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| 10/13/2003 12:00:00 AM

Suspendidos ocho directores de corporaciones regionales

Viernes 17, 8:20 horas. La Procuraduría tomó la decisión tras resultar implicados en irregularidades en el desempeño de sus funciones que le costarían al Estado más de cinco mil millones de pesos.

La investigación establece que ellos deben responder por aparentes irregularidades en contratación, ejecución de presupuesto en los últimos tres años y presunta conformación de nóminas paralelas.

Fueron suspendidos como medida preventiva ante los indicios de irregularidades en la supuesta destinación ilegal de los recursos.

Se trata de ocho directores de corporaciones autónomas regionales y dos funcionarios administrativos de esas entidades. Ellos son Elemilet Roberto Oyola, director de Carsucre; Raúl Tajud Jaar, de la Corporación Autónoma del Altlántico; Rubén Darío Barco López, director de Corpocaldas; Pedro Nel Moscote Moscote, director de CorpoGuajira; Alejandro De Lima Bohmer, de la Corporación Autónoma del Valle CVC; Alfredo Nasser Santis de Corpomojana. Además fueron suspendidos Alirio Rodríguez Rodríguez, director de CorpoBoyacá; Jimmy Avendaño Suárez, secretario general de la misma Corporación; Darío Londoño Gómez de la Car Cundinamarca y Blanca López, subdirectora administrativa de la misma entidad.

La viceprocuraduría investiga además a Guillermo Ariza Cabrera, en su condición de Cardique y Helman Soto Martínez en su condición de director encargado de la misma corporación.

La investigación contra ellos inició cuando se estableció que los contratos de prestación de servicios para desempeñar en forma permanente actividades propias de los funcionarios de planta estaban quedando registrados en nóminas paralelas.

Por ejemplo, en el Atlántico, se hicieron contratos de secretarias, conductores, asesores, practicantes y auxiliares desde 1998 hasta el 2003 sobrepasando hasta cuatro veces el personal de planta.

En CarSucre, por su parte, se habrían dividido artificialmente los contratos con el fin de adjudicarlos directamente cuando los montos obligaban a realizar el proceso a través de licitación pública.

Mientras tanto, las irregularidades en la Car Cundinamarca, tienen que ver con la suscripción de convenios por 600 millones de pesos sin tener en cuenta los principios de contratación estatal.

En esa dependencia, la Procuraduría cuestiona a su director Darío Londoño, porque al parecer no veló por el cumplimiento de las funciones delegadas a otros funcionarios que suscribieron varios contratos con violación a la ley.

La Procuraduría indicó además, que con la conformación de esas nóminas paralelas se estarían menoscabando los derechos laborales irrenunciables de los contratistas bajo el disfraz de unos supuestos acuerdos de voluntades atentando contra el patrimonio público porque expone a esas corporaciones a cuantiosas demandas por parte de los contratistas afectados.
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