Paños de agua tibia

Actualmente la violencia sistemática y globalizada derivada de "la guerra contra las drogas" incide directa y radicalmente en la calidad de vida de los ciudadanos. Es evidente que las políticas y leyes prohibicionistas repercuten negativamente en las relaciones sociales entre las personas, consolidando y reafirmando el fenómeno del narcotráfico; máxima expresión de la barbarie.

Los medios masivos de comunicación transmiten diariamente imágenes de las diversas instituciones policiales fumigando con glifosato cultivos de coca, marihuana y amapola, capturando a miembros y cabecillas de redes o carteles de distribución de drogas, destruyendo laboratorios de producción de cocaína en lo más espeso de las selvas, etc...Este dispositivo visual se fundamenta en un discurso triunfalista que augura la pronta eliminación del narcotráfico, distorsionando de esta manera la realidad acerca de un proceso que en términos históricos es de reciente incubación en nuestro país y cuya expansión no ha estado exenta de un prontuario sangriento.

Al evaluar los logros del prohibicionismo, cuyo origen se remonta a "La Comisión del Opio" del año 1912, (convenio internacional promovido por los Estados Unidos, celebrado en La Haya, el cual giró alrededor del artículo 20 que rezaba así "Las Potencias contratantes examinarán la posibilidad de dictar leyes o reglamentos que castiguen la posesión ilegal de opio en bruto, opio preparado, morfina, cocaína y sus sales"), algunos académicos sin lugar a dudas consideran que después de 91 años de guerra frontal contra el consumo, producción y venta de sustancias psicoactivas, la campaña represiva ha sido uno de los más rotundos fracasos históricos de todos los tiempos.

El consumo de drogas, fenómeno multidimensional y de suma complejidad, comunmente suele abordarse por medio de manera lineal y reduccionista. Bajo esta lógica se han implementado tres posibles soluciones para abolir las sustancias psicoactivas, a saber: 1) Fumigación de cultivos ilícitos. 2) Militarización de la lucha antidrogas. 3) Extradición de narcotraficantes.

La fumigación con el herbicida Glifosato (Pecig) en una concentración del 43,9% (por encima de la presente en fórmulas comerciales 41%), al cual se adicionan los surfactantes POEA y Cosmoflux 411F, se ha traducido en perjudiciales efectos para la salud de las poblaciones cultivadoras, en su mayoría indígenas y campesinos, tales como, malformaciones en los recién nacidos, notorio deterioro de los suelos a causa de los poderoso químicos en las áreas esparcidas, contaminación de rios y nacimientos de agua, exterminio de los animales y desastrosos daños colaterales de índole ecológica. En un estudio publicado por "Acción Ecológica" de Ecuador, se analizaron 47 mujeres, 22 en la línea de frontera, tanto de Ecuador como de Colombia, que fueron expuestas por las fumigaciones aéreas del plan Colombia. El análisis evidenció que el 100% de las mujeres, presentaba daños genéticos. en el 36% de sus células. En un grupo de mujeres que viven a 80 kilómetros de las fumigaciones no hubo el mismo diagnóstico.

Utópica o ingenuamente los prohibicionistas pretenden erradicar TODOS los cultivos ilegales de la faz de la tierra, creyendo que por arte de magia así desaparecerá el deseo de consumir drogas por parte del ser humano.

¿Es la anterior empresa viable?

Antonio Escohotado, en el primer volumen de su obra 'Historia de las drogas' (1998) explica que, "salvo comunidades que viven en zonas árticas, desprovistas por completo de vegetación, no hay un solo grupo humano donde no se haya detectado el uso de varios psicofármacos, y si algo salta a la vista en este terreno es que constituye un fenómeno plural en sí, que se manifiesta en una diversidad de tiempos y lugares, y obedece a una multitud de motivos".

En el Departamento del Putumayo estas fumigaciones comenzaron en el año 2000 y el raciocinio que las respalda evidentemente ignora las causas de fondo que subyacen detrás de la realidad de los cultivos ilícitos: la situación de exclusión social y económica en que se encuentran millones de campesinos e indígenas, quienes recurren a la siembra de coca, marihuana y amapola por carecer totalmente de oportunidades o alternativas de superviviencia.

Las políticas que promueve y lidera el estado colombiano en materia de reformas agrarias (favorecer la concentración de la propiedad de las tierras en unos pocos latifundistas) marginalizan y oprimen cada vez más al campesinado, el cual se ve forzado a recurrir a los narcotraficantes para cubrir sus carencias materiales.

