Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2004/11/28 00:00

Subordinación e independencia

Lunes 29. Gloria García, lectora de SEMANA.COM y estudiante de Finazas y Relaciones Internacionales, desvirtúa algunos mitos sobre la política exterior del presidente Uribe.

Subordinación e independencia

Son múltiples los análisis y las reflexiones a los que ha dado lugar la gestión que en materia de política exterior ha desarrollado la administración Uribe desde su inicio el pasado 7 de agosto de 2002. Para una amplia mayoría de analistas y académicos dicha política exterior tiende a asociarse con una política de "subordinación activa" que privilegia la relación con el gobierno estadounidense a costa del deterioro de los lazos multilaterales y el apego irrestricto al derecho internacional, que durante tantos años han caracterizado la política exterior colombiana. Sin embargo, al completarse dos años de gobierno, resulta de vital importancia para el país y para la opinión pública analizar y sopesar los aspectos positivos derivados del enfoque pragmático que ha dado el Presidente Álvaro Uribe al manejo de las relaciones exteriores colombianas.

De esta forma, este artículo tiene como objeto realizar un análisis sucinto de las posturas y opiniones que algunos analistas de política exterior han manifestado con respecto a la gestión adelantada por la administración Uribe en el frente externo, para posteriormente rescatar y mostrar los elementos positivos que dichas reflexiones iniciales no destacan por considerarlas peligrosas para la autonomía y soberanía del país. Así, el presente trabajo busca, a través de diversas herramientas teóricas ligadas a los conceptos de subordinación, autonomía y soberanía, presentar un punto de vista diferente que exalte la gestión que en materia de política exterior se ha implementado bajo la presidencia de Álvaro Uribe Vélez.

El manejo de la política exterior del gobierno Uribe tiende a asociarse con una política exterior de subordinación activa que privilegia la relación con el gobierno estadounidense

La alineación del gobierno colombiano con las políticas trazadas por Estados Unidos en el escenario internacional no es una característica exclusiva de la administración Uribe, por el contrario durante casi toda la existencia de Colombia como nación independiente el debate ha girado en torno al grado de alineación que los diferentes gobernantes han adoptado frente a la potencia regional. Así, aunque durante algunas administraciones como las de Belisario Betancur y Ernesto Samper la relación con Estados Unidos no fue tan estrecha, es imposible desconocer los lazos existentes entre ambos países y el poder que en todas las dimensiones detenta Estados Unidos.

Con un gasto militar cercano al 3,5% del PIB, casi trescientos millones de habitantes que representan el 4,7% de la población mundial, una economía que es dos veces la de Japón y que constituyó el 64% del crecimiento de la economía mundial entre 1995 y 2002, es difícil desconocer el poder que tiene Estados Unidos en el escenario internacional, su capacidad para influir sobre los diversos actores que lo conforman, y la conveniencia que éstos derivan por tenerlo como aliado.

Estos factores, el giro de la política exterior estadounidense tras los atentados del 11 de septiembre que hicieron de la lucha contra el terrorismo el principal objetivo de la administración Bush, así como la ruptura del proceso de paz, constituyeron el telón de fondo que facilitó el favoritismo y posterior ascenso al poder de Álvaro Uribe Vélez, cuya campaña electoral respondía las expectativas coyunturales de la población que veía una alianza irrestricta con Estados Unidos como la mejor salida al conflicto colombiano tras el fracaso de las políticas de la administración Pastrana.

Desde su llegada al poder el principal objetivo de la administración Uribe ha sido la internacionalización del conflicto colombiano identificándolo con la lucha contra el terrorismo que lidera el gobierno estadounidense, lo que explica la confrontación directa que ha emprendido contra los grupos armados que amenazan la seguridad del Estado colombiano.

Enmarcado bajo un escenario internacional que se fundamenta en la lucha contra todos aquellos factores que puedan desestabilizar el funcionamiento armónico del Estado y su capacidad para garantizar la seguridad de la población, la administración Uribe retomó dentro de su plan de gobierno el concepto de asuntos intermésticos que atañen a la caracterización de una agenda internacional compuesta por materias que son a la vez domésticas e internacionales, como herramienta para integrar a la comunidad internacional en el curso que tengan los principales problemas que aquejan al país, lo que explica por qué casi cualquier política o acción adelantada por el gobierno en el frente interno tiene cabida dentro de la agenda internacional, y viceversa.

