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| 8/8/2004 12:00:00 AM

Algo huele raro

La dudosa actuación del testigo estrella de la Fiscalía, en la investigación por la pérdida de varios kilos de coca en Nariño, podría conducir a una conclusión equivocada.

El pasado viernes 23 de julio la Policía de Ipiales, Nariño, incautó una tractomula en la que los uniformados encontraron un poco más de dos toneladas de droga camuflada en el techo del vehículo. El gigantesco cargamento pertenecía a uno de los capos del norte del Valle. Pero lo que sin duda fue un contundente golpe contra el narcotráfico se ha transformado en un confuso incidente debido a que la Fiscalía afirmó que varios kilos de ese alijo fueron robados. La historia está llena de varios hechos irregulares y extraños que la Fiscalía no sólo no ha logrado aclarar sino en los que ha terminado como protagonista.

Una vez descubierta la droga, la tractomula fue llevada hasta las inmediaciones del comando de Policía en Ipiales. Allí llegaron una fiscal y una procuradora que en compañía del comandante de la Policía local, coronel Antonio López, y otros uniformados comenzaron a sacar y contar la droga. Mientras eso sucedía en Ipiales, en Pasto, a las 9:30 de la mañana de ese viernes, el comandante del Escuadrón Móvil de Carabineros 21 -Emcar-, capitán Jaime García, recibió la orden de partir hacia Ipiales con 15 de sus hombres para colaborar con la seguridad del área en donde se estaba inspeccionando la droga.

El oficial, acompañado también por el comandante del departamento de la Policía de Nariño, coronel Báez, llegó a Ipiales hacia las 11:30 de la mañana. García y los 15 policías que lo acompañaban acordonaron el sitio mientras esperaban que la fiscal, la procuradora y otros uniformados finalizaran el conteo de la droga. Una vez esto ocurrió, la fiscal firmó el acta en la cual oficializó que la droga quedó a disposición de la Fiscalía y determinó llevar el cargamento hacia la ciudad de Pasto en la misma tractomula en la que fue hallada.

El vehículo, escoltado por el auto del coronel López y un camión en el que viajaban García y sus hombres, llegó a la capital de Nariño a las 5:30 de la tarde. La tractomula fue estacionada en el comando de Policía y quedó custodiada por varios uniformados que allí se encontraban. A las 8:30 de la noche llegó al comando la fiscal quinta especializada, Esther del Carmen Sánchez, y le pidió al capitán García abrir la tractomula para contar la droga.

García buscó al coronel López, que tenía las llaves del vehículo. Los dos oficiales llegaron hasta donde estaba la fiscal Sánchez y un representante de la Procuraduría, Luis Álvarez. Una vez contada la droga arrojó un total de 2.050 kilos de cocaína. El coronel López le dijo a la fiscal que él tenía un informe según el cual el conteo de la droga en Ipiales le había dado la cifra de 2.087 kilos. La fiscal firmó un acta en la que dejó constancia de que recibió 2.050 kilos, pero dejó una nota marginal en la que quedó consignada la cifra que dijo el coronel López.

Hacia la una de la mañana del sábado, una vez concluida la diligencia, la fiscal y el procurador hicieron un acta para dejar la droga bajo custodia del capitán García, en el cual especificaron que le entregaron 2.050 kilos. La tractomula quedó cerrada con llave y custodiada por varios policías. A las 6:30 de la mañana de ese sábado García recibió la orden de sacar la droga del camión al patio de armas para hacer una rueda de prensa. La droga fue contada nuevamente y estaban los 2.050 kilos.

Una vez finalizado el acto, el alijo fue introducido a un camión en 82 costales, cada uno con 25 paquetes de coca, para ser llevado hasta la base militar de Chapalito donde sería destruido. García, acompañado por 28 uniformados, llegó al campo de tiro de la base militar en donde estaban acondicionadas 13 canecas metálicas para incinerar la droga. En el lugar lo estaba esperando la fiscal Sánchez, Miriam Canal, representante de la Procuraduría, una perito y un técnico judicial. Los uniformados bajaron los costales con droga del camión y en presencia de los funcionarios los contaron de nuevo. La fiscal firmó un acta en la que dejó constancia de que recibió del capitán García la misma cantidad de droga que le había dejado en custodia (2.050 kilos), y que a partir de ese momento el cargamento quedó bajo su responsabilidad para "dirigir y controlar el procedimiento de incineración".

García y sus hombres se quedaron en el lugar para ayudarle a la fiscal y a la procuradora con la incineración. Hacia la una de la tarde los uniformados comenzaron a arrojar la droga a las canecas, prendidas previamente con kerosene y distribuidas a lo largo de 150 metros. La fiscal y la procuradora se sentaron en un extremo del campo de tiro para ver el procedimiento, acompañadas por dos soldados. Al lugar llegaron más militares a mirar la incineración.

Poco antes de las dos de la tarde apareció en el lugar Jairo Fernando Cabrera, un subintendente de la Sijin de Pasto que dijo, con una cámara de video en sus manos, que había sido enviado para grabar el procedimiento de destrucción. Mientras sus compañeros incineraban la droga, Cabrera comenzó a grabar todo lo que sucedía en el sitio desde diferentes lugares y ángulos. En la grabación de Cabrera se observa cómo los policías queman la droga, la pasividad de los funcionarios judiciales, que no están permanentemente al frente del procedimiento, y a varios soldados que merodean por el lugar en donde está el cargamento.

