Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2005/05/09 00:00

Una regularización muy irregular

Martes 10. "El proceso de normalización de trabajadores extranjeros que comenzó el pasado siete de febrero en España deja mucho que desear". Columna de Erika Antequera, lectora de SEMANA.COM.

Una regularización muy irregular

El proceso de normalización de trabajadores extranjeros que comenzó el pasado siete de febrero en España deja mucho que desear. Miles de inmigrantes creyeron que su situación mejoraría con la medida adoptada por el gobierno socialista. Sin embargo, el último día de plazo para las solicitudes quedó en evidencia la desorganización, la falta de previsión y la desesperación de miles de personas que aguardaron en las puertas de los centros municipales durante horas sin que sus esperanzas de obtener los ansiados "papeles" se resolviera. En un principio los inmigrantes que quisieran obtener el permiso de residencia y trabajo, debían estar empadronados, tener una oferta de empleo y carecer de antecedentes penales en España y en su país de origen. Con estos tres documentos era el empleador y no el inmigrante, quien debía dirigirse a las oficinas de la Seguridad Social. Desde entonces empezaron a salir a la luz los problemas que esto traería para los empleadores ya que debían pagar al Estado la Seguridad Social de su trabajador con carácter retroactivo. David Martínez, propietario de una tienda de música se mostró en desacuerdo con la medida porque según él, durante un año antes del proceso de normalización intentó "darle los papeles" a cuatro personas, dos argentinos, una mexicana y una colombiana y todas sus solicitudes fueron denegadas. En las oficinas de empleo le aseguraron que en España hay muchas personas que pueden hacer el trabajo que ellos hacían pero "no es cierto, siempre que necesitamos a alguien para la tienda pues vienen extranjeros, que quieren trabajar y yo he querido darles los papeles. A ellos les conviene y a mi como empresario también. Creo que una oferta de trabajo debería ser suficiente", dijo. Esta primera medida, en la que el empleador se convertía en la piedra angular del proceso de normalización fue muy criticada por distintos sectores sociales como los sindicatos y las ONG que desde el principio reclamaban al gobierno más flexibilidad para que los inmigrantes pudieran obtener el permiso de trabajo. En un principio no se tuvo en cuenta que muchos inmigrantes no se empadronaron nunca por temor a que la policía tuviera acceso a sus datos personales, o porque se dedicaban a la recogida de frutas en distintos pueblos del territorio español y no tenían un domicilio fijo, porque no hablan el castellano o simplemente por que su situación es tan desesperada que no saben ni siquiera que ese tramite existe. Tampoco se tuvo en cuenta a la cantidad de empresarios que hicieron oídos sordos a la normalización y le dijeron a sus empleados que no estaban dispuestos a regularizar a nadie, como le pasó a Rocío Gómez, una colombiana de 26 años que trabaja en una gasolinera y a pesar de estar embarazada su jefe le dio la opción de irse o seguir trabajando, eso si, como ilegal. Después de las múltiples protestas por la falta de coordinación, el gobierno anuló la multa que recibirían los empleadores y convocó a que continuaran regularizando a sus empleados. El criterio para exigir a los inmigrantes el empadronamiento, fue quizás uno de los puntos más criticados por las ONG. Sin embargo, puede haber algo aún más complicado de resolver y es el tema de los antecedentes penales. Si bien es cierto que es un punto importantísimo para que un extranjero pueda residir en España y en cualquier otro país, obtener el certificado judicial no es igual de fácil para todos los que pretenden quedarse en España. Arsenio García, abogado de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, asegura que la situación de los africanos es particularmente complicada ya que cientos de ellos llegan al país en "patera", es decir, en una miserable embarcación en la que ponen en riesgo su vida atravesando el estrecho de Gibraltar, sin ninguna documentación que certifique quienes son y en España no tienen representación diplomática que asegure que no deben nada a la justicia. Según un informe elaborado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado CEAR, hasta el 26 de abril se presentaron diariamente un total de 470.710 solicitudes y en el cuadro puede verse como a medida que el gobierno iba cambiando los criterios de la normalización la cifra aumentaba de manera alarmante. La primera semana de la regularización se presentaron 1.814 solicitudes, la séptima semana 10.800 y el martes 26 de abril se presentaron 14.183 solicitudes de residencia y trabajo. En la cola, Colombia ocupa el cuarto lugar en cuanto solicitudes se refiere, al finalizar el informe, 46.832 colombianos presentaron sus papeles para obtener el permiso de trabajo, es decir, el 9.95% del total de peticiones. Pero desde el 26 de abril hasta este fin de semana las cosas han cambiado. Los miles de inmigrantes que pensaron que esta era su oportunidad y no lo consiguieron se han quedado con el corazón y el bolsillo roto. Muchos de ellos han pagado cuantiosas sumas de dinero para conseguir algún documento que certifique su estancia en España, muchas mujeres y entre ellas miles de colombianas, han triplicado sus jornadas laborales como empleadas del servicio doméstico para tener más ofertas de trabajo, otras están dispuestas ha seguir trabajando sin papeles cuidando ancianos o enfermos hasta que reúnan el dinero suficiente para poder ir a Colombia y darle algo mejor a su familia. El plazo acabó el sábado y las oficinas estuvieron abiertas hasta las diez de la noche. Pero, como tan sólo hace dos semanas hubo otra modificación, miles y miles de personas esperaron en las calles para poder acogerse a lo que el gobierno llamó hace quince días el "empadronamiento por omisión" es decir, algún otro documento diferente al empadronamiento, que acredite la estancia en España. En algunos casos sirve una visita médica, en otros, algún certificado expedido por alguna junta municipal y en otros no se sabe, el caso es que España cierra hoy sus puertas de manera formal a quienes quiera trabajar legalmente en el país. A pesar de las múltiples modificaciones imprevistas que ha sufrido este proceso, la cosa no acaba aquí. La inmigración a nivel mundial es un proceso que no tiene marcha atrás. Mientras en el llamado Primer Mundo existan las posibilidades de ganar tres veces el sueldo que se puede ganar una persona en el mal llamado Tercer Mundo, la gente seguirá llegando, poco a poco, en avalanchas, en pateras, en avión, como polizones en los barcos, como haga falta con tal de conseguir el pan diario. No importará que en el proyecto de la Constitución Europea los inmigrantes figuren en el mismo apartado que el terrorismo y la seguridad. Mientras se sigan aplicando medias imposibles de cumplir por parte de los países en conflicto o con extrema pobreza (principales exportadores de emigrantes) la globalización obligará a que todos busquen un lugar mejor para vivir. Por que las miles de personas que aguantan hasta catorce o veinticuatro horas con sus hijos en brazos en una fila interminable han llegado aquí para labrarse un futuro mejor.

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