Alfonso Campo Escobar, primer congresista que admite haberse aliado con los grupos paramilitares

Alfonso Campo Escobar, ex congresista aliado del presidente Álvaro Uribe, cacique político del departamento del Magdalena y preso en la cárcel de La Picota, admitió los vínculos con grupos paramilitares de extrema derecha que la justicia le imputa. Con su decisión, el barón electoral pretende jurídicamente acortar su condena.
 
El ex congresista aceptó tres hechos de extrema gravedad que son: cargos de concierto para delinquir agravado, fraude electoral y constreñimiento al electorado, afirmó un funcionario de la oficina de prensa de la Fiscalía.

Luego en un comunicado, Campo precisó: “Siempre he estado seguro de mi inocencia, y las razones que me motivaron a tomar esta difícil decisión obedecieron solamente a consideraciones de orden familiar y personal”.
 
Para poder acogerse a la sentencia anticipada y a una reducción en su condena, que puede ser de una tercera parte, Campo aceptó los cargos que le imputa la Fiscalía.

“No estoy confesando mi responsabilidad por los delitos imputados ya que nunca los cometí y que tampoco estoy colaborando con la justicia en aras de buscar acuerdos o negociaciones. Eso es falso”, explicó en un malabar semántico para poder eludir los titulares de prensa.
 
También aseguró que decidió acogerse a la sentencia anticipada ya que su caso se había vuelto “político” y no que quería enfrentar una condena prolongada.

El ex congresista, del oficialista Partido Conservador, fue capturado en febrero junto a otros cuatro congresistas por supuestamente utilizar sus relaciones con los grupos paramilitares de extrema derecha para obtener beneficios electorales.

Hasta el momento, las autoridades han ordenado la captura de 14 congresistas por supuestamente asociarse con cabecillas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la confederación de paramilitares del país que negoció un acuerdo de paz con el gobierno de Uribe.

Campo es el primero en aceptar las acusaciones que le formula la justicia.

El ex representante a la Cámara por el departamento de Magdalena, renunció a su escaño para ser juzgado por la Fiscalía y no por la Corte Suprema de Justicia -el único órgano autorizado para investigar y procesar parlamentarios-.

El departamento que representaba fue uno de los bastiones de los paramilitares, quienes son responsables de atroces crímenes contra civiles y narcotráfico.

Ahora, el ex congresista debe esperar la condena de un juez, pero confesar sus delitos lo faculta para recibir una reducción de hasta una tercera parte de la sentencia que dicten en su contra, de acuerdo con la ley.

En la víspera, la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del congresista Oscar Wilches, del departamento de Casanare, por supuestamente aliarse con los grupos paramilitares.

Wilches, quien se entregó el jueves en la Fiscalía, al parecer participó en malos manejos presupuestales en varias alcaldías de ese departamento que eran controladas por los paramilitares. La Corte también abrió investigaciones contra los parlamentarios Luis Carlos Torres y Jairo Fernández Quessep. 

El escándalo por los vínculos de políticos con paramilitares ha sacudido al gobierno de Uribe, quien se ha visto rodeado por las pesquisas. Ultimamente, su primo, el senador Mario Uribe, es objeto de investigación por la Corte Suprema de Justicia en este caso.

Los paramilitares surgieron en la década de 1980 con el apoyo de grandes hacendados asediados por las guerrillas izquierdistas, pero en poco tiempo se sumergieron en el negocio del narcotráfico y cometieron atrocidades contra civiles a los que masacraron y despojaron de sus tierras.