Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2003/10/06 00:00

"Surgieron más preocupaciones de las que había"

Miércoles 8, 8:30 horas. Así lo señaló el senador Germán Vargas Lleras luego de concluir, el pasado martes, su reunión con el presidente Álvaro Uribe y 18 senadores más. El Gobierno no pudo convencerlos sobre el proyecto de alternatividad penal.

"Surgieron más preocupaciones de las que había"

El presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez citó a los integrantes de la Comisión Primera del Senado para mostrarles por qué el proyecto de excarcelación de combatientes debe ser aceptado.

Algunas fuentes uribistas indicaron que 10 de los 19 integrantes de la Comisión están de acuerdo con el proyecto, por lo que pude pasar en debate por mayoría. Sin embargo, el presidente busca un consenso abierto entre las partes. Por ello se reunió hoy en Palacio con ellos para mostrarles los beneficios.

Pero al parecer, no lo logró. Por ello se volverán a reunir el próximo lunes para seguir con las conversaciones.

Los congresistas prefieren reducir las penas a los cabecillas de las organizaciones terroristas, pero sin excarcelación.

en la reunión también le propusieron al mandatario que endurezca el proyecto y fije algunos límites, para que así sea aceptado ampliamente, no solo por ellos, sino por la sociedad en general.

Desde que fue presentado el proyecto, se desató una dura polémica, incluso en algunos medios estadounidenses que criticaron la idea de excarcelar a los guerrilleros o paramilitares que se entreguen a las autoridades, aún siendo autores de delitos atroces.

Las propuestas de algunos de los congresistas es que los autores de delitos atroces purguen una pena mínima antes de obtener una libertad definitiva y la otra es que los beneficios de la ley solo tengan vigencia hasta el 7 de agosto del 2006, como lo sugiere el senador liberal José Renán Trujillo.

En defensa de la ley, su autor, el senador Darío Martínez, explicó que los autores de delitos atroces estarían en prisión cinco años, descontando otros beneficios que ya existen en la legislación penal. "Serían 5 años y el resto de la pena la pagaría con las penas accesorias que tiene el proyecto (inhabilidades políticas y prohibición de porte de armas ) y con el resarcimiento a las víctimas. Eso es lo que vamos a hablar con el Presidente. Pero si los grupos armados no aceptan esto, quedamos en nada", aseguró a los medios el senador.

Por su parte, el senador Rafael Pardo, quien se opone al proyecto, insistió en que el Gobierno lo retire. "No creo que el Presidente lo haga, porque Uribe viene muy envalentonado de Estados Unidos", dijo públicamente.

De la reunión fallida dependía el trámite de la alternatividad penal, pues el trabajo en la Comisión Primera está congelado a la espera de que el Ejecutivo haga las reformas pertinentes y así los informes de ponencia sean radicados.

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