Las políticas prohibicionistas no solo estimulan los altos precios de las drogas, sino que satinazan y estigmatizan per se ciertas plantas como la coca, marihuana y amapola, culpándolas y responsabilizándolas de ser las causantes del consumo compulsivo, desmedido y autodestructivo de algunas personas, cuando la verdadera responsabilidad se le debe atribuir estrictamente a quien deliberadamente desea consumirlas con fines evasivos y sustitutivos de la realidad.

La persecución y criminalización de la utilización indebida de ciertas sustancias psicotrópicas de origen vegetal hunde sus raíces en la Iglesia Católica, institución que ha pretendido hacer creer a sus fieles que todo uso de estas plantas resulta nocivo, peligroso y obligadamente conduce al abuso, negando de tajo la diversidad de aplicaciones alternativas que tienen estas plantas en el campo científico, medicinal, terapéutico, textil, alimenticio, recreativo etc...

Así pues, la fumigación ha fracasado como estrategia de reducción de hectáreas cultivadas, y su única consecuencia es el desplazamiento de los cultivos a zonas más recónditas, tales como los parques y reservas nacionales, según denunció el diario El Tiempo a finales del año pasado.

Es decir, el gobierno colombiano ha consolidado el siguiente círculo vicioso: A mayor pobreza del campesinado, mayor número de cultivos, lo que a su vez implica mayor violencia y criminalidad.

La Militarización de la lucha antidrogas con todas las acciones y consecuencias que ello conlleva, ha sido la manera más inapropiada para enfrentar el problema global del consumo de narcóticos (de naturaleza eminentemente social) y en vez de solucionarlo lo han agravado con este tipo de medidas guerreristas.

En la actualidad observamos cómo la gran mayoría, por no decir todos los recursos del Plan Colombia y del futuro Plan Colombia 2, se han destinado cada vez más a fortalecer la guerra, con el resultado de que para el gobierno las urgentes necesidades socio-económicas de la población no resultan prioritarias. El ejército ha venido realizando funciones que en estricto sentido le competen a la policía, tales como la creación de los batallones antinarcóticos, alejándolo de su objetivo constitucional cual es el velar por la protección de la soberanía nacional en las fronteras y no la de perseguir, detener y judicializar jíbaros, adictos y narcotraficantes.

La Extradición de Narcotraficantes como estrategia para atemorizar y reducir el número de éstos no ha reportado el éxito pretendido. Por el contrario, ha constreñido profundamente la autonomía y soberanía de las naciones para autodeterminrse en materia jurídica, dejando a su paso un rastro de violencia, terrorismo y muerte con cicatrices imborrables en la memoria del pueblo colombiano, tal como lo ha retratado magistralmente Gabriel García Márquez en su libro "Noticia de un Secuestro".

Sin lugar a dudas, uno de los fenómenos sociales más visibles y característicos de la modernidad es el uso masivo de drogas denominado "revolución psico-activa", frente al cual el gobierno colombiano se caracteriza por carecer de una política clara y coherente frente a esta problemática. Como se trató de demostrar a lo largo de este escrito, el estado actual de desorientación por parte de las autoridades gubernamentales no se debe tanto al efecto de las drogas como tal, sino a las consecuencias de las políticas y mecanismos que se han utilizado para contrarrestarlas.

Sin desconocer en ningún momento las propiedades nefastas del consumo abusivo y compulsivo de ciertas sustancias psicoactivas, pretendo hacer un llamado acerca de la necesidad de promover un rotundo "no" a la militarización como solución viable frente al consumo masivo de drogas que es, como se mencionó, esencialmente un fenómeno de índole socio-cultural. Para ello es indispensable romper con el "diálogo de sordos" entre prohibicionistas y legalizadores para lo cual se proponen algunas temas o puntos considerados como relevantes para que el lector reflexione al respecto y que constituyan materia que suscite futuros debates:

- Necesidad de cambiar el énfasis punitivo del consumo de psicotrópicos.

- Diferenciar el uso del abuso de drogas

- Capitalizar la experiencia histórica atinente al alcohol y el tabaco.

- El problema social derivado de la alteración del estado de conciencia del consumidor.

- La contradicción existente entre la libertad pregonada por la democracia y la guerra a las drogas, restrictiva de la responsabilidad, autonomía y libre desarrollo de la personalidad etc.