Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2005/07/24 00:00

Sobre el gobierno de los jueces

Martes 26. ¿Hasta dónde llegan las facultades de la Corte Constitucional? Eduardo Porras, lector de SEMANA.COM, responde la pregunta.

Sobre el gobierno de los jueces

No ha sido poca la polémica política y jurídica en el curso histórico del control constitucional. El invento se le ocurrió al juez Marshall, de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, quien en 1803 prefirió darle aplicación a la constitución y no a una ley que la contrariaba.

Lo particular del asunto es que la solución del juez Marshall no estaba señalada expresamente en la constitución estadounidense, sino que surgió por vía de interpretación de las normas constitucionales, generando así un debate que se prolongaría por décadas, y dando ocasión a lo que en Francia llamaron "el gobierno de los jueces", en alusión a la intromisión en asuntos políticos de quienes por naturaleza están constituidos para administrar justicia.

En los Estados Unidos la polémica resurgiría durante el gobierno de Franklin D. Roosevelt, quién encontró en la Corte Suprema a una enconada enemiga de las políticas del 'New Deal', como llamó a su programa de gobierno. El presidente más popular en toda la historia de la Unión Americana zanjó el problema con la designación de magistrados adeptos al Gobierno.

Lo cierto es que ya nadie discute la viabilidad del control constitucional a los actos del Congreso, en su doble condición de legislador y constituyente, aunque el asunto, como todo lo político, es de por sí controversial. No en vano se ha dicho que la política, al igual que la imagen del dios Jano, posee dos caras que representan la concordia y la discordia.

Pero, para el caso del control constitucional en un Estado de Derecho, este debe efectuarse en el marco de unas reglas de juego que, por fortuna, casi nunca son aplicadas textualmente, sino interpretadas para congeniarlas con los principios y valores democráticos que subyacen en ellas.

Colombia, por supuesto, no ha escapado a la polémica, revivida en estos días por obra y gracia de la reelección presidencial inmediata, en espera de revisión por parte de nuestra Corte Constitucional.

Creo que mucha desinformación está circulando al respecto. Empezando porque los adictos al presidente Uribe vienen sosteniendo. Dicen que la Corte, en lo que califican de exabrupto jurídico, se ha atribuido de manera arbitraria la función de fallar sobre la materia o asuntos de fondo de las reformas constitucionales, cuando la propia Constitución, en su artículo 241, ha limitado la competencia del alto tribunal sólo a pronunciamientos sobre vicios de procedimiento en su formación.

Nada más simplista y lejano a la realidad. La Corte, en la sentencia que falló sobre el referendo del año 2003 (C-551/03), descartó que pudiera pronunciarse de fondo sobre los temas materia de reforma y destacó que su competencia se limita estrictamente a lo señalado en el artículo 241 constitucional.

Pero dejó claro que la Constitución comporta una unidad, y que el concepto de vicios de procedimiento incluye la necesaria revisión de si el Congreso, actuando como constituyente secundario, desbordó o no su competencia, limitada sólo a la posibilidad de reformar la Carta -como lo precisa el artículo 374 constitucional- sin que le sea dable cambiar o sustituir la constitución, ni violentar los principios y valores democráticos adoptados por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que sí actuó como constituyente primario.

La pregunta correcta es, por lo tanto: ¿De cuál de esas competencias participó el Congreso? He ahí, justamente, el crucial trabajo de la Corte Constitucional.

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.