Atentado a un proceso: responsabilidad del Estado

Sin duda el Estado colombiano deberá responder ante la sociedad nacional e internacional por el crimen cometido contra el avance del proceso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Es necesario que el país haga memoria pero, como dudo que ello pueda suceder, trataré de rememorar algunos hechos para contribuir con la comprensión y explicación del daño irreparable que, en mi criterio, se ha hecho a una iniciativa ciudadana que viene buscando nuevas opciones de vida y de justicia.

La comunidad rural de Apartadó se ha distinguido, desde años atrás, por la organización comunitaria que sostiene, la que en medio del trabajo y de los esfuerzos por la sobrevivencia cotidiana desplegó toda su energía para la

protección de la zona rural, por ser una importante reserva natural caracterizada por la riqueza de su biodiversidad, donde también se destacan las reservas de carbón de la Serranía de Abibe, aparentemente entregada en concesión a terceros sin conocimiento del municipio ni la comunidad, hecho que, además, ponemos en conocimiento de la opinión y que amerita una denuncia pública. Me gustaría agregar que bajo mi responsabilidad se presentaron proyectos de mejoramiento de vivienda rural a la Caja Agraria y que, cumplidos los trámites debidos, una de las comunidades beneficiarias fue la de la Unión, del corregimiento de San José de Apartadó.

Este proceso se caracterizó por el ingenio de una comunidad para dar respuesta propia y resolver de forma particular sus necesidades e intereses. No obstante esta estrategia de vida, expresa en la capacidad de organización ciudadana, de liderazgo y fuerza que fueron los motores para sacar adelante el proyecto, ha sido señalada por las autoridades militares y por Carlos Castaño como escenario propio de la guerrilla. Con esta atroz amenaza vimos intensificar una estrategia de guerra y muerte que afectó a más de 70 personas, entre hombres y mujeres: campesinos y campesinas que tenían bajo sus hombros la responsabilidad de un trabajo comunitario solidario y consciente.

El Estado, para ese momento representado por mí como autoridad y alcaldesa de la localidad, presentó una denuncia ante la Fiscalía por no poder proteger a sus ciudadanos al comprobar que las fuerzas militares no estaban cumpliendo con la responsabilidad que la Constitución política otorga para salvaguardar la vida y honra de los colombianos. La denuncia sostenía que, como autoridad local, no poseía la gobernabilidad necesaria para cumplir con el plan de gobierno y llevar a cabo las concertaciones respectivas en razón a las múltiples muertes y a la constante persecución a la administración. De otra parte, se violaba el derecho humano de los habitantes a gozar de los beneficios de la riqueza natural de la región y se afectaba su medio ambiente por la negligencia del sector bananero y la tolerancia de Corpurabá, encargada de la protección del medio ambiente, y se agudizó el no pago de impuestos por los sectores de bananeros, se intensifico la polarización social y el miedo invadió al pueblo, a sus calles y a toda la región.

Dentro de las tareas no realizadas por la presión armada estuvieron los planes de electrificación y de vivienda rural, ambas a realizarse en zonas bajo el control de los paramilitares y del Ejército, éste bajo las órdenes del general Rito Alejo del Río (llamado a calificar servicios), quien estuvo informado de la gravedad de los hechos y nada hizo. Para él los muertos, el desplazamiento, las amenazas y la desaparición no eran razones suficientes.

Hoy día, después de casi tres años de mi gestión, aún no sé qué pasó con los procesos en los lugares donde presente denuncias.

Parece que en este país poco valen los esfuerzos de hombres y mujeres para demandar y proteger, en la vida cotidiana, su derecho a la vida, a la conservación de los recursos naturales, a habitar su propio terruño, a que se les reconozca una deuda social acumulada por años por parte del Estado y, ante todo, el derecho a la justicia y de no vivir y morir en medio de la impunidad.

El proceso organizativo de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, tratando día a día mantener su independencia y neutralidad activa, y la presencia por más de 30 meses de la Iglesia Católica, de representantes de instituciones nacionales e internacionales en la zona (producto de su propia iniciativa), me llevan a expresar hoy mi convicción de que el Estado colombiano, más por omisión que por acción, tendrá que asumir los costos de su propia irresponsabilidad al dejar grandes grietas y vacíos de presencia que permitieron o alcahuetearon la pérdida de vidas humanas, los múltiples asesinatos, los desaparecidos y los cientos y miles de desplazados expulsados de la zona. Tal vez en el fondo la razón de todo ello se deba a la ambición desmedida que, por la fuerza, a la brava y a costa de sangre y miedo, intenta concentrar en pocas manos la tierra de muchos.

Me cuesta trabajo aceptar que este sea el modelo de paz deseado por algunos sectores económicos y políticos de este país. El ‘modelo’ de pacificación de Urabá no puede ser ejemplo ni puede dejarse prosperar en el pais. Es el modelo del ‘Plan Colombia’, o mejor retomo el título de la revista Utopías, "¿Plan contra Colombia"?

Me pregunto, entonces, por la diferencia entre una zona desmilitarizada y una militarizada. La respuesta es que, como están las cosas, ninguna. La seguridad de las personas debería ser nuestra preocupación, nuestro interés y responsabilidad del Estado. Prevenir la violación de los derechos humanos, reconocer los efectos de la guerra en la vida de las que están "teniendo hijos para la guerra".

Por todo ello exigimos la aplicación de justicia pronta y una inversión clara y sostenible que permita respetar la relación de los seres humanos con la naturaleza. Que no sigamos acumulando poder y riquezas que sólo llevan a la exclusión de sectores de la sociedad.

Estas reflexiones las realizo cuando veo que se intensifica la presión interna y externa sobre Colombia, cuando los crímenes, la inseguridad y el miedo están cada vez más cerca de la cotidianidad de los colombianos, cuando los atentados de la guerrilla, la ruptura del tejido social y la desinformación de los asuntos sobre el proceso de paz parecen más temas de reparto de ‘poderes’ que consecuentes con una nueva visión de país. Nos encontramos ahora frente a la privatización de los enunciados de las agendas de paz porque los contenidos están siendo trabajados sin la presencia consecuente del Estado (ausencias en la audiencias públicas), lo que tenemos ahora son monólogos de paz que si no nos preocupamos por redireccionar y redimensionar terminarán justificando la intervención militar.

Tantos sucesos a la vez no nos dejan reaccionar a tiempo. Lo único que va quedando es esta enorme realidad de desgobierno y de cómo, paso a paso, se entrega a Estados Unidos nuestra riqueza natural, nuestra sabiduría, nuestra realidad de país. Responder por la Comunidad de Paz de San José de Apartadó será parte de esta búsqueda de la verdad. Para ello tendrá que prepararse este gobierno, deberá responder por la violación de los derechos humanos de miles de personas que viven en la frontera con Panamá para no hablar sino de otra de las perspectivas que día a día se acumulan.