Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2006/12/13 00:00

Alarma por el alto número de niños quemados con pólvora durante estos primeros días de diciembre

El presidente de la República, Álvaro Uribe, le ordenó a la Policía redoblar esfuerzos para decomisar la pólvora. El alcalde de Bogotá, Lucho Garzón, mostró su profunda molestia porque en Soacha se vende al público sin ninguna restricción.

En el pabellón de quemados del Hospital Simón Bolívar de Bogotá se recuperan los niños víctimas de la pólvora. (Foto: León Darío Peláez- SEMANA)

El niño Juan*, de 8 años de edad, llega a la central de urgencias de un hospital en Bogotá bañado en lágrimas. Sus condiciones son terribles: le faltan dos dedos de la mano izquierda, tiene los brazos con quemaduras de segundo grado. El cuello y la cara están lastimados porque al explotarle la pólvora, le arrojó fragmentos del material que se le incrustaron. Los médicos corren para desnudarlo y comprobar que jirones de ropa no se le hayan adherido a la piel, aunque casi siempre esto ocurre. Luego empieza a hacerle a las carreras una limpieza con la intención de recuperar y tratar de aliviar un daño que ya es irreparable.

 
Esta escena se vio –con algunas variaciones– en ocho ocasiones en la Noche de las Velitas en Bogotá. Toda una tragedia. Lo que debería ser una jornada de luminosidad y de bellos recuerdos para guardar en la memoria se convierte en una marca trágica para toda la vida.
Por eso, la alarma general y de repudio a esta situación. Sin embargo hay hechos contradictorios. Mientras las dos figuras políticas de mayor peso en el país –el presidente y el alcalde mayor de Bogotá- exigen frenar de inmediato la venta de pólvora, el alcalde de Soacha autoriza su expendio como si esta no fuera una verdadera arma de fuego, en particular contra los niños.
 
Ayer en Soacha una mujer de 36 años quedó ciega luego de sufrir una explosión accidental cuando manipulaba pólvora, según el reporte médico, la lección puede ser definitiva. Pese a este nuevo caso, el alcalde de Soacha, Jesús Ochoa Sánchez, insiste en la autorización del uso de la pólvora en su municipio. Aunque Ochoa se ha negado a entregar declaraciones a la prensa sobre su polémica determinación, sus críticos afirman que para el alcalde son más importantes los ingresos que pagan las empresas que comercializan la pólvora que las vidas que están en riesgo por su cuenta.
 
Además trascendió ahora una modalidad más polémica y riesgosa: la venta de pólvora a domicilio. Esto significa que a través del teléfono, muchas personas llaman para que se les lleve el peligroso material hasta la casa y de esta manera eludir la acción de la justicia.
 
Por eso, el presidente Uribe le ordenó a la Policía Nacional extremar las operaciones orientadas al decomiso de pólvora durante esta temporada navideña. Al manifestar su preocupación por el elevado número de niños quemados con pólvora durante estos primeros días de diciembre, el jefe de Estado dijo que ha solicitado a la Policía un mayor esfuerzo en este sentido. “Le he pedido a la Policía Nacional que dedique todos los esfuerzos a decomisar toda la pólvora”, agregó el presidente, al señalar que las autoridades tienen la orden de buscar afanosamente todos los depósitos de pólvora.

 
Según el Servicio de Noticias del Estado, SNE, además, el presidente Uribe hizo un llamado a los padres de familia para que eviten que sus hijos jueguen con pólvora. “Por favor padres de familia, pongamos todos cuidado, todos los padres de familia del país, para que los niñitos no jueguen con pólvora. Miren lo que nos está pasando”, señaló el jefe de Estado.

Por su parte, el alcalde mayor de Bogotá pidió una movilización general de todos los padres para que ninguno compre pólvora. De paso también exigió a su colega de Soacha frenar la venta porque lo que está haciendo mucha gente es desplazarse hasta allí y adquirir estos peligrosos elementos.

 
Pero según Garzón, la situación de ahora no debe repetirse cada año, por lo que exigió una política nacional para castigar a los gobernadores y alcaldes que no trabajen en la prevención y protección de los menores. “El gobierno central no puede pasar de agache esta discusión. Hay que establecer una normatividad que ponga en cintura a los alcaldes y gobernadores que no asuman el problema”, señaló Garzón.
 
En una línea similar se mostró el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) al anunciar castigos severos para los padres irresponsables cuyos hijos resulten quemados por el uso de pólvora. Los castigos van desde multas económicas y arresto hasta la pérdida de la custodia de los menores. Según la entidad, las medidas incluyen la amonestación, que consiste en un llamado de atención por escrito a los padres del menor que resulte afectado.
 
El SNE recuerda que en este caso, los padres deben firmar un acta en la cual se comprometan a proteger y cuidar la integridad del niño, niña o adolescente, y a no incurrir en actividades que pongan en riesgo la vida o salud de los menores.
 
De acuerdo con el artículo 67 del Código del Menor, la amonestación es una medida conminatoria que implica la aplicación de un castigo si no se cumple lo ordenado o acordado entre los padres de familia o representantes legales del niño y el defensor de familia. El incumplimiento de la amonestación puede acarrear a los infractores una multa de hasta 1.360.000 pesos. En caso de no pagarla se convertiría en arresto.
 
La directora del ICBF, Elvira Forero Hernández, reiteró el llamado a gobernadores, alcaldes y autoridades locales para que ejerzan un control preventivo al uso de juegos pirotécnicos durante la época de Navidad y fin de año, y prohíban la utilización y manipulación de este tipo de artefactos por personas inexpertas. “No queremos ni un niño más quemado en esta Navidad”, dijo la funcionaria, quien también solicitó a la ciudadanía denunciar los casos de menores quemados por pólvora cuyos padres no acudan a los centros hospitalarios para la debida y pronta atención.
 
“También queremos que la comunidad denuncie los sitios donde se vende pólvora de manera clandestina, para ejercer un control social sobre aquellos que atentan contra la vida e integridad de los menores de edad”, dijo la directora del ICBF.
 
Las denuncias se pueden formular utilizando la línea nacional gratuita del ICBF: 01-8000-918080, o por medio de las líneas de emergencia de las autoridades en cada ciudad.

*Nombre cambiado para proteger al menor.

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