Sin embargo, esta confrontación directa y cambio de estrategia, catalogadas por algunos analistas como una "diplomacia para la guerra" (ver Leonardo Carvajal, "Una diplomacia para la guerra"), han dado lugar a un sin número de críticas que ven en este nuevo enfoque una amenaza para las libertades y derechos fundamentales de la población debido al fortalecimiento de las fuerzas armadas y al gasto militar, principales mecanismos para alcanzar la seguridad.

De esta forma las medidas implementadas por el gobierno en busca de soluciones para los problemas que aquejan al país son duramente cuestionadas por analistas y académicos, así lo demuestran los resultados de la implementación de las zonas de rehabilitación el 21 de septiembre de 2002, considerados ambiguos y más bien pobres si se tiene en cuenta que los asesinatos selectivos aumentaron, que la impunidad de grupos paramilitares continúa y que el crecimiento de los atentados contra la población civil, así como el narcotráfico muestran la ineficacia de la política.

Las críticas por parte de la Organización de las Naciones Unidas tampoco se han hecho esperar, esto se prueba en la carta enviada al Presidente Uribe por parte de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia, Mary Robinson, el 26 de agosto de 2002 en la que manifestó su preocupación por la posibilidad de que algunas medidas de excepción adoptadas por el gobierno pudieran ser incompatibles con el derecho internacional, con los derechos humanos y con el fortalecimiento de las instituciones civiles del estado, y el informe anual de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos según el cual durante el 2002 el conflicto interno colombiano experimentó una degradación en la que las infracciones al derecho internacional humanitario no presentaron mejora alguna -Human Rights Watch, en su informe de 2002, acusa al Fiscal Luis Camilo Osorio de obstaculizar algunas investigaciones de miembros de la fuerza pública involucrados en abusos de derechos humanos-.

En lo que respecta a la guerra contra las drogas la situación no es más alentadora y pese a que el gobierno colombiano ha identificado al narcotráfico como una de las principales fuentes de financiación de organizaciones terroristas tanto internas como internacionales, los resultados en materia de erradicación y fumigación son objeto de duras críticas por parte de organismos internacionales y organizaciones ambientalistas. Así, la decisión del gobierno a finales de 2002 de levantar toda restricción con respecto a la fumigación aérea, incrementar las zonas fumigadas y aumentar la concentración del glifosato utilizado para dichas aspersiones, dieron lugar a una avalancha de reproches que afirman que los resultados de las fumigaciones sólo han servido para desplazar los cultivos a otras zonas del país y para aumentar la producción en los países vecinos. En Perú, por ejemplo, el precio de la hoja de coca llegó a niveles históricos, y en lo que respecta a la amapola ahora se sabe que los cultivos pueden producir tres veces más heroína de lo que se calculaba.

Los supuestos efectos nocivos de la utilización del glifosato también son duramente criticados, se cuestiona la efectividad de asperjar zonas donde además de cultivos ilícitos existen cultivos tradicionales que sirven de sustento para los campesinos que no están involucrados con el narcotráfico, así como el desplazamiento de los cultivadores de coca que en lugar de contribuir con la disminución del área cultivada sólo contribuye a diseminar por otras regiones la producción ilegal. En lo que respecta a los efectos ambientales los críticos son aun más contundentes, pues consideran que el glifosato puede causar daños ambientales irreparables, así como perjuicios para la salud humana asociados a malformaciones genéticas y afecciones cutáneas.

Otra de las criticas a las que ha dado lugar la política de seguridad del presidente Uribe es la poca acogida que su discurso antiterrorista ha tenido dentro de la subregión, lo que ha llevado al país a dejar de lado prioridades como el comercio y la integración regional por el temor que despierta entre los vecinos el fuerte involucramiento de Estados Unidos en la política interna colombiana, visto por los gobiernos de Venezuela y Brasil como una amenaza a la autonomía e independencia regional.

Si las políticas internas implementadas durante los casi dos años del gobierno Uribe han dado lugar a fuertes comentarios, con respecto a la política exterior sus detractores son aun más duros puesto que la atención recae sobre aspectos que no deberían ser objeto de negociación bajo ninguna coyuntura internacional. Así, para analistas como Arlene Tickner y Rodrigo Pardo, "Álvaro Uribe ha asumido una postura activa y enérgica de subordinación ante Washington, y con ello los márgenes de autonomía del gobierno colombiano para el manejo de la política doméstica y de la política exterior se han reducido dramáticamente" lo que resulta preocupante si se tiene en cuenta que países como México, Canadá y Chile pese a tener una estrecha relación comercial con Estados Unidos nunca han sacrificado su independencia política al momento de tomar decisiones que afecten los intereses estadounidenses.

