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Cincuenta de los 147 militares implicados en la apropiación de unos 40 mil millones de pesos, asistieron este lunes a la primera audiencia pública sobre La Guaca. (Foto: Paola Castaño)

Al otro lado de la Guaca

Ahora que comienza el juicio contra los 147 soldados que hace tres años se quedaron con al menos 40 mil millones de pesos enterrados en el Caquetá, se conocen las tristes historias que vinieron con la polémica fortuna.

Andrea Peña
12 de junio de 2006

Desde el 18 de abril de 2003, cuando los militares que patrullaban en el municipio de Coreguaje, en San Vicente del Caguán (Caquetá), encontraron varias caletas con miles de millones de pesos que aparentemente guardaban las Farc en el área de operaciones del Batallón de Contraguerrillas No. 50, no han tenido un solo día de tranquilidad.

Era Semana Santa. Los militares acababan de recuperar el control de la zona de distensión que el presidente Andrés Pastrana había dispuesto para los diálogos de paz con las Farc, cuando el país conoció la insólita noticia: tres oficiales, 15 suboficiales y 129 soldados terminaron involucrados en el famoso caso de La Guaca, sindicados de peculado por apropiación al apoderarse de al menos 40 mil millones de pesos que estaba repartida en pesos colombianos y dólares. (Ver ¿Quién quiere ser millonario?)

Tres años después, comenzó este lunes la etapa de juzgamiento en la base de entrenamiento militar de Tolemaida, en el departamento Tolima. Al aula más grande de la Escuela de Suboficiales, llegaron los 48 soldados presos, vestidos con jeans y camisetas blancas, y se sentaron en el centro del recinto. A lado y lado se ubicaron los abogados defensores, algunos muy jóvenes que parecían debutar en justicia militar, y otros más curtidos, como Carlos Humberto Cetina, quien ha llevado controvertidos casos como el del esmeraldero Víctor Carranza. A última hora llegaron otros dos más que se entregaron a las autoridades.

A las 9 de la mañana, el juez penal militar comenzó a notificarle a cada uno de los sindicados si preferían continuar con los abogados que tenían. “Los soldados son ‘vivos’ porque saben que si tienen un abogado de confianza, pagados por ellos mismos, el juez podría concluir que todavía tienen plata de La Guaca”, dice uno de los defensores de los muchachos, quien asegura que por defender a 8 de ellos ganó cerca de 150 millones de pesos.

Entre abogados de oficio y de confianza, en el recinto había unos 60 defensores. “Por la cantidad de sindicados, este juicio puede durar una, dos semanas, hasta dos meses”, explicó el abogado Cetina. Él, junto con otros colegas, creen que se trata de una acusación absurda de robo.
 
Los juristas insisten en que ese delito, en este caso, no existió. “Los dineros no son de la Nación, no hay ningún doliente de esta plata, nadie ha comprobado que este dinero haya tenido dueño, en consecuencia, no hay peculado. Eso es lo que vamos a alegar”, dice Jacqueline Parra, una de las defensoras de oficio.
 
También aprovecharon el comienzo de la audiencia para hablar de las penurias que han pasado los soldados desde que encontraron la guaca.

“Con mis clientes que están en prisión no tengo problema porque ellos están seguros en la cárcel, pero los que sí tienen riesgo son los reos ausentes. Dicen que a varios soldados los mataron, que muchos de sus familiares fueron engañados por supuestos abogados e investigadores falsos que fueron hasta sus casas a presionar para que devolvieran el dinero”, asegura el abogado Guillermo Ortiz, uno de los defensores. Fueron al menos 40 mil millones de pesos que perdieron las Farc, una suma bastante jugosa por la que los guerrilleros, al parecer, han hecho de todo por recuperarla sin éxito.
 
También denunciaron amenazas que han recibido sus clientes por cuenta de una supuesta persecución por parte de compañeros de los militares y hasta miembros de instituciones del Estado que buscan unos 38 mil millones de pesos que los militares jamás devolvieron.

Los soldados que se presentaron en la audiencia pública hablaron de casos concretos. Varios de ellos aseguran que hace año y medio se los llevaron hasta la Escuela de Caballería en Bogotá, los vistieron de camuflado y los trasladaron en helicóptero hasta el Caquetá, en la vereda donde encontraron La Guaca para la reconstrucción de los hechos. “Muchos de ellos quedaron lesionados”, asegura una de las abogadas que oyó de varios de sus defendidos la misma historia.

Sin embargo, la Fiscal 28 Penal Militar de Brigada negó que la mencionada reconstrucción de los hechos se hubiera realizado, y que en ningún momento ha habido autorización alguna para trasladar a los soldados presos hasta Bogotá para hacer dicha diligencia.  
 
Inseguridad

Pero los muchachos insisten en que ni ellos, ni sus familias están seguras. “Mi mamá vive cerca de Ibagué y me dijeron que allá había llegado gente con uniforme (no sabe si Policía o Ejército) para buscar la plata que decían que yo me había robado", dijo uno de los soldados que permanece en el centro de reclusión de Tolemaida. Esta situación, para el abogado Cetina, es irregular, pues no hay ninguna orden judicial para realizar un allanamiento en ninguna de las casas de los militares.

“Los que corren más peligro son los dos oficiales y el mayor porque fueron ellos los que dieron la orden, y todo el mundo cree que están nadando en plata. Por eso es que el 90 por ciento de los soldados están amenazados. Todo el mundo cree que guardan millones en sus casas, pero eso no es cierto. La plata se les volvió agua, alcanzaron a pagar la defensa y listo, se acabó”, agrega el abogado Ortiz.

Hasta el momento ninguna denuncia sobre estos casos ha sido instaurada ante las autoridades. Los soldados temen que haya represalias contra ellos y prefieren resolver su situación jurídica antes que alborotar más el avispero.

La audiencia se extendió hasta las 5 de la tarde, hora en la que no se terminó de leer la resolución de acusación contra los 147 militares de La Guaca. En medio de un calor sofocante, los asistentes a la audiencia resistieron la lectura de 105 páginas donde había detalles de los testimonios de 47 muchachos. Ahora vienen los interrogatorios para cada uno de ellos y, cuando termine la diligencia, el juez penal tendrá 10 días para emitir su sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria.

Se vienen días largos y definitivos para los soldados de “La Guaca”, como se bautizó el caso, y una vez más, la Justicia Penal Militar se jugará su prestigio en uno de líos más sonados de los últimos años.