Las cesantías: ¿seguro de desempleo o dinero de bolsillo?

Desde que el año comienza, el tema de las cesantías y del seguro de desempleo comienza a posicionarse en el debate público.

Con frecuencia, y particularmente cuando el mercado laboral atraviesa por una grave crisis como la actual, se ha sugerido la necesidad de instaurar en Colombia un seguro de desempleo. Pero no está de menos recordar que en el país existe este seguro, al menos en teoría. Se basa en la modalidad de ahorro individual, similar al de pensiones en los fondos privados. En efecto, los empleadores deben consignar cada año en las cuentas de sus empleados en los Fondos de Cesantías y Pensiones, antes del 15 de febrero, el equivalente a un mes de salario del año inmediatamente anterior.

En principio, este ahorro y sus rendimientos deben servirle al empleado cuando quede cesante por la pérdida o el retiro voluntario del empleo, para asegurarle su sostenimiento durante algunos meses, equivalentes al número de años laborados, mientras encuentra un nuevo empleo. De ahí su nombre. No obstante, el mismo legislador se ha encargado de torpedear el sistema y de desvirtuar su naturaleza de seguro de desempleo, y ha abierto la puerta para que se convierta prácticamente en un dinero de libre destinación.

La misma ley 50 de 1990, que creó el actual régimen del "auxilio de cesantía", establecía que el trabajador no cesante lo podía utilizar para el pago de matrículas en la educación superior, y como garantía para los préstamos de vivienda otorgados por el empleador. Es decir que, desde sus inicios, se establece el principio de que las cesantías pueden tener otra destinación diferente al de su finalidad propia.

Sin embargo, la mayor desviación se produce más adelante, cuando en normas posteriores se establece que las cesantías también se pueden retirar parcialmente para la adquisición de vivienda y, sobre todo, para mejoras locativas. Este último es, según los administradores de los Fondos, el motivo que más frecuentemente aducen los empleados para retirarlas, pues los requisitos son mínimos - basta con presentar el presupuesto de la remodelación - y los controles de su efectiva destinación son casi nulos.

Como consecuencia de estas desviaciones, según información de los mismos Fondos, el 80 por ciento de los dineros consignados por los empleadores en febrero son retirados durante el año, y no propiamente por los empleados que quedan cesantes, pese a todos los esfuerzos de persuasión y a los estímulos que han creado para que los empleados no los retiren por cualquier motivo.

Es verdad que este fenómeno, en buena medida, se debe a las dificultades económicas por las que atraviesan los hogares, a su baja o nula capacidad de ahorro y a las dificultades para adquirir ese tipo de créditos. No obstante, ninguno de estos argumentos justifica la burla que se le ha hecho al sistema.

Por lo tanto, es necesario que el Legislador vuelva a cerrar estos escapes, para que las cesantías cumplan su finalidad fundamental de garantizarle al empleado cesante algunos meses de estabilidad económica mientras encuentra un nuevo empleo.

* Representante a la Cámara