De esta forma, la posición de Tickner y Pardo, así como la de otros académicos puede asociarse con los aportes teóricos de Roberto Rusell, para quien una política de bajo perfil sólo es aceptable cuando atenta de manera directa contra los intereses de la nación o contra su dignidad, de lo contrario un Estado puede y debe darse el lujo de expresar sus ideas y necesidades a través de una política de alto perfil que le permita lograr sus objetivos por medio de la negociación y no de la subordinación, que la mayor parte de las veces se traduce en un atropello para la dignidad nacional, cayendo en el ejercicio de una política exterior clientelista.

Tal como ha sido presentado, el balance de la política exterior colombiana bajo la administración Uribe resulta poco favorable para algunos sectores de opinión internacional y para los analistas de política exterior colombiana, sin embargo es importante resaltar que existen enfoques teóricos como los del argentino Carlos Escudé que a través del realismo periférico permite rescatar los elementos positivos de la gestión presidencial del actual gobierno, así como fuentes gubernamentales que refutan de manera objetiva los puntos de vista presentados.

La subordinación activa frente a Estados Unidos ha dado lugar a un deterioro de los lazos multilaterales y regionales que han llegado a contradecir los principios generales en los que se fundamenta la política exterior colombiana

Los postulados básicos que enmarcaban el desarrollo de la política exterior del país y que durante décadas parecieron inamovibles fueron desafiados por la presente administración al adoptar decisiones pragmáticas que pese a ser coherentes con los objetivos del gobierno rompieron con la tradición colombiana de apego irrestricto al derecho internacional, el cual se traduce en la no injerencia en los asuntos internos de otros países, la solución pacífica de controversias y el derecho de autodeterminación de los pueblos.

Desde que asumió la presidencia uno de los principales objetivos de la administración Uribe ha sido la vinculación del conflicto colombiano con el terrorismo global, objetivo que se ajusta muy bien a las prioridades de Washington y que ha estrechado significativamente la relación desplazando a un segundo plano la relación con otros países y organismos multilaterales. En ese sentido, Tickner escribió una vez en SEMANA que "el presidente Uribe es considerado como el portavoz de las políticas antidrogas y antiterrorismo de Estados Unidos en la región, y la centralidad de Colombia como aliado incondicional de Washington y reproductor de sus estrategias ha hecho difícil convencer a los vecinos a comprometerse activamente con la guerra contra el terrorismo en este país."

La relación con Venezuela es tal vez la que más inconvenientes ha presentado como consecuencia de la percepción, tanto en Colombia como en Venezuela, de la simpatía del presidente Hugo Chávez por la guerrilla colombiana, y por la intentona golpista del 11 de abril de 2002. Así mismo, las diferencias con respecto al papel que debe desempeñar Estados Unidos en la región han hecho tensas las relaciones entre ambas naciones y han repercutido negativamente sobre temas trascendentales como el comercio y la integración regional. Durante el primer semestre del 2003 el comercio bilateral presentó una caída de más del 70% y las exportaciones colombianas por Cúcuta hacia Venezuela descendieron un 45,83%, con respecto al año 2002.

La decisión del Congreso del vecino país de ordenar la apertura de una investigación por las recientes compras de armas de guerra realizadas por el gobierno colombiano, las acusaciones del presidente Hugo Chávez de que sectores de las fuerzas armadas colombianas estarían detrás de un complot internacional para desestabilizar su gobierno, así como el envío por parte del gobierno venezolano de una misión parlamentaria a Madrid para frenar la venta de armas españolas a Colombia y evitar un fortalecimiento militar innecesario que exporte problemas sociales a Venezuela, evidencian que la agenda política binacional atraviesa por una coyuntura crítica donde los mecanismos de fortalecimiento del Estado colombiano, principalmente en el ámbito militar, generan preocupación al mandatario Venezolano, quien se ha caracterizado por sostener una relación poco cordial con Washington debido principalmente al respaldo de este gobierno a la realización del referendo revocatorio.

Con respecto a los demás países de la región la relación gira entorno a la seguridad fronteriza y al posible desplazamiento del conflicto colombiano y la producción de droga hacia otros territorios, es por eso que durante los últimos años los cinco vecinos terrestres del país han tomado medidas militares para proteger sus fronteras de los potenciales efectos del contagio de la crisis colombiana.

