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| 4/10/2005 12:00:00 AM

Una desbandada paramilitar llamada desmovilización

¿Cuáles son los problemas que condenan al fracaso al proceso de paz con los paramilitares? El investigador Argiro Giraldo explica algunos de ellos.

Desde el punto de vista ético los procedimientos utilizados para los acuerdos de desmovilización con las Autodefensas Unidas de Colombia deben conmover de pena y dolor a todas las personas y estamentos nobles y sensibles de la sociedad colombiana e internacional por varias razones:

Se crea una pedagogía de estado equivocada

Colombia un país que está construyendo su convivencia ciudadana, no puede generar la cultura del perdón y el olvido de modo generalizado como camino fácil y expedito para eludir sus responsabilidades en la defensa de lo más primario que es la vida y con ello, ocultar su incapacidad histórica en la captura, juicio y condena de quienes desde distintos bandos han degradado ese valor elemental de convivencia. Al hacer prevalente los anhelo de paz por sobre el elemental derecho y el respeto a la vida, se está desnaturalizando el sentido mismo de la paz, la cual pierde su esencia, su sustancia, su alma que es y ha de ser precisamente la vida humana.

Se deshonran las esferas del poder judicial

Una negociación que ha estado ausente de justicia, verdad y reparación, aniquila el Estado de Derecho, entendido como que "toda sociedad política ha de contener algún tipo de ordenamiento jurídico". Ideal político que siendo en últimas "holístico" o totalitario, en el sentido que le es a todos sin exclusión, no puede amparar a aquellos sectores que bajo pretextos de defender la Instituciones, en la sociedad política, se crean un espacio vacíos de derecho, una zona inexpugnable, o un amparo jurídico, para eludir la esfera del poder judicial (nulla crimen sine lege). Intentar eludir los juicios a genocidas, reduciendo penas o ampararlos ante la justicia internacional, deshonra el poder judicial no solo interno, sino los esfuerzos que la humanidad ha venido haciendo para que se castiguen de modo ejemplar a genocidas y criminales de guerra.

El desmovilizado de la guerra: un desempleado peligroso

Ahondan serias dudas sobre el futuro de la convivencia ciudadana que se intenta amparar con normas conciliadas, reduciendo penas y procedimientos en una Ley que desconoce a victimas y a organismos internacionales defensores de derechos humanos, más cuando "los desmovilizados de una guerra" en términos generales fueron o son personas que en su mayoría solo aprendieron el oficio de las armas, la intimidación y el aniquilamiento del hombre como recurso de supervivencia personal. En Colombia, el conflicto armado con mas de 40 años ha logrado ensamblar la peor de las industrias: la empresa de la guerra. Es, por cierto, la única que demanda y recluta personal porque ante la falta de alternativas de vida para una población que no encuentra otros incentivos y donde el crecimiento industrial y agrícola se encuentran acorralados por esa industria, que las condiciona y determina con impuestos, bonos de Estado, cuotas obligadas, chantajes, y extorsiones. Solo crece esa maquinaria mortífera absorbiéndolo todo, coartando la libertad, el pensamiento y la opinión libre.

La desbandada paramilitar

El paramilitarismo está compuesto por una soldadesca joven carente de motivaciones nobles, por lo que es esencialmente mercenaria. Por cuenta del proceso de paz se han visto involucrados en un cese de actividades sin alternativas claras de reinserción, entre otras cosas porque éste no ha sido coherente, transparente y ajustado a los convenios y tratados internaciones.

Esas precarias condiciones pueden derivar en una desbandada. Y por esta vía, de modo directo o indirecto, esos mercenarios se incorporarán de nuevo a la industria de la guerra, que sigue intacta y persistente.

La desbandada Paramilitar se acentuará cuando el gobierno, intentando ajustar la Ley a las exigencias internacionales, a Convenios y Tratados, deba dar marcha atrás en los pactos secretos que permitieron la concentración paramilitar. Entonces nos enfrentaremos a otro fenómeno, el efecto Perdigón, similar al que produce una granada cuando explota, que se dispersa y destruye. Para evitar ese efecto que también puede originar la desbandada de los mercenarios, se hace necesario de manera inmediata el sometimiento y el cumplimiento por parte del Estado Colombiano a esos Convenios y Tratados internacionales y retomar un proceso de paz integro y serio con todos los actores del conflicto, previo reconocimiento de la existencia de una confrontación bélica interna o de una guerra que de modo prolongado vienen desarrollando sectores armados de oposición al régimen y al establecimiento.

Un proceso serio de desmovilización negociada con actores armados debe concluir con la integración de los excombatientes en un ejercito regular, para así mantener sobre ellos un control social y evitar el resurgimiento de otras modalidades de criminalidad. La ausencia de un Tribunal de Justicia y Verdad Independiente que permitiera la depuración de los excombatientes y su integración a la Institucionalidad dentro del tejido social, en los anteriores procesos de paz con el M19, con el EPL y con facciones del ELN, demostraron ser solo exitoso en la reinserción para los dirigentes, pero desastrosos para muchas de las bases que en su mayoría terminaron engrosando otros proyectos armados o delictivos cuando el reinsertado no recibía más el subsidio Estatal, o el empleo temporal se había terminado o el taxi, que como esperanza de vida les habían concedido para su reinserción, lo había destruido. De esa soldadesca desesperanzada se nutrieron los otros sectores del conflicto a saber las FARC, el ELN y buena parte del narcotráfico y de los Paramilitares que entre otras se alimentaron ideológicamente del anticomunismo que la confrontación Chino-Soviética traslado a Colombia.

Consecuencias de la guerra

Si el paramilitarismo se utilizó directa o indirectamente como política de Estado, por acción u omisión para el exterminio de sectores contestatarios o "desestabilizadores de la democracia" y se ligo a la lucha contra la insurgencia armada (hoy señalada de terrorista), tal como parece inducirlo serias investigaciones y algunas declaraciones de personas directamente vinculados a esa política, el Estado ha de ser consecuente en asumir sus responsabilidades por los actos de barbarie. No puede desligarse de su responsabilidad, más cuando está dando un tratamiento político y no judicial a un grupo que cometió indudables delitos de guerra no perdonables a la luz del Derecho Internacional.

La constitución de un Tribunal Independiente por La Verdad y la Justicia que determine responsabilidades, cualifique y califique los tipos de criminalidad a juzgar, determine sus responsables y fije las indemnizaciones que ha de reconocer el Establecimiento para la reparación a las victimas, ha de ser el primer paso para desmontar la compleja Industria de la Guerra y para garantizar que este y otros procesos de desmovilización se consoliden y así hilar la convivencia que ha deshecho una guerra cruenta interna que lleva más de 40 años y de la cual parece no existir quien juzgue, recurriéndose indebidamente a una política de extradición por la falencia en esta materia a nivel institucional.

La ley que en esta materia tramita el Congreso, está desligada de las victimas, de otros actores del conflicto, de organizaciones internacionales de derechos humanos, de la ONU y como tal, no siendo consensuada ni armonizada con todas estas variables, incrementarán la confrontación, polarizarán la región y debilitarán los procesos de integración económica que positivamente se estimulan en Latino-América y desde los Estados Unidos hacia todo el continente.

* Investigador exiliado
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