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| 10/10/2006 12:00:00 AM

¿Al fin qué? ¿Quién sabe cuáles son las cifras oficiales del país?

Crece la discusión sobre la credibilidad de las cifras oficiales. Mientras el gobierno asegura que el país mejoró en todos sus indicadores, algunos analistas sostienen que hay manipulación de datos.

El movimiento de las cifras sobre indicadores como la pobreza, el secuestro, la calidad de vida y la seguridad es noticia todos los días en Colombia. Desde los gremios, la academia, las ONG, los organismos multilaterales y las entidades del Estado aparecen cada semana nuevos datos sobre la gestión del gobierno que no siempre coinciden entre sí y terminan por crear confusión en la opinión.

El debate sobre las cifras se agudizó hace tres años, cuando César Caballero renunció a la dirección de Dane al recibir presiones directas del jefe de prensa de la Casa de Nariño, Ricardo Galán, para que se abstuviera de publicar los datos sobre la seguridad en Medellín, Cali y Bogotá que hacían parte de la ‘encuesta de victimización 2003’. Caballero tenía prevista una rueda de prensa para divulgar la encuesta y recibió varias llamadas de la Presidencia de la República en las que lo conminaban para que no lo hiciera. Ante esta situación, el funcionario abandonó el cargo y fue reemplazado de inmediato por Ernesto Rojas, quien según la Presidencia “trabajó activamente en la campaña” presidencial de Álvaro Uribe.

Pese a que Rojas ya había dirigido el Dane, su regreso a la entidad estuvo acompañado por una andanada de críticas y denuncias sobre la manipulación oficial a las cifras la gestión del gobierno. El escándalo por la salida de Caballero y la decisión de Rojas de cambiar la metodología para el censo del año pasado alimentaron las dudas de quienes alegaron que se estaba engañando al país.

El Dane realizó el censo según las nuevas directrices y la discusión quedó ahí hasta esta semana, cuando un grupo de congresistas denunciaron nuevamente que el gobierno está manipulando las cifras, a propósito de las nuevas revelaciones sobre desempleo y crecimiento del país. Uno de sus principales argumentos parte del ejercicio de contraste entre las mismas cifras oficiales. Según ellos, no tiene explicación el hecho de que el país esté creciendo al 5,7 por ciento (según cifras oficiales), pero al mismo tiempo se reduzca el mercado laboral y aumente el desempleo.

Tampoco entienden la teoría de que las obras públicas son las que han jalonado el crecimiento del país (en teoría subieron 20 por ciento), pues la venta de cemento no ha subido. “Me pregunto de qué material serán las obras y que sería una verdadera novedad que las construyeran sin materia prima. ¿O será que están haciendo pasar como obras los simples contratos?”, señaló la senadora liberal Cecilia López.

La puja por las cifras no es un asunto menor ya que a partir de los datos estadísticos el gobierno diseña políticas públicas para combatir los principales problemas del país. En el caso de los desplazados, no se pueden esperar los mismos resultados si las partidas oficiales se destinan a atender 800.000 personas, que si se distribuyen entre 2,5 millones.

La discusión gira en torno a todas las variables medidas por las encuestas oficiales. Uno de los casos de mayor resonancia tiene que ver con las cifras del área social, entre las cuales el caso del desempleo es el ejemplo típico de la controversia.
La entidad oficial reveló este fin de semana que la tasa de desempleo a nivel nacional en agosto pasado se ubicó en 12,9 por ciento, superior al 11,3 por ciento registrado en igual mes de 2005. Según el Dane, el desempleo afectó a 2.565.000 colombianos durante agosto último. Dicho panorama es aún más grave cuando el ente oficial reconoce que 37,7 por ciento de los trabajadores son informales (más de 10 millones de colombianos), cifra que en agosto del año anterior era del 32,5 por ciento.

Para Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General de Trabajadores (CGT), la cifra real del de desempleo en Colombia es de 4.000.000 de personas, pues “el gobierno está contando como trabajadoras a las personas que diariamente acuden al rebusque en los semáforos y ese no es un empleo digno”. En este punto el ex ministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo (de filiación conservadora) comparte la tesis de quienes dicen que hay una incongruencia entre la cifra de crecimiento (superior al 5,7 por ciento) y el aumento del desempleo. Y hasta reconocidos economistas como Javier Fernández Riva creen que es posible que haya errores en las cifras del Dane.