De esta forma, sucesos como el del pasado 26 de junio cuando se dio a conocer la decisión del gobierno brasilero de reforzar la vigilancia militar en su frontera con Colombia ante un posible ataque de la guerrilla de las FARC a posiciones del Ejército brasileño con el objeto de abastecerse de armas, municiones, alimentos y medicamentos, la preocupación generada al interior de algunos sectores del gobierno ecuatoriano por la presión que pueda ejercer el ejercito colombiano en contra de la guerrilla en la frontera en el marco de las operaciones del Plan Patriota, así como la solicitud ecuatoriana de verificación de los acuerdos fronterizos entre Ecuador y Colombia en los que el gobierno de Bogotá se comprometió a aumentar el número de efectivos en la zona limítrofe tras la petición del presidente Lucio Gutiérrez, dejan en evidencia que si bien los mandatarios regionales respetan los objetivos del gobierno colombiano de combatir al narcotráfico y a la guerrilla, las acciones que emprendan para colaborar en este sentido siempre estarán condicionadas por el temor que genera el posible desbordamiento de la problemática colombiana hacia sus territorios.

A primera vista, las relaciones de Colombia con los países vecinos atraviesan por un momento de aparente tensión, que empeora si se tiene en cuenta la reclamación elevada por Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia en la que cuestiona la soberanía colombiana sobre el Archipiélago de San Andrés y Providencia. Sin embargo, si se realiza un análisis más profundo y bajo una óptica menos fatalista, es posible identificar aspectos que permiten afirmar que el gobierno colombiano, en cabeza del presidente Uribe, aun goza de la aceptación y el respaldo regional necesarios para sacar adelante sus iniciativas, sin que eso implique un choque de trenes entre los objetivos de Washington y la cordial relación con sus vecinos.

De esta forma, pese a que Colombia es el país de la región en el que se evidencian con más facilidad los efectos del narcotráfico y la violencia, América Latina en general es víctima de estos flagelos. Por esta razón las políticas impulsadas por el gobierno estadounidense no se alejan del todo de los objetivos regionales pese a la existencia de algunas diferencias en cuanto al método apropiado para alcanzarlos.

Así mismo, a los ojos de la comunidad internacional, Latinoamérica es analizada como una subregión en la cual las diferencias particulares de los países son pasadas por alto en el momento de emitir conceptos acerca de la problemática que aqueja a la región. Prueba de ello son las declaraciones del jefe del Comando Sur, General James Hill, quien ha asegurado que "ésta es la región más violenta del mundo, donde la corrupción, el narco terrorismo y la pobreza, han creado el ambiente para el brote de movimientos de 'populismo radical'" y el informe de 2004 de Amnistía Internacional sobre Derechos Humanos, en el que indica que "las políticas de seguridad en las Américas se están implementado a un alto costo de los derechos humanos y que los gobiernos han sido incapaces de encarar efectivamente la amenaza a la seguridad humana que proviene del hambre, la pobreza, las enfermedades, la degradación medioambiental y otros factores similares.".

Sin el ánimo de desconocer las diferencias particulares de cada país de la subregión, es importante reconocer que Colombia y sus vecinos comparten una problemática que debe ser abordada de manera conjunta bajo los conceptos de responsabilidad compartida y solidaridad. Bajo la promoción del concepto de responsabilidad compartida la administración Uribe ha logrado que algunos de sus vecinos se involucren más en la problemática que enfrenta el país, como lo demuestran las declaraciones del presidente de Perú, Alejandro Toledo, quien ha afirmado que su país está totalmente comprometido en apoyar a Colombia en su lucha contra el tráfico de drogas y el terrorismo y la designación por parte del gobierno mejicano, el pasado mes de junio, de Andrés Valencia como facilitador para un proceso de diálogo entre las autoridades de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional.

Con respecto al comercio regional también se han registrado avances importantes como la celebración de ruedas de negocios en Sao Pablo, Brasil, donde la participación de cientos de empresarios de los doce países sudamericanos, incluidos Guayana y Surinam, buscaba dar forma real a los acuerdos comerciales negociados por los gobiernos. Por su parte, la negociación conjunta de un Tratado de Libre Comercio entre Washington y los gobiernos de Colombia, Perú y Ecuador pone de manifiesto la necesidad de los tres países suramericanos de fortalecer y consolidar sus relaciones con su principal socio comercial, puesto que de no hacerlo podrían perder competitividad frente a los vecinos centroamericanos, que están a punto de lograr la aprobación de un acuerdo comercial con Estados Unidos.

