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Alejandro Toledo: entre el neoliberalismo y la pared

Protestas obligan a presidente peruano a suspender privatizaciones y replantear su política económica

Carlos Alberto Fuentes*
24 de junio de 2002

La gente se cansó. Se cansó de esperar que las recetas neoliberales de los organismos multilaterales den resultado, que las facilidades otorgadas a la inversión privada y extranjera impliquen la creación de puestos de trabajo de verdad y no pauperizados, se cansó de la sequía económica y de la promesa de una lluvia de riquezas que nunca llegó. Pero, sobre todo, se cansó de políticos que prometen todo con tal de conseguir votos, pero que a la hora de llegar al gobierno hacen lo contrario.

Los platos rotos de esta impaciencia la está pagando hoy el régimen del presidente peruano Alejandro Toledo, que en vísperas de cumplir un año en el gobierno, se ha visto obligado a capitular ante las masivas protestas de los pueblos del sur del país y retroceder en su propósito de seguir privatizando las pocas empresas públicas que quedan en manos del Estado.

Esta situación ha puesto a su gobierno en medio de una crisis política de consecuencias impredecibles, pues, según todos los sondeos de opinión, la desaprobación de la ciudadanía al régimen toledista fluctúa entre el 70 y 80 por ciento.

Al momento de enviar este despacho, el ministro del Interior Fernando Rospigliosi, responsable de la militarización y establecimiento del Estado de Sitio en Arequipa (la principal ciudad del sur peruano), que costó la muerte de dos universitarios y más de un centenar de heridos, presentaba su renuncia.

Paralelamente, los principales grupos de oposición se unían para demandar la dimisión del resto del gabinete ministerial.

La gota que rebalsó el vaso de la paciencia de los peruanos fue la privatización de dos empresas de energía eléctrica llevada a cabo contra viento y marea, adjudicándola al único postor que quedó ?la empresa belga Tractebel- tras el retiro de los demás en medio de la oleada de protestas.

La principal arma de la población para luchar contra la privatización no fueron las barricadas ni fogatas con las que cerraron los accesos a las ciudades, ni la huelga de hambre de sus alcaldes y dirigentes, sino un acta firmada el año pasado por Alejandro Toledo, cuando en su época de candidato recorría cada pueblo del país ofreciendo de todo para todos. En esa acta se comprometió solemnemente, con su firma, a no seguir privatizando si es que lo elegían.

Paradójicamente, Arequipa, la ciudad que hoy lo ha puesto contra la pared y que prácticamente lo obligará a dar un golpe de timón a su política económica, es donde obtuvo la mayor cantidad de votos en su elección.

¿Por qué el sistema económico neoliberal que durante más de 10 años fue aceptado de buena gana por la población, pese a las grandes cuotas de sacrifico que le significaron, dejó de pronto de ser bueno?

La respuesta, ya se dijo, es que pese al tiempo transcurrido desde la instauración de las políticas de libre mercado y de globalización de la economía de inicios de los años 90, lejos de reducir los índices de pobreza y desempleo en el país, lo que han hecho es profundizarlas y hacer más pobres a los pobres.

Dentro de la políticas neoliberales, la privatización de las empresas públicas a las que se consideraba monopólicas, ineficientes, corruptas y burocratizadas, era considerada una de las medidas emblemáticas.

A la población se le vendió la idea de que la privatización y la consiguiente libre competencia implicaría la rebaja de las tarifas públicas, la mejora del servicio y miles de nuevos puestos de trabajo. Por eso es que fue tan entusiastamente recibida.

Pero hoy, 10 años después, la privatización en general es asociada a despidos masivos de trabajadores, a alzas descontroladas de las tarifas públicas y a la pauperización de los puestos de trabajo.

Es verdad que en lo que a eficiencia se refiere, el cambio ha sido notorio. Hoy es posible adquirir un teléfono de un día a otro. Hasta antes de la privatización, podían pasar hasta cinco años sin que una solicitud sea atendida.

Pero en contraposición, la tarifa telefónica que se cobra en el Perú es más cara que la que se paga en Europa. Lo mismo pasa con la energía eléctrica y los intereses que se cobran por los créditos bancarios.

En lo que a la creación de puestos de trabajo se refiere, es verdad que la aparición de nuevas compañías privadas implicó la creación de más puestos de trabajo. Lo malo es que con lo que antes se pagaba a un solo trabajador de las empresas públicas, hoy se subcontrata a cinco sin reconocerles la más mínima posibilidad de acceder a la seguridad social o a los servicios de salud.

Este es, detalles más, detalles menos, un calco de lo que ha pasado con las mismas empresas privatizadas y con las políticas neoliberales en general, en Argentina, Bolivia y Ecuador, por citar solo unos casos. En los casos argentino y ecuatoriano, llevó a la caída de los gobiernos de los presidentes De la Rúa y Mahuad.

Las protestas del sur del Perú han obligado a Toledo a suspender todos los procesos de privatización, en espera de la decisión del Poder Judicial frente al recurso de amparo interpuesto por los frentes de defensa de la población.

¿Podrá en medio de un clima como el descrito, reiniciarse este proceso en algún momento? ¿Cómo quedará la confianza de los inversionistas y los agentes extranjeros en el gobierno? ¿Alguien se animará a postular en futuras privatizaciones bajo estas condiciones? ¿Será que el Perú y América Latina en general se aprestan a volver al péndulo de la historia, dejando el neoliberalismo para retomar a políticas estatistas?

No se trata de explicar mejor la privatización y las políticas neoliberales como sostienen los tecnócratas. Tampoco se trata de asegurar que las urgencias de la caja fiscal obligan a vender "las joyas de la abuela".

Se trata, en definitiva, de entender que el modelo dejó de lado lo que toda política económica debería siempre tener en cuenta: el bienestar y desarrollo de las personas, desterrando el abuso y la marginación.