La letra muerta

Si bien existe una sentencia en la que se ordena a la alcaldía local de Teusaquillo recuperar la totalidad del espacio público utilizado para el comercio informal "de acuerdo con los principios de celeridad y transparencia", quien recorra las calles de la localidad seguramente se sorprenderá: basta con una mínima observación para percatarse de que la zona continúa siendo el lugar de trabajo de muchos vendedores ambulantes.

Pero lo más grave es que no es el único caso de incumplimiento de sentencias falladas por el Tribunal Superior de Cundinamarca y el Consejo de Estado que ordenan recuperar el espacio público.

En el inventario de los espacios públicos recuperados o preservados de la Defensoría del Espacio Público de Bogotá, un documento necesario para saber cuáles espacios se pueden utilizar en la reorganización de los vendedores informales planteada para el Plan Maestro de Espacio Público, no aparecen varios de los espacios cuya recuperación ha sido ordenada por sentencias, lo que hace sospechar una intención de justificar la habilitación de estos espacios para el comercio informal.

Para el abogado Roberto Ramírez, esto "sería la prueba de que detrás de las concesiones hay un negocio vergonzoso entre los vendedores y las alcaldías". Según el jurista, dedicado desde hace 15 años a la defensa del patrimonio público, "lo peor de todo es que quieren entregarles la ciudad a los vendedores ambulantes traicionando su propia normatividad".

Por su parte, el jefe del área de defensa del espacio público de la Defensoría, Iván Rojas, dijo que para la realización del inventario "se solicitó a los alcaldes locales que nos dieran absolutamente toda la información. Si hay faltas en el documento es responsabilidad exclusiva de ellos. Nosotros sólo actuamos con la información que nos enviaron". Así mismo, el funcionario explicó que para hacer los registros se toman como base las actas de restitución, y que "si estas no aparecen es porque las alcaldías locales nunca cumplieron la orden proferida".

Pareciera entonces que la responsabilidad es exclusiva de las alcaldías locales. Sin embargo, al preguntarle por la sentencia del 2 de octubre de 2003 que ordenó restituir la zona frente al Cementerio Central, el alcalde de la localidad de Mártires, Sigifredo Castro, hizo llegar a SEMANA la copia de un reporte en el que se constata que el caso fue dado a conocer el 12 de julio a la Defensoría del Espacio Público. Sin embargo, en la última actualización del inventario, realizada el pasado 27 de agosto, más de un mes después del reporte, la Defensoría no había incluido el caso.

Los fallos omitidos generan múltiples interrogantes: ¿por qué se entregan este tipo de espacios si la ley lo prohíbe?, ¿por qué si una sentencia judicial falla que determinado lugar no se puede utilizar es habitual su uso?, ¿por qué fueron omitidos los casos?