Con respecto al concepto de "solidaridad", vale la pena señalar que la administración Uribe se ha empeñado en pedir al mundo apoyo para derrotar el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, y que así mismo se ha comprometido en la lucha frontal contra este fenómeno. Es precisamente bajo este marco conceptual que se debe analizar la polémica decisión del actual gobierno de sumarse a la coalición de países que respaldó a Estados Unidos en la guerra contra Irak.

La posición asumida por el gobierno pareció romper del todo con los principios rectores de la política exterior colombiana, dado que se alejaba por completo del respeto a la autodeterminación de los pueblos y pareció desconocer la no injerencia en los asuntos internos de otros países. Sin embargo, tal decisión resulta completamente coherente con el discurso manejado por el presidente Uribe y su empeño en lograr la internacionalización del conflicto colombiano, si se tiene en cuenta que desde que asumió el poder el Presidente ha buscado por todos los medios que la comunidad internacional tome cartas en la problemática colombiana identificando el terrorismo como una amenaza global que requiere de una respuesta global. El primer mandatario resolvió las dudas en torno a la controversial decisión de apoyar la guerra en Irak afirmando que "Colombia ha pedido al mundo apoyo para derrotar el terrorismo y no puede negarse a apoyar la derrota del terrorismo dondequiera que se exprese."

De esta forma, a la luz de los conceptos rectores de la política exterior colombiana y del discurso de internacionalización del conflicto manejado por la administración Uribe, el apoyo a la coalición de países que participaron en la guerra contra Irak resulta completamente coherente, y hasta necesario para no perder el terreno ganado en materia de cooperación internacional en la lucha contra las drogas y el terrorismo.

Otro actor importante dentro del escenario internacional para las relaciones exteriores de Colombia es la Unión Europea, teniendo en cuenta que por concepto de ayuda humanitaria el viejo continente aporta a Colombia más de 165 millones de dólares, ayuda que según la Declaración de Londres se circunscribe al cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos. Bajo el actual gobierno los lazos de cooperación se han debilitado un poco principalmente en los aspectos relacionados con los derechos humanos y la renuencia europea de catalogar como terrorismo algunos de los actos cometidos por los grupos al margen de la ley en Colombia. Sin embargo, con la prórroga por 10 años más del SGP-Drogas, que suprime unilateralmente los aranceles a algunos productos colombianos, la aprobación del segundo Laboratorio de Paz, que cubre las regiones de Norte de Santander, Oriente Antioqueño y Macizo Colombiano, y la reciente decisión de la Unión Europea de incluir al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en su lista de organizaciones terroristas, el gobierno colombiano corroboró el compromiso de Europa en la lucha contra flagelo del terrorismo y vio fortalecido el principio de corresponsabilidad, que tanto defiende la actual administración.

En el marco multilateral se concluyó la negociación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, instrumento que, entre otras, incluye disposiciones para facilitar la recuperación de los capitales producto de actos de corrupción, y en el marco hemisférico, se suscribió un acuerdo con la Organización de Estados Americanos para el establecimiento de una Misión de Apoyo y Verificación a los procesos de paz en Colombia.

De esta forma, es posible afirmar que las relaciones de Colombia con el resto del mundo bajo la administración Uribe se enmarcan dentro de la cooperación y la lucha contra las drogas y el terrorismo, parámetros que de una u otra manera encuentran aceptación y acogida al interior del sistema internacional pese a que los mecanismos empleados para alcanzarlos sean objeto de discusión y controversia.

El gobierno Uribe representa un punto de inflexión de la política exterior colombiana en el que a través de un análisis pragmático cobran importancia temas prioritarios para el país como la seguridad democrática.

Una vez analizados los aspectos prioritarios de la política exterior colombiana bajo la administración Uribe, resulta interesante examinar la política de seguridad democrática, eje central y punto de referencia para comprender la proyección del país hacia el exterior con base en los lineamientos y directrices trazadas por el actual gobierno, que tras identificar el tema de la seguridad nacional como estratégico para aliviar la problemática que aqueja al país, hizo de éste su principal objetivo, que en última instancia no pretende otra cosa que asegurar la viabilidad de la democracia y afianzar la legitimidad del Estado.