Al final de la tarde la visibilidad del lugar era bastante escasa y aún faltaban muchos kilos por incinerar. Sin embargo, la fiscal decidió continuar con la quema de la droga. Los últimos paquetes de coca fueron introducidos hacia las 8 de la noche y todo el procedimiento terminó a la una de la mañana del domingo, cuando el perito judicial corroboró que toda la droga arrojada a las canecas había sido consumida.

Algo huele raro

En la mañana del lunes 26 de agosto varios miembros del CTI de la Fiscalía detuvieron en el barrio Potrerillo de Pasto a dos mujeres en desarrollo de una serie de inspecciones judiciales en el sector. Al revisarlas les encontraron que llevaban tres paquetes de cocaína, cada uno de un kilo, marcado con la palabra Durango, la misma marca de la droga del cargamento de coca incautado en Ipiales e incinerado en la base militar. Cuando los investigadores les preguntaron a las mujeres quién les había entregado esa droga confesaron que horas antes se las había dado el subintendente Jairo Fernando Cabrera, el mismo que dos días antes había grabado la incineración de la droga. Tras la confesión las mujeres fueron arrestadas.

En la mañana del día siguiente, martes, los miembros del CTI localizaron a Cabrera, quien fue arrestado tras aceptar que había sustraído la droga del cargamento y entregado los kilos a las mujeres. Ese mismo día también fueron capturados dos soldados del Batallón Boyacá a quienes el CTI les encontró otros 3,5 kilos de coca del mismo cargamento. Según los soldados iban a entregar los 'paquetes' en un barrio del sur.

Cabrera fue llevado por el CTI hasta la sede del comando de policía como sitio inicial de reclusión. Al día siguiente rindió testimonio ante un fiscal especializado de Pasto. El jueves, basado en la confesión de Cabrera, el fiscal ordenó el arresto de nueve policías que estuvieron en la incineración de la droga, entre ellos el capitán García. Los acusaba de haber participado en el robo de más de 100 kilos de droga del cargamento que ayudaron a destruir. La sindicación de la fiscalía desató un escándalo nacional que hizo que el director de la Policía, general Jorge Daniel Castro, destituyera al comandante y al subcomandante de la Policía del departamento de Nariño.

Lo sorprendente del caso es que el escándalo desatado por la denuncia de la Fiscalía, y por el cual fueron arrestados nueve policías, se basó en el cuestionable y poco confiable testimonio de Cabrera.

¿Testigo clave?

Aunque se supone que es un testigo protegido por la Fiscalía, Cabrera apareció la semana pasada públicamente en diferentes medios de comunicación para contar cómo, según él, el capitán García y ocho policías más se robaron la coca. Según la declaración de Cabrera, durante la incineración de la droga notó que el capitán "cuchicheaba" con un agente y miraba de un lado a otro todo el tiempo, porque "me imagino que sabía que estaban sacando la droga". Sin más argumentos o pruebas, el fiscal determinó que ese testimonio era suficiente para ordenar el arresto del oficial.

Según el testimonio de Cabrera, cuando él llegó a grabar al batallón en donde se estaba quemando la droga también vio cómo seis agentes se estaban metiendo los paquetes de droga en sus uniformes. En su indagatoria, mencionó el nombre de varios de los uniformados que dice haber visto, incluido el de un patrullero de apellido Bolaños. Lo curioso es que el patrullero Saulo Bolaños nunca estuvo en el lugar de los hecho ya que llevaba varios días de franquicia. Pese a este contundente hecho, el fiscal que escuchó la declaración de Cabrera también ordenó el arresto de Bolaños.

Cabrera dijo que, a pesar de haber visto cómo sus compañeros se estaban robando la droga, no contó nada en el momento de los hechos por miedo. Lo que nunca cuestionó la Fiscalía es que Cabrera decidió colaborar con la justicia y hablar de la supuesta participación de sus compañeros en el robo sólo después de que fue arrestado por el CTI y cuando las pruebas y los testimonios lo señalaban como el principal responsable. Cuando decidió hablar ya habían pasado cuatro días desde el supuesto robo de droga.

Cuando el escándalo salió a la luz pública la Fiscalía afirmó que se habían perdido 100 kilos del cargamento. Resulta especialmente grave que la cifra oficial haya salido, no por la investigación o por pruebas concretas, sino de la versión de Cabrera, que 'calculó' ante el fiscal que esa fue la cantidad de droga que se pudieron robar.

A pesar de estas y otras inconsistencias, entre el hecho de haber 'delatado' a sus compañeros y afirmar que lo querían matar porque "lo miraron mal en el comando" fue argumento suficiente para que Cabrera no terminara en la cárcel y en cambio terminara incluido en un programa de protección de testigos. Estas y otras graves irregularidades adelantadas por los fiscales de Nariño obligaron en parte al Fiscal General de la Nación a enviar a finales de la semana pasada a dos fiscales de la Unaim de Bogotá para tratar de aclarar realmente qué pasó.
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