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| 9/18/2005 12:00:00 AM

La farsa de la "ley de justicia y paz"

Martes 20. Un colombiano exiliado le dice al presidente Uribe que "basta ya de su irresponsable testarudez frente a las víctimas del secuestro, de su empeño en perdonar y abrirle nuevos espacios a la extrema derecha armada del país y cerrar las puertas a un verdadero proceso de paz con la auténtica insurgencia política", entre otras cosas.

La llamada "Ley de Justicia y Paz" impulsada por el presidente Uribe-Vélez, aprobada recientemente por el congreso colombiano es un insulto a las víctimas del conflicto armado y un descarado indulto a los principales violadores de los derechos humanos en Colombia: los narco-paramilitares. A pesar de ello, fue avalada el pasado mes por el presidente español Rodríguez Zapatero y el primer ministro británico Tony Blair en la estratégica gira por Europa del presidente colombiano, a pesar de los ingentes esfuerzos de la ONU, Amnistía Internacional y múltiples ONGS defensoras de derechos humanos e importantes medios periodísticos (The New York Times, entre otros) por denunciar su inconsistencia y gravedad debido a la implícita impunidad a delitos de lesa humanidad.

El gran poder (político, económico y militar) de los grupos terroristas de la extrema derecha colombiana ha quedado reflejado en la aprobación de esta cuestionada ley. Vicente Castaño, cabecilla de los paras, declaró el 5 de junio pasado, en una entrevista con SEMANA que su movimiento cuenta con el apoyo y simpatía del 35 por ciento del Congreso colombiano. La Corte Suprema de Justicia está investigando qué tan cierta es esta aseveración.

En todo caso, más allá de las conclusiones de esta investigación, el poder seguirá con o sin reconocimiento de sus congresistas amigos. Sobre todo, porque las estructuras feudales aún perviven con suficiente claridad. "Según estimativos del Incora, los narcotraficantes poseen el 48 por ciento de las mejores tierras productivas del país, mientras que el 68 por ciento de los pequeños propietarios (campesinos), sólo posee el 5,2 por ciento del área", publicó recientemente el equipo caleño Desdeabajo en el portal voltairenet.org.

Lo que ilustra esta estadística de la concentración de la tierra en Colombia es, en otras palabras, la causa estructural del fenómeno del paramilitarismo con todas sus implicaciones en la economía agraria. También demuestra su alianza con el narcotráfico y sustenta el ejercicio continuo de acciones violentas de intimidación y sometimiento, para poder ejercer sus modelos económicos y políticos. Lo anterior también lo reconoce Desdeabajo y determina las relaciones de producción en la agroindustria del latifundio con políticas excluyentes y autoritarias, que por otra parte sólo obedecen a las necesidades específicas de grandes cadenas productivas que hacen parte de proyectos de las multinacionales, sustituyendo grandes extensiones de bosques y de parcelas dedicadas a la agricultura nacional por caucho y palma africana.

Elo resulta en el desplazamiento de más de 2.000.000 de personas -al exterior e interior del país- que según el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados (Acnur) presenta un desolador promedio de 77.692 personas desplazadas trimestralmente en el período de 1999 a 2004. El desplazamiento es otro gran coste social que quedará impune con la mencionada ley. ¿Dónde se habla con claridad de la entrega de las tierras usurpadas a los campesinos desplazados, de indemnizaciones reales y justas a las víctimas? Sólo se habla de los beneficios para los terroristas desmovilizados, sin señalar siquiera un procedimiento regular de un expediente por cada desmovilizado y una efectiva comprobación de la entrega de sus armas y una obligatoriedad a la confesión de sus vínculos y funciones dentro de la organización, etc...y lo más grave y surreal, como lo reclama Human Rights Watch: "a pesar de haber escuchado a 8500 excombatientes, la Fiscalía sólo ha logrado que 25 de ellos sigan vinculados a procesos penales".