El panorama existente en materia de seguridad al inicio de este gobierno, indicaba que los colombianos percibían la violencia como el principal problema del país, cerca del 70% de la población se sentía insegura en sus barrios y veredas, más de la mitad se abstenía de alejarse de su residencia por temor a la violencia y casi el 40% fue víctima de un crimen durante el 2003. Con base en la realidad social del país el gobierno de Álvaro Uribe Vélez ha venido implementando la política de defensa y seguridad democrática, cuyo principal objetivo es, según el Ministerio de Relaciones exteriores, "reforzar y garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio colombiano, a través del fortalecimiento de la autoridad de una forma democrática, del libre ejercicio de la autoridad de las instituciones, del imperio de la ley, y de la participación activa de los ciudadanos en los asuntos de interés común, es una política de Estado de largo plazo, que se desarrolla en coordinación con todas las entidades del gobierno y las demás ramas del poder público."

Pese a las críticas recibidas en materia de derechos humanos, la política de seguridad democrática se desarrolla dentro de las instituciones que constituyen la base de la democracia, con transparencia y total observancia de los derechos humanos, así lo demuestran las declaraciones del presidente en su discurso ante la 58 Asamblea de las Naciones Unidas en el año 2002 donde reiteró su "compromiso con los derechos humanos y el papel de la sociedad civil reafirmando su afán democrático de proteger a todos los colombianos, a maestros, sindicalistas, periodistas e indígenas, al igual que su voluntad de lucha en contra de la pobreza y las desigualdades." De esta forma y con el fin de contrarrestar algunas de las criticas elevadas contra la administración Uribe, resulta importante enunciar algunos de los logros alcanzados a través de la política de seguridad democrática.

Tras el fracaso de las negociaciones de paz con las FARC durante el gobierno de Andrés Pastrana, el logro de la paz en Colombia pareció un objetivo inalcanzable dado que no sería fácil volver a entablar diálogos con los actores al margen de la ley como consecuencia de la pérdida de confianza y falta de voluntad política de los mismos, sin embargo, la presente administración logró avances significativos en este aspecto llegando a concretar un proceso de paz con los grupos de autodefensas.

Así, el proceso de paz con las autodefensas se enmarca dentro de una política de Estado integral, encaminada a disuadir militarmente o persuadir por medio del diálogo a todos los grupos armados ilegales existentes en Colombia, siempre y cuando éstos acepten el cese de hostilidades. El inicio del proceso con las autodefensas no implica, bajo ninguna circunstancia, que el Estado limite o disminuya sus acciones frente a estos grupos ilegales, por el contrario, la lucha contra las autodefensas ha sido contundente: durante el año 2003 el número de miembros de esta organización capturados aumentó en un 133% con respecto al año 2002, los abatidos aumentaron en un 85% y el número de desmovilizados individuales durante el 2003 fue de 697. Este proceso de paz comprende varias etapas, entre las que se encuentran la declaración de cese de hostilidades, exploración, negociación, concentración, desmovilización, reincorporación y verificación. Los avances de las negociaciones pese a haber presentado inconvenientes como los relacionados con el secuestro del ex senador José Eduardo Gnecco, avanzan por buen camino y buscan incorporar a los demás grupos al margen de la ley, siempre que estos acepten un cese de hostilidades previo al inicio de las negociaciones.

En materia de derechos humanos las cifras son alentadoras y permiten corroborar los logros del gobierno a través de la política de seguridad democrática. De esta forma con respecto a la protección a la población durante el actual periodo presidencial el número total de secuestros disminuyó en 25%, la estrategia de seguridad en carreteras permitió que los de casos de secuestros en retenes ilegales disminuyera en 52%, la masacres disminuyeron en un 49%. En la lucha contra el terrorismo se han capturado y puesto a disposición de la justicia a más de 9,300 integrantes de los grupos subversivos y se han dado de baja a 487 integrantes de los grupos de autodefensas y se han capturado a más de 4,000. Las acciones terroristas han disminuido en un 27% y el número de ataques a poblaciones en un 82%.

En la lucha contra el narcotráfico es importante resaltar que a 31 de julio de 2003 se contabilizaron un total de 69.000 hectáreas de coca, 32% menos que las registradas en diciembre de 2002. El éxito de la erradicación de cultivos ilícitos de debe a la aspersión realizada por la Policía Nacional en el marco de los programas de sustitución de cultivos y de erradicación voluntaria. Este tema suele ser uno de los más debatidos puesto que es mucho lo que se especula en torno al uso de herbicidas como el glifosato por la contaminación asociada a su uso, lo que no tienen en cuenta los críticos de la fumigación aérea es que la verdadera contaminación es generada por los cultivos ilícitos dado que una hectárea de coca destruye tres hectáreas de bosque, los químicos utilizados en el proceso destruyen el agua, los ríos y las especies únicas en las principales zonas afectadas y causan un inmenso daño social al ser generadores de violencia, desplazamientos y drogadicción.

