del Primer Mandatario y las secuelas que éstas provocan en el seno de las Fuerzas Militares y de Policía, la ejecución de un retén ilegal en una zona remota, sin importar cuán cerca estuviera de unidades militares, es una oportunidad perfecta para que las FARC se desembaracen de aquellos comandantes quienes los están presionando firmemente. Como ya se ha dicho en otras oportunidades por muchos analistas, un acto terrorista como la colocación de un artefacto explosivo o un retén ilegal, son actos que pueden llevar a cabo unas pocas personas vestidas de civil y la información siempre les llegará a las unidades del Ejército o Policía, como mínimo, dos horas después, tiempo suficiente para que los delincuentes huyan con sus rehenes, perdiéndose en la inmensidad de las selvas del sur de Colombia. Ante estas circunstancias, no hay red de cooperantes que valga, ni reacción militar o policial suficiente para prevenir el hecho, pues para ello la Fuerza Pública tendría que contar con una unidad de adivinos. Lamentablemente es un hecho - y otros por el estilo - que tanto el presidente Uribe como los mandos militares, deben tomar con filosofía y tranquilidad, pues en la guerra, especialmente en un conflicto terrorista como el que vive Colombia, cualquier atrocidad de las organizaciones criminales puede darse en cualquier momento, a pesar de todas las medidas que para evitarlas, hayan tomado los organismos de seguridad, especialmente las unidades del Ejército y Policía Nacional comprometidas en la lucha antiterrorista. De producirse las anunciadas bajas de comandantes de las unidades militares combatientes, se produciría una inconveniente ola de desmoralización precisamente en el seno de dichas unidades, por lo injusto de las mismas; lamentablemente eso los saben las Farc con suficiencia y por ello están utilizando dicha táctica, además porque también saben como es la dinámica de las campañas presidenciales, especialmente la de la reelección de Uribe, cosa que debe tener al Primer Mandatario en un estado extremo de sensibilidad respecto a la observancia de sus políticas de seguridad nacional. Y como las víctimas propiciatorias son los militares - quienes no tienen grupo político y por ende es fácil emprenderla contra ellos, ya que cualquier acción justa o injusta en su contra no tendría repercusiones electorales aparentemente, lo que si sucedería en el caso de que los destituidos o vilipendiados fueran funcionarios civiles - pues, ¡adelante con las bajas y las vaciadas! Se olvida el Presidente Uribe que detrás de cada oficial, suboficial, soldado y policía, existen por lo menos cuatro miembros de su grupo familiar quienes sienten las humillaciones y angustias que sufren sus parientes refundidos en la selva, objetos no solamente de los regaños, sino de las enfermedades y ataques de los terroristas. Y cada uno de los miembros de la familia de estos sufridos servidores públicos, representa un valioso voto que a pesar de la merecida favorabilidad de Uribe en las encuestas, podrían dar al traste con sus aspiraciones, pues el hecho es ya odiosamente repetitivo. Si para darle gusto a los deseos del presidente Uribe y su Ministro las unidades militares o policiales hubieran salido inmediatamente se dio el hecho y los hubieran masacrado con una emboscada de las que suele efectuar la organización narcoterrorista, entonces las críticas y las consiguientes destituciones tampoco se habrían esperar. Es conveniente que alguna entidad del estado - la Escuela Superior de Guerra, las diferentes escuelas de capacitación del Ejército y Policía, o en última instancia la Escuela Superior de Administración Pública - se dé a la tarea de programar diplomados, especializaciones y maestrías sobre el manejo de la seguridad nacional en Colombia y obliguen a funcionarios públicos como alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y congresistas, así como a presidentes, ministros y otros altos funcionarios civiles, a que tomen dichas capacitaciones como requisito sin e qua non para posesionarse de sus cargos por elección popular o nombramiento. Esto sería valioso porque podrían compaginarse los conocimientos y experiencias militares con los de los funcionarios civiles. Porque no de otra forma puede el ciudadano común, analizar las desafortunadas declaraciones de algunos congresistas y del alcalde de San José del Guaviare, en las que prácticamente acusan a la Fuerza Pública de ser la causante del insuceso. No se entiende cómo congresistas y el alcalde en mención, quienes se suponen que poseen algún nivel de cultura y conocimientos en materia tanto legal como de la vida cotidiana nacional, puedan afirmar que el secuestro estaba anunciado con dos meses de anticipación y manifiesten su rechazo a la supuesta lentitud con que las unidades militares reaccionaron. Se ve a las claras su total ignorancia sobre los procedimientos militares y, en general, sobre la vida interna en las Fuerzas Militares y Policía Nacional. Ello amerita que el gobierno nacional estructure la capacitación de sus funcionarios y dicte políticas sobre las relaciones que deben existir entre los miembros de la Fuerza Pública y los demás funcionarios del estado, a fin de evitar estos roces que a la postre van en contra de la eficiencia de unos y otros.

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