Se despeja el camino para el estatuto antiterrorista.

La ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez, quien estuvo presente en el debate de lsa Comisión Primera, no tuvo que sortear grandes dificultades para que el proyecto del gobierno fuera aprobado en el tercero de ocho debates. El paso a seguir es el de plenaria en el Senado.

El proyecto de acto legislativo permite las detenciones, registros domiciliarios e interceptación de comunicaciones sin previa orden judicial. Además autoriza a la Fiscalía la creación de unidades especiales con miembros de las Fuerzas Militares a las que se les otorgan facultades de Policía Judicial y le ordena a los Alcaldes que recolecten información y elaboren un informe de residencia de los habitantes.

Todo parecía indicar que se iban a presentar impedimentos para la aprobación del proyecto por ser una posible herramienta para la violación de los derechos humanos. Pero sucedió todo lo contrario. Incluso, la comisión del Senado endureció aún más el proyecto. Dejó de carácter permanente las facultades de Policía Judicial y le quitó el límite de cinco años prorrogables, que le había puesto la Cámara de Representantes. Además, mientras el Gobierno pedía esas facultades sólo para combatir le terrorismo, el Senado aprobó la propuesta de Rafael Pardo, que las amplió a todo tipo de delitos.