Ministro de justicia

Las pasadas declaraciones del ministro del interior y de justicia en el periódico El Tiempo y en las cuales insinuaba que la Corte estaba siendo amenazada por criminales para fallar en contra de la reelección siguen dando de qué hablar. No es para menos. Al fin y al cabo desde las nefastas épocas del ministro Fernando Londoño no se oía en el gobierno un lenguaje tan amenazante para el orden constitucional.

En sus declaraciones, el ministro Pretelt, que es el ministro de la política y del derecho, cometió al menos dos errores: uno jurídico y otro político.

El primero consistió en desconocer la gravedad jurídica de lo que estaba diciendo. Está bien que el ministro de la justicia no sea un abogado y que no se desenvuelva con soltura en los áridos tecnicismos del derecho. Pero eso es una cosa. Otra muy distinta es que desconozca los rasgos esenciales de nuestra cultura jurídica, uno de los cuales es una tradición casi centenaria de control de constitucionalidad; tradición reforzada por una notable independencia judicial de las altas cortes frente al poder político - lograda en el plebiscito de 1957 - y por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. La importancia de esta cultura constitucional - hecho conocido incluso por los políticos más ajenos a los secretos del derecho y la ciencia política - explica la lluvia de críticas que le cayeron al ministro, entre ellas la de su propio jefe en el Gobierno.

El segundo error es político. Consistió en confundir su oposición al eventual contenido de la decisión de la Corte sobre la reelección - lo cual es legítimo - con su oposición pura y simple a la Corte, lo cual es un escándalo cuando viene de un ministro de justicia. Pero aquí el error no proviene de su ignorancia, como en el primer caso, sino de su convicción de político conservador y autoritario. El ministro, como buena parte de los miembros de este gobierno, no cree en lo que la Corte dice porque simplemente no cree en la Corte. O dicho de otra manera, considera que si la Corte se opone a la reelección se opone al pueblo, que apoya masivamente al presidente, lo cual sería tanto como poner al derecho por encima de la democracia. Como digo, el ministro de la justicia no cree en el estado de derecho, que consiste justamente en la superioridad de la constitución sobre la política.

Las declaraciones del ministro fueron celebradas por un puñado de uribistas radicales - entre lentejos e idólatras - defensores de un anticonstitucionalismo rastrero que ya creíamos extinguido en el país. Héctor Echeverri dice que la solución es elegir a Uribe como presidente vitalicio, Ciro Ramírez declara estar buscando una formula legal o extra legal para oponerse a la eventual decisión de la Corte y Enrique Gómez asegura que la Corte hay que cerrarla y convertirla en una sala de la Corte Suprema. Me pregunto qué actitud tomarían estos políticos si en lugar de tener a Uribe como presidente tuvieran a Chávez. Se opondrían con la misma fuerza al control de constitucionalidad y estarían tan dispuestos a aceptar las mayorías políticas? No lo creo.

Tampoco creo que la mayoría de los uribistas se opongan a la Corte como lo hace el ministro Pretelt y sus aduladores. Sin duda no están de acuerdo con muchas de sus decisiones, pero las aceptan y esto no los lleva a poner en tela de juicio a la Corte como institución ni a la función de control que ejerce. Creo incluso que el presidente pertenece a estas mayorías-de-sí-mismo y que fue sincero cuando reprimió los comentarios de Pretelt.

No deja de ser preocupante que un estado de derecho tan endeble como el nuestro incube opiniones como la del ministro y sus legionarios, todos ellos más papistas que el Papa. ¿Qué rumbo tomarán estas opiniones si la Corte decide de manera contraria a lo que ellos opinan? Que Dios nos libre de esa otra subversión de derecha.