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| 2/12/2006 12:00:00 AM

Los territorios autónomos de las comunidades negras

José Mosquera critica a los líderes de las negritudes por defender "el engendro de la ley de negritudes", que, según él, tendría los mismos efectos que el 'apartheid' surafricano.

Las tierras colectivas de las comunidades negras tienen de la alguna manera una estrecha analogía con la triste y famosa "Native Act Land" (Ley sobre las tierras nativas, basada en el color de la piel) que promulgó en 1913 el régimen despótico y racista sudafricano, a través de la cual se destinó sólo el 7 por ciento del territorio para los negros. La norma se constituyó en uno de los principales pilares del abominable régimen del "apartheid" que confinó a los negros a vivir en los 'bantustanes', o territorios autónomos. Los territorios colectivos de las comunidades negras, como lo expresa la ley de negritudes y como se están implementando, lejos de resolver los problemas de justicia social y reivindicaciones económicas que reclaman los asentamientos de comunidades negras del Estado colombiano, promueven más el racismo y la discriminación racial. De una forma u otra, con ellos se está destinando la tierra de acuerdo con la pigmentación del color de la piel. Como dice el líder sudafricano Thabo Mbeti, "casi un siglo después de la aprobación de la ley de tierras caminamos hacia la satisfacción de la libertad lograda, según la cual la tierra debe pertenecer a quien la trabaja más no por color de la piel". Como van las cosas y con el paso de los años, más de las dos terceras partes del territorio del andén del Pacífico colombiano quedará convertido en un archipiélago de territorios autónomos de comunidades negras e indígenas. Y, aquí surge una pregunta, ¿cual va ser el papel de los alcaldes, los gobernadores, los concejos municipales y las asambleas departamentales, si esos territorios estarán autogobernados por sus líderes? La pregunta obedece a que ya se están presentado roces de " competencias administrativas, legislativas y jurisdiccionales" entre los consejos comunitarios de comunidades negras, los alcaldes y los concejos municipales en algunos municipios, en "donde la totalidad del territorio, con excepción del área urbana, aparecen titulados o en proceso de titulación colectiva". Algunos miembros de los consejos comunitarios han denunciado que "hay conflictos muy graves con los alcaldes y los concejos municipales porque no quieren reconocer los derechos que tienen ellos en la administración de los territorios rurales de los municipios" con el argumento que "los alcaldes tienen que entender que los consejos comunitarios son los entes administrativos de las comunidades y como tales hay que entra a concertar con ellos la administración de los territorios". Este engendro de la ley de negritudes nos hace recordar el odioso momento, cuando al principio de la década de los años setentas del siglo XX, el régimen sudafricano estableció diez bantustanes para los negros y luego les concedió autogobierno, con base en la ley de promoción del autogobierno Bantú de 1959. De ese trágico episodio contra la dignidad humana recordamos que el bastustán sudafricano más famoso fue el de Kwa zulú autogobernado por el líder Gassha Mangosutu. La diferencia entre el caso sudáfricano con la nueva modalidad en el caso colombiano es que, en Sudáfrica fue el Estado le impuso a sangre y fuego a los negros el régimen del apartheid. En nuestro país es todo lo contrario. No es un política de Estado, que ésta imponiendo a la fuerza la segregación, si no por iniciativa propia de los líderes de las comunidades negras. Líderes que en las justas luchas contra el Estado por mejores condiciones sociales, económicas y políticas están segregando a sus propios pueblos con el embeleco de los territorios autónomos, especies de pequeñas "repúblicas independientes" con "leyes y "normas" de conformidad con las costumbres ancestrales. Decretar la conformación de gobiernos de los consejos comunitarios y de los resguardos indígenas, con sistemas de derecho propio, basados en atávicas costumbres con unificación de poderes ejecutivos, legislativos, jurisdiccionales y con autonomía para concretar negociaciones con entidades publicas y privadas nacionales e internacionales constituyen en el fondo un germen que puede desencadenar en una balcanización del país.
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