Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2005/03/13 00:00

Por segunda ocasión la justicia norteamericana se retracta

Viernes 18, 9:00 horas. Anoche el embajador de Estados Unidos en Colombia, William Wood, insistió en que su país no juzgará a los extraditados por delitos cometidos antes de 1997.

Por segunda ocasión la justicia norteamericana se retracta

El pronunciamiento de Wood llegó después de la tormenta política que generó la declaración de un fiscal de Tampa, Paul Pérez, quien aseguró que Estados Unidos no estaba obligado a cumplir el acuerdo que establece que los colombianos extraditados no pueden ser juzgados por delitos anteriores a 1997 pues esta norma se derivaba de un millonario soborno del cartel de Cali al presidente Ernesto Samper y a "casi la mitad del Congreso".

Las afirmaciones hacían parte de la respuesta a Joaquín Mario Valencia, señalado narcotraficante conocido como 'el caballista', quien le solicitó a la justicia norteamericana que no se le juzgara por cargos anteriores a ese año, tal y como lo exige la justicia colombiana para autorizar la extradición.

Ayer, antes de las palabras de Wood, ya se había conocido un comunicado en el que se informaba que Estados Unidos había retirado la declaración escrita del fiscal Pérez, que se habría originado en expedientes que son públicos y no en nuevos testimonios, como se especuló en un comienzo.

La declaración del embajador norteamericano buscaba reafirmar que ese país sí respeta las condiciones constitucionales para la extradición de colombianos a ese país.

No es la primera vez que se destapa la polémica sobre el cumplimiento de las condiciones de extradición. El pasado diciembre un fiscal de la Florida declaró que Gilberto Rodríguez Orejuela sería juzgado por delitos anteriores a 1997 y se vio obligado a rectificar al día siguiente.

La advertencia de que los colombianos no pueden ser juzgados por crímenes antes de esa fecha ha sido una de las principales preocupaciones de la Corte Suprema de Justicia al momento de emitir sus conceptos favorables para el envío de colombianos a Estados Unidos.

El de Álvaro Uribe es, de lejos, el gobierno que más colombianos ha extraditado.

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