De igual forma, es importante señalar que las fumigaciones aéreas no se hacen sobre campesinos indefensos sino sobre áreas de cultivo fuertemente protegido por subversivos, lo ideal sería combatir el problema con erradicación manual pero esto es imposible por la presencia de grupos armados. Para erradicar manualmente se requerirían 10 personas por hectárea y 5 personas por cada una de las primeras para que garanticen su seguridad. Así para un área de 100 hectáreas se necesitarían 500 personas, lo que no es viable para el estado colombiano, ni táctica ni económicamente, dejando como única alternativa la aspersión aérea, que en la actualidad se realiza con la presencia de la Fiscalía y la Procuraduría y de acuerdo con las normas internacionales aceptadas por la EPA (Enviroment Protection Agency).

Los resultados positivos son producto de la implementación de una política coherente y estructurada por parte del gobierno Uribe, sin embargo es imposible desconocer que sin la cooperación técnica y económica de Estados Unidos las cifras presentadas no serían tan alentadoras. En el reporte anual sobre producción de narcóticos en el mundo, el Departamento de Estado elogió los avances colombianos en materia de lucha contra las drogas al aumentar la erradicación de plantaciones de coca en un 8% y al disminuir la producción, lo interesante de estos resultados es que para su consecución las fuerzas colombianas contaron con la colaboración de una fuerza de apoyo estadounidense que supervisó el proceso de aspersión de 132,817 hectáreas de plantaciones de coca durante el año pasado."

Otro ejemplo de cooperación que recibe el país por parte del gobierno estadounidense es la sanción de la Ley de Operaciones Extranjeras para el Año Fiscal 2004, en la que el monto de asistencia aprobado para Colombia fue, según el ministerio de Relaciones Exteriores, de 690 millones de dólares, distribuidos de la siguiente manera: 463 millones para la Iniciativa Andina Contra las Drogas, 110 millones para Lucha contra el terrorismo (oleoducto Caño Limón Coveñas), 17 millones para Asistencia a la Policía Nacional y 100 millones para Actividades Antinarcóticos. Los datos que a su vez sirven de fundamento para rebatir las críticas de analistas como Arlene Tickner, quien afirma que "en vez de circunscribirse a la lucha contra las drogas, para lo cual ha sido aprobada la mayoría de la ayuda estadounidense, todos los fondos y equipos que el país recibe pueden usarse hoy para combatir el terrorismo."

Los verdaderos alcances y resultados de la política exterior de Uribe se han visto traducidos en beneficios significativos para el país pese a que sus detractores identifiquen la gestión presidencial con el deterioro de la autonomía colombiana

La subordinación activa del gobierno colombiano frente a Washington, tan criticada por algunos analistas por sacrificar la dignidad, el orgullo y el honor de la nación, no es más que la explotación libre e inteligente de los recursos tangibles e intangibles de país, que como bien decía el investigador argentino Carlos Escudé "lo que busca no es generar beneficios, sino evitar costos y riesgos de costos eventuales." De igual forma, con base en los postulados de este autor argentino resulta interesante analizar el tema de la falacia antropomórfica, postulado según el cual "toda invocación a la 'dignidad', 'el orgullo' o 'el honor' nacional constituyen una extrapolación, a la nación, de conceptos que son válidos para el individuo (...) que es un todo superior a la suma de sus partes. Estos conceptos, sin embargo no son válidos o aplicables para colectividades (...) que desde el punto de vista de la razón de ser del Estado, no constituyen 'todos' superiores a sus partes.", agrega Escudé en un artículo de la revista América Latina Internacional.

Lo que lleva a afirmar que si bien la defensa de la dignidad y la autonomía deben ser un objetivo clave dentro de la política exterior colombiana, no pueden ser el bastión principal de la misma, sacrificando beneficios materiales para la nación que de una u otra manera se verán traducidos en ganancias y en bienestar para la población, más aun cuando la realidad internacional se torna cada vez más interdependiente haciendo de la autonomía y la soberanía conceptos relativos.

