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| 5/9/2005 12:00:00 AM

No toda el agua sucia es para el Congreso

Martes 10. A pesar de los titulares de los medios de comunicación y las acusaciones del Gobierno, los congresistas no son los únicos culpables del enredo de proyectos. Columna de Congreso Visible.

El pasado jueves los medios de comunicación difundieron una preocupante noticia: proyectos fundamentales para el futuro del país como la reforma pensional, el código electoral, las garantías a la oposición, entre otros, no han podido ser debatidos por falta de quórum, quedando en riesgo de ser archivados por vencimiento de términos. Al mismo tiempo, como ya se ha vuelto costumbre en el país cuando de fallas políticas se trata, todas las acusaciones fueron dirigidas inmediatamente al Congreso, señalándolo de ser el único y gran responsable de la situación. El Tiempo, en su edición del 5 de mayo, tituló en primera página "El Congreso enredó cuatro proyectos claves", para posteriormente asegurar, al igual que diarios como El Colombiano, que las causantes de tal situación eran las pujas internas de los congresistas, motivados por intereses personales. El mismo Presidente se sumó a las críticas, y desde Cartagena hizo un fuerte llamado de atención a los parlamentarios por lo que consideró poco trabajo por parte de los parlamentarios. ¿Son mentiras y calumnias? Claramente no. Al fin y al cabo no se puede negar que muchos de los congresistas han sido inferiores al reto que representa sacar adelante tan fundamentales proyectos, y han demostrado que están lejos de erradicar prácticas poco éticas -aunque legales- como la disolución del quórum para obstaculizar el trámite de ciertas iniciativas. Pero echarle toda el agua sucia al Congreso es simplista y hasta injusto. No basta sino hacer un pequeño recuento de la historia de estos proyectos, para darse cuenta que una inmensa parte de la responsabilidad recae precisamente en uno de los grandes críticos de los parlamentarios: el propio Gobierno. Hay que recordar que la reforma pensional, prioritaria para el Gobierno en 2004 cuando se firmó el "Gran Acuerdo" entre uribistas, Partido Liberal y Partido Conservador, fue relegado en varias oportunidades por la misma administración Uribe, dándole prioridad y enfilando todos los esfuerzos de su bancada, en sacar adelante la reelección y el Estatuto Antiterrorista. Igual suerte corrió el proyecto de Justicia y Paz, antes conocido como Verdad, Justicia y Reparación y antes como Alternatividad Penal. Anunciados en no pocas ocasiones como prioritario para el Gobierno, ha sido aplazado varias veces por el Ejecutivo ante la crítica de varios congresistas uribistas en el sentido que es mejor retirarlo si el Gobierno no le da la urgencia debida. Una historia similar presentan los proyectos de reforma al Código Electoral, las garantías a la oposición, la ley de contratación pública y la ley antitrámites, iniciativas que lejos de ser recientes, han estado en la agenda legislativa desde hace un buen tiempo, pero que han visto como el Gobierno cambia constantemente de prioridades, presionando a su bancada para que relegue algunos de los proyectos. La responsabilidad, en este sentido, es compartida. Si bien los congresistas en las últimas sesiones han dilatado el debate, también es responsabilidad del Ejecutivo el que ahora, a mes y medio del fin de la legislatura, la agenda del Congreso esté represada y algunos de los proyectos más relevantes se encuentren estancados. Pareciera que, como se dice popularmente, el Gobierno ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Ahora, frente a los medios de comunicación, es reprochable que caigan nuevamente en el lugar común de señalar al Congreso como el gran culpable de la situación. Seguramente no se hizo con mala fe, pero sin duda este tipo de titulares y afirmaciones, son en gran medida las causantes de que el Congreso sea la institución más desprestigiada del país. Congreso Visible, en reiteradas ocasiones, ha llamado la atención sobre los riesgos de difundir la errada idea de que todos los problemas de Colombia se reducen al Legislativo. Sería lamentable que ahora, nuevamente, se apelara a la propuesta del cierre del Congreso como salida a una crisis que tanto este como el Gobierno han propiciado.
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