Volvamos al espaldarazo de España y el Parlamento Europeo, con el que el presidente Uribe Vélez ha ganado un gran asalto mediático ante la comunidad internacional y ante sus fanáticos incondicionales. El presidente español Rodríguez Zapatero y su copartidario del PSOE, el presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, quienes ingenuamente o quizá por aparentar ser coherentes con su discurso de propuesta de diálogo con ETA (necesario desde luego, pero no coincidente, en absoluto, con las necesidades y realidades específicas colombianas) no han tomado en cuenta los análisis de Amnistía Internacional y de la Comisión de la ONU que consideran inadmisible dicha ley. Esta postura es una incoherencia y un grave error histórico de los mandatarios, al apoyar una ley cuya esencia se sitúa en el eje de la política de la extrema derecha más recalcitrante de América Latina. Aparentemente se expresa como un protocolo diplomático para paliar el caso de la venta de los buques a Venezuela y la negación a la venta de los obsoletos tanques que el gobierno de Aznar había prometido a Uribe Vélez. Si esta postura obedece a estos criterios de compensación, sería una ligereza inadmisible por parte de ambos.

Y si, por otro lado, es el convencimiento de que la ley respeta los derechos humanos y no forma parte de un complejo plan para indultar y posicionar en el terreno político a los terroristas paramilitares colombianos, habría dos agravantes: el primero, el desconocimiento de la realidad del conflicto armado colombiano y el segundo, la complicidad directa con un régimen violador de los derechos humanos, cuestionado por la ONU y otras organizaciones como lo hemos afirmado al inicio de este artículo.

Desde el punto de vista moral, el horizonte de un interminable proceso kafkiano que se vislumbra para las víctimas se manifestará en más angustia y resentimiento en ellas al verse vilipendiadas por escarbar recurrentemente en su dolor sin previo consentimiento ni consulta de su drama antes de otorgar el indulto a sus victimarios. Cabe anotar que ninguna asociación de víctimas fue tenida en cuenta para la discusión de la ley. Otro elemento inaceptable de procedimiento es que solamente 20 investigadores judiciales investigarán y juzgarán en sólo 60 días a 10.000 responsables de las innumerables masacres cometidas por las fuerzas paramilitares.

Recordemos que el gobierno fue condenado el 5 de julio de 2004 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso de una de tantas masacres, la de 19 comerciantes en octubre de 1987 en Puerto Boyacá, sin que hasta ahora haya cumplido ninguna de las obligaciones ordenadas. En este caso, así como en el genocidio de más de tres mil activistas del movimiento político Unión Patriótica (UP) desde el año 1985, que también está en proceso ante la CIDH, el gobierno ha reconocido públicamente la participación de las Fuerzas Armadas de Colombia y ha pedido perdón, al tiempo que las justifica cínicamente.

Cuando en países como Argentina y Chile se han reabierto los archivos de los crímenes cometidos por las dictaduras militares para hacerlos pagar como es debido, en Colombia, insólitamente se avanza en la perpetuación del silencio, del terror, por las malas o por las buenas, desde la legalización de la impunidad para masacres cometidas bajo el auspicio de un régimen democrático.

Por eso no es difícil asegurar que el colombiano es un gobierno que estimula la delación con grandes recompensas y cree que eso está dentro de una moralidad sin fisuras. No reflexiona sobre la inmoralidad social que esto fomenta (la compra de conciencias). Es además un gobierno que propone la creación de los bloques de soldados campesinos, involucrando cada día más a la sociedad civil en el conflicto armado. Y que, por otro lado, niega su existencia sin pudor, y tiene la desfachatez de presentar ante el mundo su ley de indulto. ¿Cómo es posible que con tantas evidencias de su incoherencia y cinismo, logre convencer a propios y extraños de su honradez y valentía? Lo que se requiere no es una confrontación, sino el reconocimiento de las raíces de la violencia y una voluntad de paz sincera e inquebrantable, para proponer el ejercicio real de las grandes reformas inaplazables que el pueblo ha clamado durante más de medio siglo: la reforma agraria, la nacionalización de los recursos naturales, el estimulo a la industria criolla y no la privatización a ultranza de los activos del país, la autonomía en las políticas fiscales, laborales, pensionales y no el borreguismo ciego ante el imperio del norte.