Los opositores del gobierno aseguran que el incremento en el desempleo no sólo es una realidad, sino que aparece en las cifras oficiales como consecuencia de la manipulación de datos. Esta versión parte de la idea de que el Ejecutivo está equivocado al señalar que en el país sólo hay 41 millones de habitantes y no 44 millones, como indican todas las proyecciones demográficas. Si se reduce la población entre la cual se deben distribuir los bienes y servicios del Estado, es lógico que mejoren indicadores como los de la distribución de la riqueza, el PIB y hasta el crecimiento, pero también es obvio que aumenten los porcentajes de indicadores negativos como los de la desnutrición, el analfabetismo, la muerte materna y la muerte infantil, entre otros.

Para los congresistas defensores del gobierno, como Santiago Castro y Óscar Darío Pérez, la incongruencia está por el lado de las cifras no oficiales, que en algunas ocasiones no cuentan con técnicas estadísticas avanzadas o se dejan llevar por sesgos políticos contrarios a las políticas uribistas.

En el caso de los índices de pobreza tanto el gobierno como sus opositores reconocen que el país presenta un dramático balance, pero hay matices en cada análisis. Para el Dane, el 49,2 por ciento de los colombianos son pobres y el 14,7 por ciento están en la indigencia. En ambos casos el sector rural es el más afectado por el flagelo. Pero hay tantas cifras sobre la pobreza como formas de medirla y no es extraño que en época de campaña electoral los políticos salgan a la plaza pública a hablar sobre la mejoría en los indicadores o la ineficacia de la lucha contra el flagelo, según la orilla política en la que estén.

La metodología escogida por el organismo oficial se basa en los ingresos: todo colombiano que devengue menos de 224.000 pesos es pobre y si apenas recibe 91.000 es indigente. El resultado es más desalentador si la medición se hace sobre la base de las calorías consumidas por hogar o persona, pese a que los rangos mínimos de medición de calorías también fueron elevados. Como sea, las Naciones Unidas han señalado varias veces a Colombia como uno de los países más inequitativos del mundo debido al elevado número de pobres y la concentración de la riqueza.

Las cifras de seguridad

Otro tema de frecuente discusión es el del desplazamiento forzado, que al decir de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) afectó a más de 2,5 millones de campesinos desde 1985, pero que según el gobierno es inferior a 800.000 personas, pues muchos de los desplazados iniciales ya retornaron a sus comunidades. Sea cual sea la cifra, es innegable que el país vive una tragedia humanitaria por cuenta del desplazamiento y que muchos labriegos terminaron como ‘población vulnerable’ en las grandes ciudades, debido a su pobreza, desempleo, bajo nivel educativo y las amenazas que sufren por parte de los actores del conflicto o bandas de delincuencia común.

Igual ocurre en temas como la seguridad. Dado que ésta ha sido la principal bandera de la administración Uribe, es apenas lógico que el gobierno esté interesado por mostrar resultados alentadores en la materia. Sin embargo, no todas las áreas de seguridad parecen mostrar una mejoría tan alentadora como la que presenta el gobierno. En asuntos como la lucha contra el secuestro las cifras del gobierno son muy parecidas a las de entidades como la Fundación País libre, que reconoce una disminución tanto en la modalidad extorsiva como en la simple. Colombia pasó de tener 2.886 secuestros, en 2002, a 800 el año pasado y 345 en lo corrido de 2006.

En casos como el de las muertes violentas no parece haber igual unanimidad. Sin bien la mayoría de estudios coinciden en una reducción de la tasa de violencia como producto de las desmovilizaciones de las autodefensas, los expertos recomiendan mirar el tema por regiones para no perder de vista la particularidad de cada contexto. Mientras hay reducción de muertes en Medellín y Bogotá, en regiones como Arauca los índices no parecen tan alentadores por la falta de denuncia ciudadana ante el temor a retaliaciones de los violentos.

Para los sectores de oposición, el surgimiento de indicadores negativos en algunas de las áreas descritas ya comienza a crearle problemas al gobierno por la manipulación de las cifras. Para el gobierno, los verdaderos resultados están en construcción y se verán más adelante. Mientras tanto, el país seguirá sin saber quién dice la verdad y su única forma de averiguarlo será a partir de la experiencia personal, que en casos como el del desempleo no parece halagüeña.
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