Con respecto a la soberanía, ésta se interpreta como la autoridad absoluta que un Estado mantiene sobre su territorio y sobre su pueblo, así como la independencia y el reconocimiento internacional de un Estado soberano por parte de otros Estados soberanos. Sin embargo, la soberanía encierra componentes mucho más profundos que permiten describir al Estado dentro del sistema internacional. Así, la complejidad que encierra el concepto de soberanía se evidencia en la crisis de legitimidad que afrontaron administraciones pasadas, que pese a estar reconocidas por la comunidad internacional no tenían la capacidad de ejercer control sobre el territorio nacional para proteger a la población, lo que implica una crisis de representación que resulta extremadamente grave si se tiene en cuenta que es de la representación política de la comunidad doméstica de donde se deriva la autoridad soberana.

De esta manera, Colombia fue identificada en el escenario internacional como un país que pese a gozar de reconocimiento, no tenía la capacidad de garantizar la estabilidad ni la seguridad de su comunidad doméstica, lo que motivó a otros Estados a intervenir de manera cada vez más directa en los asuntos internos del país con el fin de combatir amenazas para la soberanía colombiana y para la subregión entera.

Es en este punto donde cobra importancia el concepto de intervención, el cual suele estar asociado con una pérdida irrecuperable de soberanía frente a un aumento de poder por parte del país interventor. Sin embargo, antes de cuestionar la pérdida de soberanía que puede generar una intervención, es importante señalar que para autores como Cynthia Weber, delinear la frontera entre soberanía e intervención produce, representa o describe al Estado, lo cual desdibuja la línea que comúnmente suele crear una contradicción entre los dos conceptos.

Así, según la interpretación simbólica que realiza Weber, la intervención viene a ser el fundamento que requiere todo significante para hacer posible la interpretación del significado, en este caso del Estado. En otras palabras, la soberanía es el referente del Estado, pero a su vez tiene como referente a la intervención. Según este análisis, es posible afirmar que la soberanía existe en la medida que una intervención la legítima, puesto que sólo es posible intervenir aquello que es soberano, de lo contrario no se estaría ante una intervención. Es precisamente ese fundamento que le otorga la intervención a la soberanía y por ende al Estado, lo que le ha permitido al gobierno colombiano seguir detentando el calificativo de Estado soberano, pese a las múltiples críticas de autores que no comparten esta visión.

Por otra parte en lo que se refiere a la autonomía, Juan Tokatlian y Leonardo Carvajal han introducido un elemento muy importante a su definición al afirmar que la misma no es absoluta sino relativa. Es decir, "que no se ejerce global sino sectorialmente, tanto en termino de actores, cuestiones y momentos. En la cual lo importante es la forma y no la praxis autonómica, en donde lo fundamental es concretar la acumulación de recursos de poder y asegurar el aumento de la capacidad negociadora de un determinado agente."

De esta forma, la concepción de Tokatlian y Carvajal desvirtúa la utopía de que un Estado pueda ser absolutamente autónomo en la actual coyuntura internacional, lo que permite afirmar que la gestión adelantada por la administración Uribe en el frente externo no ataca los fundamentos soberanos de la nación, puesto que los mismos son conceptos relativos que al verse debilitados en alguno de sus frentes también se ven fortalecidos en otros aspectos.

Para concluir el presente ensayo es necesario tener en cuenta que si bien la gestión adelantada por el presidente Álvaro Uribe en el frente externo ha dado lugar a una serie de comentarios y críticas por parte académicos que no ven con buenos ojos la relación privilegiada con Washington, los resultados tangibles de la misma son positivos y han mejorado de forma significativa la percepción que varios actores del sistema internacional tenían sobre el país.

Así mismo, las críticas que giran en torno a la ruptura con los principios rectores de la política exterior colombiana encuentran una explicación coherente si para su análisis se tiene en cuenta la lógica de internacionalización del conflicto colombiano y se incluyen los aportes teóricos de investigadores como Carlos Escudé, Cynthia Weber, Juan Tokatlian y Leonardo Carvajal, quienes a través de conceptos como la falacia antropomórfica, la interpretación simbólica de la soberanía y la autonomía relativa, delinean una nueva forma de inserción en el complejo juego de las relaciones internacionales, en el que los dogmas y los axiomas aceptados de manera casi mística ya no son incuestionables y por el contrario están abiertos a nuevas interpretaciones.

* Estudiante de noveno semestre de Finazas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.

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