Pero el populismo de Uribe Vélez, que opera semanalmente en sus ridículos Consejos Comunales, en lo que ofrece puentes donde no hay ríos al más ramplón estilo de los demagogos politiqueros de la provincia colombiana, llega al extremo de ofrecer al campesino que siembra coca la compra de su cosecha incluyendo una recompensa. Propuestas como estas son de una irracionalidad impensable. Sólo son el fruto de una emotividad desaforada y de una irresponsable ligereza. Y demuestran una vez mas que el Presidente se instala en el combo de los modernos caudillos descerebrados, tipo Aznar y Bush. Recordemos de nuevo su reacción frente a la invasión de Irak, que no podría ser más diciente. No solo fue el primer gobierno latinoamericano que apoyó la guerra, sino que pidió abiertamente la invasión de las tropas norteamericanas a Colombia, alegando que allí había un terrorismo mucho peor. ¿Qué podemos esperar entonces los colombianos ante un presidente tan entreguista? Aunque esa entrega ya tradición de los gobernantes de Colombia desde tiempo atrás, esta vez ha llegado a límites insospechados de servilismo y arrodillamiento. Dos meses atrás se descubrió en Bogotá que varios agentes norteamericanos eran responsables de introducir armas para los paramilitares y ¿qué sucedió? En virtud del "privilegio de inmunidad de jurisdicción penal del Estado receptor" fueron devueltos a su país sin siquiera ser juzgados allá. La extradición (que dicho sea de paso, es una de las figuras jurídicas que ilustran más gráficamente el entreguismo colombiano) que tanto defiende Uribe Vélez, solo es en una vía. Su misma canciller Carolina Barco recientemente fue objeto de oprobios por las autoridades norteamericanas en uno de sus aeropuertos y no hemos escuchado hasta ahora el pronunciamiento del presidente colombiano ante su jefe (el vaquero texano).

Y frente a Latinoamérica su política es evidente. Recientemente, el gobierno colombiano se opuso a la propuesta de que Brasil haga parte del Consejo de Seguridad Permanente de la ONU. Lo imaginamos (no es necesario ser adivino) debido a que Lula da Silva junto a Chávez, lideran la creación de un espacio económico y político común latinoamericano que se constituya en una verdadera fuerza de contrapeso a la política exterior norteamericana, de la cual Uribe Vélez es, sin lugar a dudas, su esbirro más adelantado en nuestro continente y el escollo más difícil a superar por la lucha de la unidad de Suramérica.

Por eso me atrevo a decirle a nuestro Presidente: basta ya de su grosera patraña seudo-patriótica; de su impúdico anti-latinoamericanismo; de su trasnochado populismo demagógico en sus Consejos Comunales; de su arrodillamiento irrestricto al imperio del norte con el TLC y con su política exterior en calidad de gendarme incondicional del ultra-conservador gobierno de Bush. Basta de su irresponsable testarudez frente a las víctimas del secuestro, de su empeño en perdonar y abrirle nuevos espacios a la extrema derecha armada del país y cerrar las puertas a un verdadero proceso de paz con la auténtica insurgencia política. Basta de persecuciones, amenazas, asesinatos y desapariciones de sindicalistas, periodistas y defensores de derechos humanos. Basta ya de la compra de conciencias y de estimular una sociedad de delatores e incautos que sólo produce más corrupción, barbaries y retaliaciones. Basta ya, por favor, se lo pedimos en nombre de la libertad, de la justicia social, de la autodeterminación de nuestro país. Y en nombre del verdadero dolor de patria (término del cual usted abusa y pervierte tanto) que sentimos algunos de los muchos emigrantes colombianos (aproximadamente 3.000.000 de compatriotas) al ver impotentes desde la distancia a nuestro país, sometido a su irresponsable política de borrego del gobierno norteamericano y al abuso de su autoritarismo y ciega soberbia, digna del más obcecado conservadurismo que haya parido jamás nuestro país.

* Samuel Giraldo Sayer es un seudónimo inventado por el autor de la columna, un escritor colombiano residente en Alicante, España.
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